Dos hechos retratan la época de vacas flacas por la que pasa Ruta N, entidad que esta semana registró la salida de su cuarto director en poco más de tres años. Cerca de 70 contratistas —de los casi 200 que integran el talento humano de la entidad— se quedaron sin contrato el 31 de marzo pasado, lo que ha llevado a que la oferta de la corporación, en especial la de los nueve centros del Valle del Software hoy abiertos se vea reducida a dos cursos semanales por sede. La causa de lo que ocurre: la pretensión de esta Alcaldía de convertir a la entidad en un operador de la Secretaría de Desarrollo Económico y el vencimiento de la política pública de ciencia, tecnología e innovación.
Para entender lo que pasa en Ruta N hay que ir por partes, pero quizá el 31 de diciembre pasado sea una fecha clave para armar el rompecabezas que hoy tiene a la entidad en el limbo financiero, por lo menos en lo que respecta a las transacciones por parte de la Alcaldía y a la renovación del personal.
Resulta que ese día expiró el Acuerdo 24 de 2012, que reglamentaba, entre otras cosas, las transferencias por concepto de capitalización entre la Alcaldía y la corporación. Los montos hasta entonces eran de libre inversión y eso le permitía a la entidad —pese a los remezones en su junta directiva y el cambio frecuente de directores en este gobierno— mantener cierto margen de autonomía, tal cual se concibió desde su constitución.
Una prórroga permitió que la entidad continuara operando de la misma forma durante 2022, pero la tarea desde entonces se avizoraba: había que actualizar la política pública porque, de lo contrario, la ciudad se quedaría sin el documento rector en materia de ciencia, tecnología e innovación, y Ruta N —hablando en términos prácticos— sin el mecanismo legal que le permitía recibir las transferencias de la administración.
El ajuste de la política no estuvo listo a tiempo y eso resultó en un pulso no menos importante entre Desarrollo Económico y la corporación. EL COLOMBIANO conoció que el despacho le propuso a la entidad inyectarle recursos este año con contratos y convenios, pero desde allí no vieron con buenos ojos la movida: esta los convertiría en ejecutores, simples operadores de la Secretaría, lo que les quitaría todo margen de acción.
Algunas cifras
Aunque los estados financieros de la entidad son todavía sólidos, es pertinente revisar algunos detalles que entregan luces sobre el deterioro en talento humano y relacionamiento que allí se ha venido registrando.
Aunque en ninguna vigencia de esta Alcaldía se han registrado pérdidas, el patrimonio cayó el año pasado en casi $3.000 millones respecto a 2021, pasando de $126,269 millones a $123.499 millones . Los excedentes, en consecuencia, también bajaron en este periodo, pasando de $7.131 millones a $6.227 millones. Estos números no evidencian golpes importantes, afirma Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría Todos por Medellín, pero la letra menuda de los estados financieros sí lo hace.
El año pasado las transferencias de la Alcaldía a Ruta N crecieron: fueron $26.295 millones los que se giraron para temas de inversión, mientras que en 2021 se entregaron $21.217 millones. Pese al aumento de las transferencias e incluso de los ingresos operacionales de la entidad, que en el mismo periodo pasaron de $33.092 millones a $34.942 millones, hubo una caída de 35% en el gasto por sueldos y salarios. Mientras que en 2021 se gastaron $2.265 millones por este rubro, el año pasado el monto se redujo a $1.468 millones.
Ya en el frente de ingresos por venta de servicios, la baja fue más estrepitosa, de casi la mitad: se pasó de $1.722 millones en 2021 a $933 millones en 2022. “La nómina ha bajado: la entidad está perdiendo un talento humano valioso, técnico, que no aguanta más. El presupuesto para este año, que aún no se hace público, otra vez tiene una baja en sueldos y salarios: se proyectan $1.291 millones para esta vigencia”, dice Restrepo.
El panorama, incluso, podría ser menos alentador. Una fuente que conoce de cerca el tejemaneje al interior de la entidad cuenta que en principio Desarrollo Económico habló de girar un monto de $28.000 millones este año: “Ese era el compromiso, porque se sabía que solo teníamos gasolina para sostener al personal hasta el 31 de marzo pasado. Luego de negociar se acordaron $25.000 millones”. Pero con sorpresa se supo en los pasillos de la entidad que, al parecer, el giro solo será de $8.000 millones. ¿Por qué?
Dice la fuente que esa fue la información que circuló esta semana, luego de que la administración diera a conocer el estimado en la caída de las transferencias que EPM le hará este año a la ciudad: se habla de una reducción de $330.000 millones. “La semana pasada, cuando la Alcaldía dijo que las transferencias de EPM iban a caer por la no venta de UNE, se supo: no, ahora van a ser solo $8.000 millones”, afirma la fuente, que precisa que el apretón vendrá desde Desarrollo Económico.
El monto de la transferencia, sin embargo, aún no se ha hecho oficial. Lo que sostiene Restrepo es que la entidad, pese a tener un bajo endeudamiento y haber recibido recursos en las vigencias anteriores, también padece por concepto de arrendamientos. Recordemos que en las oficinas de la sede se venían asentando empresas de diferentes lugares del mundo y, con la pandemia, ese servicio se vio impactado. Si bien otra fuente de la corporación afirma que la recuperación avanza en un 75%, no es secreto que el pulso del alcalde Daniel Quintero con el sector empresarial ha retardado el regreso de algunas firmas.
Esta recuperación lenta, sumada a la dilación en las transferencias de este año por el vencimiento de la política pública, tendría a Ruta N sin flujo de caja. Eso explicaría el recorte temporal de casi la mitad de los contratistas, congelamiento que está impactando negativamente la estrategia bandera de esta administración: la constitución de Medellín, a través de la formación en tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, en un Valle del Software.
Un valle sin software
Las transferencias en cada vigencia, cuentan empleados de Ruta N, han sido un dolor de cabeza. La plata no llega en enero, cuando comienza a correr el calendario, sino cuando cierra el primer trimestre. “El año pasado se pudo hacer la transferencia y los contratistas solo estuvieron como una semana sin contrato. Similar ocurrió en 2021 y 2020. El problema ha sido este año: como no se ha definido el mecanismo para pasar la plata, no se ha podido contratar a todo el equipo”, dice una fuente.
El total de contratistas de la entidad roza los 200 y, en el momento, por lo menos 130 permanecen en funciones. La ausencia de quienes no están la evidencia la exigua programación que hoy ofrecen los nueve centros de software estrenados por la Alcaldía —de 21 prometidos—.
En cada sede (Castilla, Robledo, San Javier, Villa Hermosa, Manrique, Popular, Belén, San Cristóbal y San Antonio de Prado) se están dictando dos formaciones semanales, entre las 2 y 4 de la tarde. Una en Inkscape, un programa de diseño gráfico con énfasis en manufactura avanzada, y otro en identidad de marca para emprendimientos y negocios.
“La baja que tenemos es por la gente a la que no le han renovado. Los recursos que nos llegan por Alcaldía son para proyectos del Valle del Software: toda la programación de los centros, la sensibilización, las rutas del emprendimiento. La oferta sigue, pero no en el mismo porcentaje. Esperamos que de aquí a mayo se pueda normalizar la situación”, agrega la fuente.
Los profesionales que están sin contrato en este momento van desde expertos en tecnología y dinamizadores territoriales hasta sociólogos. También hay bajas en los equipos de comunicaciones. “Pero sin duda, las más afectada es la oferta programática de los centros de software. Contratistas que llevaban mucho tiempo, que eran técnicos, incluso renunciaron por tanta incertidumbre”, sostiene otra fuente.
Voluntades y documentos
Este panorama, al que se suman denuncias de supuesta corrupción en la entidad, retrata lo que en realidad viene ocurriendo según Restrepo: la desinstitucionalización de Ruta N y de otras entidades del conglomerado público. “El objetivo que tenían era convertir a la corporación en un ejecutor de proyectos, de ahí que Desarrollo Económico asumiera el liderazgo en la renovación de la política pública de ciencia, tecnología e innovación”, afirma Restrepo.
El borrador de la política ha crispado los ánimos en varios sectores. Uno es el académico: los rectores de la Corporación Universitaria Lasallista, el Ces, Eafit, la EIA, la Universidad de Medellín, la Nacional, la Pontificia Bolivariana, la UdeA y el ITM expresaron en marzo pasado que el texto no concebía enfoques ni metas medibles. Y que además dejaba sin dientes a Ruta N.
La misma lectura la comparte Juan Pablo Ortega, uno de los fundadores de la corporación y su primer director, quien afirma que la entidad se quedó sin norte por cuenta de los malos manejos de esta administración.
Habla de programas que ya estaban estructurados y que aún no son implementados en este cuatrienio: uno, que proyectaba la formación de 50.000 jóvenes en tecnologías de cuarta generación, y otro que consistía en la instalación de la banda ancha en la ciudad, con cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“El estimado de recursos que recibía Ruta N, entre 2012 y 2021, era de 230 millones de dólares. Era la apuesta más grande en la historia de una ciudad colombiana, y ahora está acompañando procesos valiosos, como emprendimientos de subsistencia, pero no estrategias de innovación. El modelo, luego de lo que ha ocurrido, hay que reconstruirlo”, afirma.
Por el momento, un formalismo que podría sacar de apuros a la entidad es la aprobación de una política pública rigurosa que, a su vez, reglamentará la nueva figura de la ciudad como distrito. Ahora bien, eso es lo que está por verse: el texto del proyecto, al que se le han hecho varios cambios, aún no se conoce.
Afirman desde el Concejo que en la comisión tercera —donde se estudia— se estaría proyectando el primer debate para el viernes próximo. “En una semana se va a votar un acuerdo que la gente desconoce”, expresa la fuente.
