De manera paralela a las conversaciones con los voceros de las estructuras armadas que están en conversaciones desde la cárcel de Itagüí para la posible firma de un acuerdo, el Gobierno Nacional mantendrá una instancia de diálogo con la sociedad civil del Valle de Aburrá con el fin de construir las condiciones necesarias para que la paz en este territorio sea sostenible.
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Ayer justamente, luego de las críticas emanadas de las organizaciones sociales por el aparente abandono del proceso iniciado en junio del año pasado con las bandas de esta parte del país, incluida la llamada “Oficina”, por parte de la instancia nacional, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, estuvo en Medellín en un acto en el que las más de 60 entidades que han apoyado la implementación de la Paz Urbana refrendaron su compromiso.
Al encuentro que se hizo en la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) asistieron también la senadora y jefa de la delegación del presidente Gustavo Petro en estos acercamientos, Isabel Cristina Zuleta, lo mismo que representantes de la Iglesia, de la Mapp-OEA y los concejales Claudia Carrasquilla (Centro Democrático) y José Luis Marín (Pacto Histórico), entre otros.
Además de esta refrendación de compromisos al trazar la hoja de ruta de lo que vendrá hacia adelante en materia de diálogo social, también se pusieron en escena cinco temas de la agenda que marcaría la discusión, que obedece a retos por cumplir para la desactivación de las violencias y el posible tránsito de las personas involucradas en grupos armados hacia la legalidad.
“A esta hoja de ruta se llegó a través de discusiones de la sociedad civil que creó un comité de impulso donde participan cerca de 60 organizaciones sociales. Sobre la marcha entendimos que la mesa socio-jurídica de la cárcel de Itagüí no es un espacio donde se puedan negociar políticas públicas o reformas del Estado o la sociedad, pero la sociedad sí se puede convertir en un interlocutor legítimo frente a la delegación del Gobierno”, explicó el facilitador de Paz Urbana del Gobierno en la región, Jorge Mejía.
El primero de esos puntos se refiere a la elaboración de un diagnóstico de las violencias que aquejan a este territorio y tendría en cuenta a las universidades y centros de pensamientos especializados.
Otro ítem sugiere el establecimiento de barrios de paz, en los cuales se implementarían pilotos de intervención integral. Donde sea necesario también se agilizarían procesos de formalización, habida cuenta que, según datos aportados en el acto, casi el 60% de esta jurisdicción creció mediante modalidades de informalidad.
La iniciativa sería aplicable en sectores vulnerables de Medellín y los otros municipios del área metropolitana, con recursos del Gobierno Nacional y los gobiernos locales.
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De acuerdo con Mejía ya hay por lo menos tres propuestas al respecto: una en la zona nororiental por parte de un conglomerado de organizaciones que gravitan alrededor de la Corporación Convivamos y con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia; otra es en la noroccidental, por la corporación Héroes y Heroínas del Amor, y la Iglesia católica también ha manifestado que estaría interesada.
De alguna manera esto es como una adaptación de los proyectos PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) del ámbito rural al contexto urbano, “un piloto de intervención territorial integral que sirva de evidencia de las bondades del proceso de paz”, según Mejía.
Para la formulación inicial han contado con el concurso del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Vivienda, pero su implementación requiere de una coordinación con los gobiernos locales.
Así mismo, la agenda incluye la dignificación de las víctimas mediante actos de reparación, verdad, memoria y justicia restaurativa.
Un cuarto ítem es el desmonte de las economías ilegales y la generación de nuevas alternativas de ingresos para los habitantes de los sectores populares.
“Hay toda la disposición de la Mesa de Diálogo Socio-Jurídico de Itagüí de meterle el diente en ese tema, para lo cual necesitamos el concurso de los expertos y de la academia”, explicó Mejía.
Y un quinto punto deseable sería la desaparición de las estructuras ilegales, es decir las bandas que actúan en el territorio metropolitano.
En el acto, Diego Herrera, quien habló en representación del Equipo de Impulso del Espacio Autónomo de la Sociedad Civil para la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, le hizo un llamado al Gobierno para que sea el garante de que la participación se dé “de manera activa y eficaz”, y para que las propuestas “sean recogidas e implementadas”.
“Es fundamental que la Oficina del Consejero Comisionado se implique de manera decidida y sin dilaciones en el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, como un componente fundamental de la política de paz total, por lo que esperamos que en este nuevo momento que hoy se anuncia, se responda con mayor dinamismo y eficacia a este proceso, demostrando con hechos, que la paz urbana continúa siendo una prioridad del gobierno nacional”, añadió.
En los actos que hasta ahora se habían efectuado en esta región para promover la Paz Urbana no había estado el comisionado Patiño. Al preguntarle ayer a este sobre las críticas sobre ese respecto contestó: “En este momento le estamos dando mucha prioridad a la conversación con la sociedad civil, pero tampoco hay que desconocer que en algunos casos jefes de esas estructuras urbanas quieren realmente transitar el camino de paz y no se les puede desconocer”.
Al interrogarlo para dónde va el proceso de Medellín, agregó: “Para donde la voluntad de la sociedad de Medellín quiera, y desde luego nosotros podemos ser un apoyo en el entendido de que la vocación de la gente es superar las situaciones de violencia”.
No obstante, aclaró que el Gobierno no le camina mucho a la posibilidad de crear un marco jurídico diferente a las leyes de sometimiento para facilitar la negociación con las bandas.
Por su parte, Amparo Mejía, líder de las Madres de la Candelaria-Línea Fundadora, exigió que las víctimas sean tenidas en cuenta con una vocería directa dentro de la Paz Total, pues son sus hijos y otros familiares los que han caído como producto de la violencia en los barrios y las esquinas.
Hasta ahora el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido un férreo crítico de la negociación del gobierno Petro con los grupos armados, y más en el ámbito local, pero según trascendió este jueves, en una sesión reciente del Consejo Municipal de Paz el mandatario local habría dejado entrever que estaría dispuesto a apoyar la reincorporación de unos 8.000 integrantes de grupos ilegales. “Aquí el problema es que eso solo ocurriría como consecuencia del proceso, porque estos no reconocen como su autoridad legítima al alcalde o al policía, sino a quienes están sentados hoy en la mesa de Itagüí; por eso el proceso tiene que avanzar y creemos que en la medida que eso ocurra será posible una mayor vinculación por parte tanto de la Alcaldía como del empresariado”, recalcó el facilitador Jorge Mejía.
