La firma que fue escogida para construir y operar la cárcel metropolitana del corregimiento de San Cristóbal, en la que se comprometerán recursos por $674.999 millones, viene de afrontar un escándalo en México por su participación en una serie de contratos que habrían desfalcado las arcas públicas de ese país.
En un caso que fue denunciando a comienzos de 2021 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que aseguró que con “contratos leoninos” el estado mexicano estaría costeando un lucrativo negocio en que la reclusión de su población carcelaria estaba siendo cobrada a precios de un “hotel cinco estrellas”, Prodemex fue uno de los privados que tuvo que sentarse a renegociar esos polémicos contratos.
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Esta empresa, uno de los grandes jugadores en el negocio de la infraestructura de ese país, se convertirá en el primer operador privado penitenciario del país, en un proyecto que contempla un plazo de ejecución de 15 años y en el que se comprometieron vigencias futuras hasta 2037 con la promesa de cesar el drama en los centros de reclusión de la ciudad.
Cárcel a precio de hotel
El escándalo por el manejo del sistema penitenciario de México, conocido como el caso Ceferesos, salió a flote en enero de 2021, cuando el gobierno de México aseguró que las arcas de ese país llevaban más de una década “desangrándose” por cuenta de ocho contratos por 276.616 millones de pesos mexicanos que se firmaron en el gobierno de Felipe Calderón, en el que un grupo de privados se había encargado de operar los centros penitenciarios de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila. Dichos contratos, además, fueron entregados a dedo y estructurados durante el periodo del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, que fue declarado culpable por el delito de narcotráfico a comienzos de este año y era requerido por la fiscalía mexicana por su responsabilidad en el caso Ceferesos y también por su presunta participación en un entramado para introducir armamento ilegal a Estados Unidos.
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Según denunció el gobierno mexicano, el diablo de los contratos estaba en que el gobierno había accedido a desembolsar pagos periódicos sin importar la cantidad de presos que estaban internados, volviendo la operación de las cárceles un negocio altamente lucrativo.
“Si se tienen 100 personas se paga lo mismo que si se tuviera 2.000 personas”, dijo entonces la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señalando que el precio promedio por preso había llegado a los 3.913 pesos mexicanos diarios, lo que equivalía a unos 117.406 pesos mexicanos al mes (unos 6.430 dólares a la tasa de cambio de hoy).
Para el gobierno mexicano la cifra fue tan exorbitante que, en paralelo a los proceso contra exfuncionarios, se sentó a renegociar los contratos, logrando que los privados accedieran a una reducción del 15%, evitando pagos hasta por 500 millones de dólares.
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“Se firmaron estos contratos muy favorables para estas empresas y muy malos para la hacienda pública. No hubo licitaciones, fueron adjudicaciones directas, además de que el pago era excesivo, se tenía que hacer habiendo o no habiendo reclusos”, expresó entonces el presidente López Obrador, en una rueda de prensa en la que informó que Prodemex era beneficiario de dos de esos contratos.
Además del caso Ceferesos, el nombre de esa firma mexicana también apareció en la prensa en 2014 por ser uno de los integrantes del consorcio liderado por la firma china Railway Construction Limited, que iba a quedarse con el tren de alta velocidad entre México y Querétaro. La entrega de ese contrato se frenó cuando se conoció que la esposa del expresidente Enrique Peña Nieto compró una mansión de 7 millones de dólares al Grupo Higa (que a su vez tenía participación en otro de los integrantes de ese mismo consorcio), en el escándalo que se conoció como la Casa Blanca.
En el caso de la licitación en Medellín, que fue abierta el 18 de julio de 2023, Prodemex terminó siendo escogida dos meses después tras ser la única empresa que presentó una oferta por el millonario contrato. Luego de la adjudicación, la dicha firma tendrá un plazo de dos años para finalizar los diseños y empezar con la construcción del penal, que proyecta una capacidad para albergar a 1.339 internos en calidad de sindicados y promete terminar con el hacinamiento.
