María Cristina Cuéllar no tenía previsto volver al centro de la opinión pública. En 2014, su nombre apareció entre los condenados por un millonario desfalco en el Cauca. Hoy vuelve a los titulares, esta vez por haberle asestado la estocada final a la transmisión de los consejos de ministros del presidente Gustavo Petro.
La mujer, ahora dedicada a las labores del campo, acudió al Consejo de Estado alegando que el presidente vulneró su derecho a la información al ocupar los canales privados con la transmisión de los consejos de ministros.
Contó que, tras una larga jornada en su finca, ubicada en el municipio de Darién, cerca al lago Calima, en el Valle del Cauca, esperaba poder relajarse frente al televisor. Sin embargo, en lugar de disfrutar la programación habitual, se encontró con que todos los canales estaban transmitiendo la reunión del gabinete ministerial.
En su demanda, resaltó su condición como mujer del campo, sin acceso a televisión por suscripción, con señal limitada y dependiente de los canales públicos para informarse. Señaló que, en su entorno, alejado de los centros urbanos, las noticias son su principal vínculo con el país, y estas fueron interrumpidas por el presidente.
“El 4 de febrero de 2025, cuando se disponía a ver televisión con su esposo, luego de una ardua jornada de trabajo, vio que, en los diferentes canales, se transmitía el Consejo de Ministros encabezado por el Presidente de la República, el cual tan solo se interrumpió a las 8:00 p. m., cuando comenzó la transmisión de un partido de fútbol”, se lee en la tutela.
Le puede interesar: Petro responde a tutela por usar horario de canales privados para el Consejo de Ministros: “linchamiento al presidente”
Añadió que “ante esa situación, intentó buscar una programación distinta en otros canales, pero encontró que en todos ellos estaba el Consejo de Ministros. Por eso manifestó que no pudo ver lo que libremente deseaba”.
Al estudiar el caso, el Consejo de Estado le dio la razón y, en consecuencia, ordenó al mandatario abstenerse de seguir usando los canales privados para sus transmisiones y respetar el derecho a la información de María Cristina y su esposo.
“La Sala ordenará al Presidente de la República, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y a la CRC que no se reincida en la conducta vulneradora del derecho a la información y, por lo tanto, en términos generales, no se transmitan más los consejos de ministros a través de canales privados de televisión, del canal Uno, ni en los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, en la medida en que vulneró y podría seguir vulnerando el derecho fundamental a la información de María Cristina Cuéllar Cárdenas”, se lee en el fallo.
Pero, ¿quién es María Cristina Cuéllar?
Es abogada laboralista, casada con otro abogado. Desde que ocurrió la pandemia, se fueron a vivir lejos de la ciudad de Cali y encontraron su lugar en una finca aislada. Compraron gallinas, patos, vacas y otros animales con los que pasan el día desde antes de que aparezca el sol. Gracias a la virtualidad, siguen ejerciendo su profesión: asisten a audiencias remotas y atienden a sus clientes de manera virtual.
En 2014, cuando fungía como asesora jurídica y contable de la liquidada compañía Molinos del Cauca, fue hallada responsable de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, por alterar los estados financieros de la empresa ante la Superintendencia de Sociedades.
En este caso, según la Fiscalía, María Cristina, junto a Arnaldo Tascón, presentó ante la Supersociedades información falsa para facilitar la obtención de créditos con diferentes entidades bancarias, logrando desembolsos cercanos a los 110.000 millones de pesos.
“El 30 de junio de 2005, presentaron estados financieros falsos, logrando con ello que esta entidad los acogiera a la promoción y acuerdos de reestructuración en los términos y finalidades de la Ley 550 de 1999, a sabiendas de que ya se encontraban en causal de liquidación”, señaló en su momento la Fiscalía.
La condena en su contra fue de nueve años, tiempo que ya cumplió, y en la actualidad sigue ejerciendo sus funciones como defensora de trabajadores.
Siga leyendo: Contratos a familiares de David Racero y otros altos funcionarios son una constante en el Gobierno Petro
