Los falsos positivos que se presentaron entre 2002 y 2003 en el marco de la Operación Orión de la comuna 13 (San Javier), de Medellín, deberían ser incluidos en la lista de patrones macrocriminales, debido a su modalidad sistemática empleada por parte de agentes de la fuerza pública. Así se lo pidió la Procuraduría General de la Nación a la Justicia Especial para la Paz (JEP).
El argumento esgrimido para esta solicitud por parte del Ministerio Público se sustenta en que durante este periodo se registraron 26 casos en este sector del occidente de Medellín, los cuales no están clasificados en el registro oficial al no haberse tenido en cuenta la forma sistemática en la que se presentaron, lo cual ha dificultado el proceso judicial de quienes serían los responsables.
“Existe una necesidad de que la magistratura entre a investigar, y de ser procedente, determinar la correspondiente imputación a los comparecientes que cumplan los requisitos para una máxima responsabilidad o participación determinante, con base en el patrón urbano de macrocriminalidad”, señala el documento presentado por la Procuraduría a la JEP.
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El procurador delegado ante este tribunal, Jairo Acosta, señaló que los homicidios cometidos por tropas del Ejército tuvieron la forma sistemática de características de ejecución y tipo de las víctimas utilizadas para ser asesinadas y posteriormente ser presentadas como muertos en el combate que se libraba en este sector de la ciudad.
“Este despliegue operacional concluyó en once acciones en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá durante el año 2002, las cuales se vieron acompañadas por serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contrainsurgentes en alianza con grupos paramilitares”, señaló Acosta.
Además, se tuvo en cuenta que en los casos ocurridos entre 2002 y 2003, durante esta operación militar, se concentraron los casos de ejecuciones extrajudiciales en este territorio, situación que no habría sido tenida en cuenta anteriormente por la JEP.
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Sumado a esta solicitud de la Procuraduría, también se pidió adoptar medidas urgentes para atender a las mujeres víctimas con enfoque de género y de manera prioritaria para identificar casos de violencia de género, además de garantizar la participación de víctimas con acreditación tardía. Adicionalmente hizo el llamado para prevenir los traslados fragmentados de información al momento de hacer las versiones voluntarias.
