Tras conocerse que la Alcaldía de Medellín no se declarará impedida para decidir en segunda instancia sobre la sanción al técnico del Atlético Nacional, Efraín Juárez, se presentó un recurso legal que solicita que el secretario de Seguridad, Manuel Villa, dé un paso al costado en este caso, que ha llamado la atención de la prensa nacional.
Juárez fue penalizado con tres años sin ingreso a los estadios de Colombia y una multa de 26 millones de pesos. Este castigo fue debido a una celebración realizada en la final de la Copa Colombia al vencer en la serie global 2-1 a Independiente Medellín.
Le puede interesar: Líos judiciales del personero auxiliar de Medellín: le aplazaron audiencia de imputación porque tenía otra de juicio oral
La recusación se fundamenta en la opinión expresada en X por el alcalde Federico Gutiérrez, que calificó de “desproporcionada” la sanción impuesta en primera instancia por una inspectora, la cual determinó que Juárez debería estar ausente de todos los estadios del país durante 36 meses y pagar una multa de 26 millones de pesos. En el recurso, se argumenta que la intervención del alcalde vicia la imparcialidad de la decisión porque su postura podría influir en la actuación de Villa, que es su subordinado.
Siga leyendo: Perjudicaron a Juárez y se compadecieron con Cardona: las nuevas decisiones de la Dimayor contra Atlético Nacional
Los inspectores de Medellín Álvaro Ossa Arboleda, Carlos Alberto Jaramillo y Marcela Carrasquilla, radicaron el recurso. En este documento se cita el trino del alcalde Gutiérrez en el que expresó su desacuerdo con la sanción impuesta al técnico mexicano: “Absurdo. No estoy de acuerdo con la decisión en primera instancia de un funcionario que sanciona al técnico del Nacional con 3 años sin poder ingresar al Estadio. A la inspectora que toma esta equivocada decisión, solo le faltó expulsarlo de la ciudad. Me parece una medida contraproducente y desproporcionada.”
El recurso solicita que el caso sea remitido a la autoridad judicial administrativa o al procurador regional asignado ad hoc. La petición insiste en que se debe nombrar a un servidor imparcial y objetivo para garantizar la transparencia en el análisis técnico y jurídico de la resolución.
