“Los perfiles no fueron creados objetivamente de acuerdo con la necesidad de la Entidad sino subjetivamente conforme a las personas que se pretendía nombrar. Se evidenció posible conflicto de intereses en los nombramientos para proveer las plazas”, agregó Palacio.
Entre esas 25 personas quedaron dos cercanas de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero; la madrastra del exsecretario Esteban Restrepo; gente de la cuerda del exalcalde encargado Óscar Hurtado; la esposa del exgerente de Metroparques y la mamá de una concejal de Itagüí de estirpe trujillista.
Una de las presuntas irregularidades que hasta ahora no había salido a la luz tiene que ver con unos convenios interadministrativos entre el Área Metropolitana y la Secretaría de la No Violencia cuando Juan Carlos Upegui (cuñado y candidato de Quintero a las pasadas elecciones) era el encargado de esa dependencia.
Según denunció la directora, el valor de estos dos convenios es de $1.500 millones con el propósito de ejecutar actividades logísticas que luego fueron tercerizadas con Plaza Mayor y Metroparques. Palacio asegura que no hay soportes que den cuenta de cómo se ejecutó esa plata.
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Asimismo, la directora se quejó de que la pasada administración de Juan David Palacio le entregó información falsa o engañosa sobre los indicadores de la gestión. Según dijo, de los 80 indicadores del plan de gestión de la entidad, 52 no cuentan con los soportes y evidencias que permitan verificar su cumplimiento. Por ejemplo, la pasada dirección dijo que había cumplido con el 100% de los corredores para la movilidad activa (ciclorrutas). Sin embargo, de los 28,5 km que se habían establecido como meta, solo se entregaron 5,46 km, es decir, el 19,16%. Lo mismo ocurrió con el indicador de kilómetros de vías construidos o mejorados en el Valle de Aburrá. La pasada administración dijo que había cumplido el 100%, cuando de los 25 km que prometió solo hizo o mejoró 8,86, el 35,44%.
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Por otro lado, Palacio alertó que cuando recibió la entidad en los primeros días de enero se encontró con que varios de los contratos que eran vitales para el funcionamiento de la entidad se habían vencido el 31 de diciembre pasado y no se habían prorrogado como lo establece la ley, con el objetivo de no detener el funcionamiento del Estado. Entre esos contratos que dejaron vencidos están por ejemplo el servicio de internet y de telefonía de la entidad, el transporte para los funcionarios, la gasolina para los carros y las guadañadoras de la entidad y hasta el servicio de vigilancia del Área Metropolitana.
Al parecer, los problemas financieros del Área durante la pasada administración fueron graves, pues no solo no dejaron contratado lo anteriormente mencionado sino que tampoco cumplieron sus obligaciones con el Ferrocarril de Antioquia durante 2022 y 2023.
Como no dieron la parte que les tocaba para el proyecto del Tren del Río, este año la entidad tendrá que girar $1.572 millones para que este proyecto, clave para el desarrollo no solo del área metropolitana sino de todo el departamento, pueda seguir adelante.
Como su fuera poco, la pasada administración no dejó recursos presupuestados para terminar algunas obras que quedaron empezadas en los municipios, como la ampliación de la carrera 43 (Avenida de El Poblado) en Sabaneta, donde se necesitan $25.000 millones, o para la nueva sede administrativa de Envigado, donde faltan más de $50.000 millones y para el parque de Artes y Oficios de Bello, donde se requiere una inversión cercana a los $30.000 millones. De manera que el hueco que hay que tapar para que estas obras ya iniciadas no terminen en elefantes blancos es de casi $100.000 millones.
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Además, la transparencia en la contratación de la entidad durante el pasado cuatrienio deja mucho que desear. Palacio denunció que la pasada dirección pudo haber incurrido en una celebración indebida de contratos con la empresa Arca por valor de $3.437 millones, para los cuales la compañía debía aportar el 30%. Sin embargo, dice Palacio, no hay soportes ni constancias en la entidad que demuestren de qué forma se recibieron esos recursos, que ascienden a $1.489 millones, ni cómo se gastaron.
Algo similar habría ocurrido con un convenio con la fundación Tenarco por $1.926 millones, donde la fundación debía aportar $578 millones. ¿Dónde está esa plata? Es la pregunta que se hace la actual administración. Palacio anunció que este caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes.
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Palacio aseguró que también están en manos de las autoridades las pruebas que indicarían que durante el pasado cuatrienio hubo un carrusel de contratistas con Metroparques, pues entre ambas entidades se firmaron acuerdos por más de $20.000 millones que luego fueron entregados a empresas sin la idoneidad ni la experiencia. Asimismo, la directora asegura que revisando la contratación de la entidad entre 2020 y 2022 encontró que más de $32.000 millones fueron entregados a entidades sin ánimo de lucro que presuntamente habrían inflado los costos para sacar más provecho de los recursos públicos.
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Finalmente, la directora puso en conocimiento dos acciones de la pasada administración que generan dudas sobre la transparencia de esta en cuanto al cumplimiento de sus funciones y de la ley.
La primera es que cuando Palacio llegó a la entidad se encontró que tres computadores habían sido formateados: el de la dirección general, el de la asistente de la dirección general y el de contratación. ¿Qué querían borrar?, cuestionó la directora. Además la eliminación de la información de estos computadores no fue hecha por el equipo de tecnología de la entidad sino por un contratista externo, según denunció Palacio.
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Además, la directora señaló que en un recorrido realizado por su equipo directivo el pasado 19 de enero en las instalaciones de la entidad se dieron cuenta que en el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad había una cámara que no funcionaba desde diciembre del año pasado y es la del archivo de la entidad.
Finalmente, Palacio aseguró que con su equipo están colaborando con las investigaciones de los organismos de control en estos y en otros hechos de presunta corrupción del conglomerado público de Medellín que ya han sido denunciados en el pasado.
