La ‘operación avispa’ que montó la Alcaldía para lograr la aprobación de más plata de EPM no surtió efecto este martes en el Concejo. El primer debate al pedido de $330.000 millones se suspendió abruptamente en medio de un despelote que incluyó gritos, puños sobre escritorios, dardos entre concejales, además de un pedido de recusación de última hora en contra del concejal Lucas Cañas, coordinador de ponentes del proyecto.
La discusión comenzó sobre las 4 de la tarde con un ambiente poco favorable: gritos y arengas en contra de la iniciativa vinieron muy temprano desde las gradas del recinto, entorpeciendo la sesión. Pese a esto, luego de revisar el quórum y de votar positivo el orden del día, el debate avanzó de manera conjunta en las comisiones Primera y Segunda, de las que hacen parte 14 concejales.
La suspensión vino después, luego de una intervención del concejal Alfredo Ramos para votar negativo el informe de ponencia que ya los concejales conocían. En medio de este pedido, el concejal Julio González solicitó la palabra y en principio no le fue concedida. Una vez se aprobó no leer el informe de ponencia, la pidió de nuevo y la presidenta de la Comisión Segunda, Lina García, se la concedió.
Salido de sus cabales e incluso con puños sobre la mesa, González afirmó que no era una cortesía de la presidenta de la comisión otorgarle la palabra -así lo expresó García previamente-. Alegó que era un derecho por su calidad de concejal, que así lo concibe el reglamento de la corporación y que su acceso a la palabra no dependía del agrado o desagrado de García. Recordemos que ambos integraron la bancada del Centro Democrático y partieron cobijas, quedando en malos términos, luego de la elección de la mesa directiva que rigió el año pasado.
El tono de González subió y esto repercutió de inmediato en las barras, que estuvieron nutridas por ciudadanos y líderes de oposición y no, como ha sido frecuente, por contratistas de la administración de Daniel Quintero -pudo influir la marcha en contra del Gobierno de Gustavo Petro, que tuvo afluencia masiva en Medellín-.
Los dardos de González en contra de García acaloraron por completo el ambiente y en medio de un despelote -calificado por muchos como vergonzoso- la presidenta de la Comisión Segunda levantó la sesión. García tomó la decisión en cuestión de segundos. Y en el mismo lapso ella y el resto de concejales desocuparon el recinto. No hubo claridades de ningún tipo: ni de cuándo se reanudará la sesión ni de la recusación que, en paralelo, recibió el concejal Cañas.
Pidieron recusar a Lucas Cañas
El recurso en mención, que fue interpuesto por el ciudadano Sebastián Acosta Moncada, se conoció a última hora y de haberse discutido ayer habría embolatado el debate porque Cañas es coordinador de ponentes e integrante de la Comisión Segunda.
Aunque la recusación la votan los mismos concejales, requiere de estudio por sus implicaciones jurídicas y, en caso de resultar positiva, apartaría a Cañas de la coordinación de la ponencia. La recusación interpuesta en contra del concejal se fundamenta en un posible conflicto de interés porque su padre, Gerardo de Jesús Cañas Jiménez, hace parte del negocio energético, renglón primario en las actividades comerciales de EPM.
El padre de Cañas actúa como representante legal de la sociedad Grupo Global de Energía S.A.S y eso, según Acosta, lo pondría en un evidente conflicto de influencias para liderar la exposición y votar el proyecto.
Así las cosas, además de un nuevo calendario que deberá fijar la presidenta de la Comisión Segunda, habrá que esperar a la votación de la recusación que en pasadas ocasiones había dejado a Cañas por fuera de decisiones claves para la administración Quintero, como el proyecto que buscaba aprobar la venta de las acciones que EPM tiene en UNE.
Además, las cuentas siguen enredadas para la Alcaldía. Aunque desde allí se montó una ‘operación avispa’, que consistió en desagregar el proyecto en 39 artículos para votar la aprobación de la plata según programas y secretarías, votos que serían decisivos como el de los concejales Carlos Ríos, Dora Saldarriaga y Simón Pérez no están resueltos todavía.
Justo este último renunció previo al debate de este martes al grupo de ponentes de la iniciativa. Tildó como falta de respeto que Cañas no lo haya convocado a él y al concejal Luis Carlos Hernández -también ponente- en la formulación de ajustes a la ponencia. Por ese motivo, y porque aún se piden $330.000 millones y no hay claridad en la ejecución de los despachos que piden la plata, el concejal se distancia cada vez más de votar positivo alguno de los artículos. Y la administración, pese a varios enviones, tiene el tiempo en contra.
