Dos de los tres miembros independientes que ayer fueron nombrados por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la junta directiva del Metro de Medellín han firmado millonarios contratos con la Alcaldía de Medellín este año.
Mientras uno de ellos es contratista activo de la Secretaría Privada de la Alcaldía y ha recibido contratos por más de $223 millones este año, otro es el representante legal de la misma firma que se quedó con un controvertido contrato de pavimentación en el que la Secretaría de Infraestructura comprometió más de $65.000 millones a mediados de este año.
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En medio de las tensiones que durante este periodo han marcado la relación entre el Metro y la Alcaldía de Medellín, el aterrizaje de esos integrantes le dará margen de acción a las iniciativas que lleve el alcalde Daniel Quintero porque con sus dos puestos en la junta hará mayoría de cinco en una mesa de nueve miembros. Y es que aunque en sus estatutos el Metro busca tener diferentes sectores que garanticen el rigor técnico de la entidad –permitiendo que converjan la Alcaldía, la Gobernación y la Nación– por lo menos hasta el 31 de diciembre todo parece inclinado a la órbita del alcalde Quintero.
Los nuevos miembros
Tal como se lee en los estatutos de la empresa, la junta directiva del Metro está compuesta por nueve miembros con sus respectivos suplentes, de los cuales cinco son nombrados desde Bogotá y los cuatro restantes se dividen entre la Alcaldía y la Gobernación (el alcalde, el gobernador y sus respectivos directores de Planeación).
De los cinco miembros aportados por la Nación, tres son miembros independientes y otros dos corresponden a representantes del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, como resultado del convenio de cofinanciación del Metro de la 80.
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En un decreto expedido el pasado 22 de septiembre por el Ministerio de Transporte, que aparece firmado por la viceministra de Infraestructura encargada María Constanza García Alicastro, la Nación decidió designar a Juan Carlos Tafur Hernández, Sebastián Hinestroza Arango y Mary Luz Escobar Rivera como sus tres miembros independientes. Como miembros suplentes de estas tres sillas, fueron designados Martha Constanza Coronado Fajardo, Sergio Rafael Fidel Pabón Lozano y William Yesid Cifuentes Villamil.
Al revisar los registros de estos nuevos tres miembros independientes principales, dos de ellos arrojan millonarios contratos firmados con la Alcaldía de Medellín este año.
El primero de la lista es Juan Carlos Tafur Hernández, quien en Bogotá es reconocido como el presidente de la fábrica de cerveza artesanal Mela’s Craft Beer. En su hoja de vida, también aparece reseñado como economista de la Universidad Santo Tomás (2002) y magíster en Planificación y administración del desarrollo regional en la Universidad de los Andes (2005). Pese a tener la mayor parte de su vida en Bogotá, el nombre de Tafur apareció este año en los sistemas de contratación de la Alcaldía, recibiendo cuatro contratos por $223 millones con el conglomerado público de Medellín, uno de ellos todavía en ejecución.
Mientras dos de ellos, que suman $97 millones, fueron firmados con la Corporación Ruta N, otros dos fueron firmados con la Secretaría Privada de la Alcaldía, a cargo del secretario Juan David Duque; este último funcionario recientemente bajo el escrutinio público por ser el responsable del manejo de la caja menor del despacho del Alcalde.
En el caso de esta última dependencia, Tafur fue contratado de forma directa para impartir cursos sobre “gobierno corporativo y conflicto de interés” a “directivos, servidores y personal en general de las entidades que conforman el Conglomerado de Medellín”, recibiendo pagos mensuales por más de $11 millones.
El contrato más reciente, que fue firmado con ese mismo objeto el pasado 1 de agosto, está en ejecución y tiene un plazo de cuatro meses que culminarían el 30 de diciembre.
El segundo miembro de la lista es Sebastián Hinestroza Arango, que en el Registro Único Empresarial (RUES) aparece como el representante legal de Megaproyecto Vial Siglo XXI. Esta compañía, que registra principalmente experiencia en el departamento de Córdoba y su capital Montería, recientemente también estuvo bajo el escrutinio público por ser la misma que recibió un millonario contrato de pavimentación de la Secretaría de Infraestructura para el mejoramiento de la malla vial.
Cabe recordar que dicho contrato, en el que se comprometieron recursos $65.026 millones, primero fue adjudicado al Consorcio Construcciones C 2023, también en medio de alertas por varios aplazamientos y por un concepto emitido por la Alcaldía que sacó del camino a uno de los oferentes más opcionados.
Tras la firma, y sin siquiera haber comenzado los trabajos, dicho consorcio decidió bajarse del contrato y postuló a Megaproyecto Vial para encargarse de las obras, argumentando primero estar avanzando en otro proceso que coparía su capacidad y luego aduciendo no tener una planta de pavimentos para responder.
Finalmente, como parte de un consorcio en el que tiene el 70% de la participación, Megaproyecto Vial se quedó con el contrato con el aval de la Secretaría de Infraestructura.
Tanto en el caso de Tafur como en el de Hinestroza, la pregunta que queda sobre la mesa es por qué el gobierno nacional decidió jugarse su representación en el Metro con contratistas activos de la Alcaldía, poniendo en tela de juicio su independencia.
EL COLOMBIANO buscó ayer a ambos contratistas. En el caso de Tafur, este diario logró establecer contacto telefónico. En una primera llamada, este dijo estar en una reunión, por lo que no podía atender. Horas más tarde, no volvió a responder y tampoco contestó un cuestionario escrito que le fue enviado a través de Whatsapp. Asimismo, este diario se comunicó varias veces con el número fijo de la empresa Megaproyecto Vial Siglo XXI, y tampoco obtuvo respuesta.
