¿Estamos preparados para recibir una nueva ola migratoria de venezolanos si no se restablece la democracia prontamente en ese país? Es la pregunta que se están haciendo buena parte de los mandatarios y los habitantes del resto de países de América Latina, pero especialmente en Colombia y en Medellín, donde viven actualmente unos 240.000 venezolanos.
Para entender la magnitud de ese número, que ya representa cerca del 10% de la población de la capital antioqueña, se puede decir por ejemplo que en Medellín hay más venezolanos que en Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay juntos.
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De esos 240.000 migrantes que hay actualmente en la ciudad, cerca del 70% ya tienen regularizada su permanencia en el país a través del permiso temporal de protección, que les permite trabajar, estudiar y acceder al sistema de salud y seguridad social en cualquier parte del país e incluso abrir una cuenta bancaria.
Sin embargo, en Medellín, las puertas al sistema educativo en primaria y secundaria han estado abiertas para todos los migrantes así tengan o no un permiso de permanencia en el país. En la ciudad actualmente hay más de 35.000 niñas, niños y adolescentes inscritos en las instituciones públicas y de ellos hay cerca de 12.000 que no han regularizado su situación. En 2020, la cifra de migrantes en el sistema educativo era de 23.800, lo que significa que en cuatro años la cobertura para esta población ha aumentado un 47%.
Además, la población migrante ha podido acceder a otros programas sociales como Buen Comienzo, donde cerca de 4.000 niñas y niños entre los 0 y 5 años son atendidos en los centros y jardines infantiles, y más de 800 madres gestantes y lactantes se benefician cada año de la modalidad familiar del mismo programa.
En salud, la ciudad también ha hecho un esfuerzo importante, pues aunque en el caso de las personas no regularizadas (que son cerca de 70.000) solo está en la obligación de atenderlas en casos de urgencias médicas, estas también han podido acceder a atenciones de primer nivel de complejidad o a consultas para enfermedades altamente transmisibles y crónicas. Hasta hace un año, de los 240.000 migrantes venezolanos, menos de la mitad, el 48,1% estaba afiliado al sistema de salud.
Esto sumado a una oferta institucional que incluye, entre otras cosas, los centros del valle del software, la oficina pública de empleo y el programa Medellín Solidaria para la superación de la pobreza.
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No obstante, todos estos servicios públicos hacen parte de la oferta que hay para el resto de habitantes. En cuanto a programas y servicios pensados especialmente para atender a los migrantes, la oferta parece corta ante tan enorme población: hay un centro de atención a los migrantes, Intégrate, que se abrió en el 2022 con financiación internacional de la oficina de las Naciones Unidas para los refugiados, Acnur, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Oficina de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, Usaid. Además, hay una línea especial en el 123 para población migrante donde se hacen más de 30.000 atenciones al año.
Durante su primer año de operación, el centro Intégrate, ubicado en el centro de la ciudad, orientó a más de 7.000 personas en áreas de empleabilidad, educación, emprendimiento, salud, acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica. En dos años, el programa ha atendido a 14.000 personas. Si alguien busca la palabra “migrante” en el plan de desarrollo de la alcaldía de Federico Gutiérrez sale solo este proyecto con indicador pensado especialmente para esta población que es el 10% del total de los habitantes de la ciudad, que dicho sea de paso, no es exclusivo de Medellín sino que están a nivel nacional en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta y Riohacha.
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Nuevamente para poner en contexto la magnitud de la población migrante en la ciudad: en Medellín hay aproximadamente 242.000 personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y para estas hay aproximadamente una decena de programas con indicador en el plan de desarrollo.
De acuerdo a este plan, la meta es que durante este cuatrienio en ese centro se presten 30.000 atenciones en el centro Intégrate, que es prácticamente el mismo número de atenciones que hay actualmente, y para eso asignó un presupuesto de $3.000 millones.
De allí que muchos, entre ellos Arles Perea, de la Corporación colonia venezolana en Colombia, crean que ni el país ni Medellín están preparados para una eventual nueva ola migratoria que podría ser de entre dos y tres millones de migrantes que, en buena medida, estarán en la ciudad así sea de paso y que además llegarán en situación de irregularidad.
En la última década cerca de ocho millones de venezolanos salieron de su país. De esos, casi el 3% se quedaron en Medellín. Si esa proporción se mantiene, en un escenario conservador donde se produzca una nueva diáspora de dos millones de personas, a la ciudad estarían llegando cerca de 60.000 nuevas personas, la mayoría de ellas en condición de vulnerabilidad.
Perea asegura que cada vez hay menos presupuesto de cooperación internacional que es el brazo de donde principalmente se apoyan las alcaldías para tener programas enfocados en la población migrante. Además dice que esa oferta “se concentró en la población regular, pero con esta ola se viene mucha población irregular. Para recibir una nueva ola tendrían que invertir casi el doble de lo que han invertido en los últimos años”.
Por ejemplo, uno de los programas que había ayudado a cerca de 9.000 venezolanos en el último año era un auxilio habitacional que empezó en la pandemia y que terminó este año. Allí, la alcaldía les ofrecía algún lugar de paso durante tres o cuatro meses a las familias (no solo migrantes) que no tenían dónde vivir, especialmente aquellas que contaban con niños pequeños y madres cabeza de familia.
Sobre las razones para terminar este programa, la secretaria de Inclusión Social y Familia, Sandra Sánchez, asegura que era un programa que desde su concepción estaba previsto que fuera temporal y que el “acompañamiento y la atención de la población migrante en el distrito no se fundamenta en la entrega de un auxilio habitacional sino que es algo más integral”.
Al ser preguntada sobre si la ciudad prevé una nueva ola migratoria y cómo se está preparando para ella, la secretaria de Inclusión Social y Familia, Sandra Sánchez, respondió que “todos los problemas sociales, políticos y económicos en los países vecinos pueden generar flujos migratorios. En este orden de ideas, el seguir avanzando en oportunidades desde lo público, lo privado y la cooperación internacional se hace clave, con el fin de que quienes tomen la decisión de permanencia en nuestra ciudad, puedan incorporarse en los procesos, sobre todo cuando hay niños e implique temas de educación y salud”.
Finalmente, en el presupuesto del distrito para este año quedó un rubro de $1.480 millones para el “diseño e implementación de los política pública para migrantes en el municipio”, algo que ya en el último tramo del año parece todavía en borrador. “Hoy nos encontramos en su fase de desarrollo para ser presentada en el Concejo de Medellín para su discusión y aprobación”, informó la secretaria Sánchez.
