Superado el debate de la venta de las acciones de EPM en UNE, que agitó levemente las aguas en las últimas sesiones extraordinarias del periodo pasado, todo parece volver a la pacífica normalidad en la que, en las palabras de Gutiérrez hoy en el recinto, “el Concejo ha dado las herramientas y nosotros debemos usarlas bien”.
Este martes, el mandatario instaló un nuevo periodo de sesiones, el último de este año, en el que las discusiones más relevantes estarán alrededor de la aprobación del presupuesto del 2025, el primero de esta administración, pues hay que recordar que el que se está ejecutando este año fue herencia de la administración Quintero. Además, la Alcaldía llevará al Concejo una propuesta de vigencias futuras, la política pública de migrantes y tendrá que ponerle especial atención a las viviendas para uso de rentas cortas porque cada vez menos medellinenses las quieren en sus barrios.
En los pasillos del recinto se habla de un debate de control político al secretario de Seguridad, Manuel Villa, por la epidemia de ruido que vive en la ciudad y por los episodios de violencia adentro del estadio Atanasio Girardot.
También en estas sesiones que vienen se definirá la próxima mesa directiva de la corporación, y ya todo parece tan cantado como el aguacero de las tres de la tarde: la presidencia seguramente será de Sebastián López, el líder de la bancada del Centro Democrático, y para el asiento de la oposición, el que más le gusta a la coalición de gobierno es Carlos Gutiérrez, que se hizo elegir por Independientes, el movimiento político de Quintero, pero que hasta ahora con sus votos ha demostrado que de oposición tiene más bien poco.
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Presupuesto por $10,9 billones
La Alcaldía presentará una propuesta de presupuesto histórica para la ciudad por un valor cercano a los $10,9 billones, eso es $2 billones más de los que han tenido para este año, un aumento de casi el 25%. “La prioridad será la infraestructura educativa, proyectos viales y programas sociales”, manifestó el Alcalde.
El mandatario hizo énfasis en que ya pasó el tiempo de “organizar la casa” del legado de la pasada Alcaldía y que lo que sigue de aquí en adelante es ejecutar los proyectos a los que se comprometió en el plan de desarrollo. “Estamos dedicados a gobernar, a que las cosas pasen. Se acabaron las peleas y las discusiones”, agregó. Entre las posibles y pocas críticas que reciba ese presupuesto seguramente se repetirán algunas de las que tuvo el plan de desarrollo aprobado a principios de este año: se pedirán más recursos para atender la crisis ambiental que vive la ciudad y para vivienda, donde para algunos las ambiciones de esta administración han estado bajas.
1,5 billones de vigencias futuras
La Alcaldía también deberá justificar el pedido de $1,5 billones para vigencias futuras. Según manifestó el alcalde, de la aprobación de estos recursos dependen grandes obras de infraestructura que quedaron plasmadas en el plan de desarrollo, como Parques del Río Norte, que esperan tener terminado antes de que se acabe el 2026, los intercambios viales de la 80, la reconstrucción de más de 400 sedes educativas y la construcción de seis colegios nuevos. Dinero clave para las secretarías de Infraestructura, Gestión y Control Territorial y para el Pascual Bravo, donde también planean una inversión grande.
“De la aprobación de estas vigencias futuras depende la posibilidad de detonar los grandes proyectos y cumplir con plan de desarrollo”, añadió el mandatario.
Política pública de migrantes
En Medellín, 1 de cada 10 habitantes es un migrante venezolano. Eso es casi la misma proporción que hay de población afro. Sin embargo, la Alcaldía todavía no tiene proyectos propios enfocados en atender a esta población que se encuentra mayoritariamente en condición de vulnerabilidad y que, entre otras cosas, ha puesto presión sobre la crisis habitacional que vive la ciudad y el surgimiento de barrios de invasión en zonas de riesgo.
En Medellín, como en el resto del país, la población migrante regularizada tiene en teoría las mismas condiciones de acceso a salud, educación, trabajo y servicios básicos. Pero los programas de atención de la administración distrital no solo son escasos sino que dependen de filantropía internacional y del gobierno nacional. Con la puesta en marcha de esta política pública se espera que desde la Alcaldía de Medellín se destinen recursos para mantener y financiar programas para ponerle especial atención a esta población.
El alcalde Gutiérrez se quejó porque desde el gobierno nacional no llegan recursos para atender a los migrantes. “Los recursos del orden nacional no llegan para estos temas, como no llegan para otros”, cuestionó. Por su parte, el concejal Andrés Rodríguez lamentó que en el presupuesto presentado por el gobierno nacional para 2025 hay más de $300.000 millones para tender a la población migrantes, pero que de estos a Medellín solo se le girarán $15 millones.
Rentas cortas
A las gradas del recinto del Concejo este martes llegaron con carteles los habitantes del barrio Santa María de los Ángeles, ubicado en El Poblado, a pedirle a la administración distrital que no permita los proyectos inmobiliarios de apartamentos de rentas cortas que sin duda cambiarán drásticamente la dinámica del barrio.
Ese es otro de los temas sobre el que el Concejo deberá debatir en las próximas semanas, seguramente no por petición de la administración sino de la ciudadanía, pues el sentir de estos pobladores de la comuna 14 es una muestra de un sentir que está regado por toda la ciudad.
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El mandatario aseguró que el proyecto particular por el que está reclamando la comunidad de El Poblado cumple a cabalidad con la ley y con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial actual, por lo que no queda otra alternativa que dejar que se lleve a cabo.
Sin embargo, Gutiérrez le ordenó a los secretarios de Turismo y de Seguridad y a la directora de planeación que se reuniera con la comunidad y escuchara sus preocupaciones. “Nosotros tenemos que garantizar que no se dañen los entornos familiares. Nadie puede pasar por la dignidad de nadie y si alguien hace algo malo en estos establecimientos se le cancela la licencia”, concluyó el mandatario.
