Nada le pasará mayor factura en el futuro al alcalde Daniel Quintero como las decisiones que ha tomado en EPM. La errática carrera en la que la empresa se ha embarcado para meterse en negocios complicados y servir de comodín para las movidas políticas del alcalde tienen sus finanzas al límite.
En una cruzada a varios frentes, tan solo este mes, la administración distrital tiene a la empresa en la antesala de tres proyectos que amenazan con exprimir sus cuentas.
Mientras por un lado la Alcaldía no da su brazo a torcer en su pretensión de extraer $330.000 millones de transferencias adicionales e insiste en que rebajará la tarifa de energía (que podría representar un golpe en caja de hasta $400.000 millones), esta semana el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, señaló que la empresa espera próximamente materializar la compra de por lo menos el 51% de las acciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A).
Pese a que el gerente ha insistido en que la compañía contaría con la suficiente solvencia para asumir todos esos proyectos, el contexto de la empresa apunta en la dirección contraria.
Y es que además de haber cerrado el año pasado con una reducción del 10% en las utilidades de su matriz, que la empresa insiste obedecen a un deterioro de $1 billón de la inversión en Tigo-UNE, el grupo tampoco logra levantar cabeza con varias inversiones problemáticas, dentro de las que principalmente se destaca Afinia, su filial en la costa Caribe que asumió la operación de la desaparecida Electricaribe en Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y el sur de Magdalena.
En el caso de esta última empresa, que contempla un plan de inversiones de $10 billones en un horizonte de una década, en marzo pasado EPM anunció que sacará de su bolsillo unos $450.000 millones para un crédito destinado a financiar su plan de inversiones y que tendrá un plazo de pago de cinco años.
Según se desprende de los estados financieros con corte al 31 de mayo, la empresa sigue acumulando deudas, pasando por ejemplo de registrar un pasivo de $1,6 billones en 2022, a uno de $1,9 billones en 2023.
Por el lado de Tigo-UNE, EPM también está bajo máxima presión. De acuerdo con la información que hasta ahora ha hecho pública la Alcaldía, la empresa necesitaría una capitalización de unos $750.000 millones, en los que EPM tendría que aportar la mitad, y estaría buscando obtener un crédito de $860.000 millones para saldar deudas con sus proveedores.
A todas estas complicaciones debe agregarse que la empresa también está embarcada en el manejo de los servicios públicos en otras ciudades que han tenido problemas, como es el caso de Santa Marta, con Essmar (en la que EPM fue designada como agente especial tras su intervención), y Quibdó, en la que Aguas Nacionales, filial de EPM, renovó un convenio de cooperación con las Empresas Públicas de Quibdó (en liquidación), para seguir operando el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.
Tal como salió a flote en el caso de estas dos últimas empresas, el aterrizaje de EPM en ellas se dio en un contexto con alta carga política, en la que la empresa terminó metida en esas operaciones pese a no tenerlas contempladas en su planeación a largo plazo.
Faltando poco más de medio año para un nuevo cambio de gobierno, la pregunta del millón que deja EPM es que tan lastimadas quedarán sus cuentas, sin perder de vista el propio plan de inversiones que tiene la compañía y la suerte de megaproyectos como Hidroituango, cuya terminación requeriría una inyección de $1 billón más.
A continuación, un repaso por los proyectos más problemáticos y un análisis sobre sus implicaciones:
Afinia, la millonaria apuesta de EPM en la costa Caribe
Luego de que la Superintendencia de Servicios ordenara la liquidación de Electricaribe, EPM aprovechó para incursionar en la costa Caribe. Pese a que en septiembre de 2020 la empresa presentó esa decisión como una oportunidad de oro para expandir su operación y argumentó que con su presencia mejoraría ostensiblemente el servicio de energía en esa zona, la entidad quedó embarcada en un complejo mercado que no solo tiene problemas de recaudo, sino que demanda multimillonarias inversiones. En 2020, las proyecciones entregadas por la misma empresa daban cuenta de que su recién creada filial demandaría ejecutar un plan de inversiones de $4 billones en los primeros cinco años y otros $8 billones en la primera década de operación. Además de seguir enfrentando problemas en la prestación de sus servicios (en sus primeros 20 meses de operación las pérdidas de energía pasaron de 27,2% a 28,3%), en febrero de 2022 la Superservicios advirtió que la compañía tenía rezagos en su plan de inversiones, problemas en la contratación de su personal y hasta líos en la compra de equipos. Además de esos problemas, la empresa también ha estado en el centro de múltiples controversias políticas, sobre todo por los funcionarios nombrados por la administración Quintero para liderar su operación. El nombramiento como gerente de Javier Lastra, que en el pasado ya había fungido como interventor de Electricaribe y fue removido del cargo en medio de ruidos e investigaciones de la Contraloría, no solo fue visto con recelo en la región, sino en el Gobierno Nacional. Dentro de los aspectos que más se le cuestionan a Lastra está el manejo que Afinia le ha dado s sus procesos de contratación, como por ejemplo echar para atrás una estrategia que había emprendido esa empresa para frenar los llamados “contratos integrarles”, que según conocedores del sector facilitarían prácticas irregulares en la contratación. Al ser interrogado por su gestión, Lastra defendió la ejecución del plan de inversiones de la compañía y la transparencia en los procesos de contratación, recordando que el éxito que tenga gestión de esa entidad es clave para el futuro de EPM, dado que es su segundo proyecto más ambicioso, solo superado por la culminación de las obras de Hidroituango.
Si o sí, EPM quiere meterse en el enredo de la Triple A
Otra de las decisiones enrevesadas de la empresa antioqueña en este gobierno es la intención de comprar el 51% de la Triple A, empresa de acueducto, alcantarillado y el aseo de Barranquilla. El gerente Carrillo aseguró el jueves que en los próximos días se materializaría el negocio, pero lo cierto es que los detalles no están finiquitados. De este negocio se viene hablando desde enero, cuando EPM y el Distrito de Barranquilla firmaron un memorando de entendimiento para explorar la adquisición de las acciones que tiene K-yena (antes Alumbrado Público de Barranquilla), en la Triple A.
El movimiento es enredado desde donde se le mire. Hasta 2018, la composición accionaria de la Triple A se dividía en tres pedazos, el paquete mayoritario de 82,16% pertenecía al Grupo Inassa, una filial de la compañía Canal Isabel II, que opera el acueducto de Madrid (España) y está involucrada en denuncias por corrupción. A raíz de esas denuncias, la Fiscalía abrió en 2018 un proceso en contra de Inassa por un presunto desfalco de $300.000 millones a la Triple A, por lo que la SAE tomó el control de las acciones. Aunque ese proceso no concluye, la inclusión de un artículo de la reforma tributaria de 2021 abrió la puerta para que la SAE vendiera esa participación. Así, en medio del hermetismo, el 3 de diciembre de 2021, la SAE llegó a un acuerdo con K-yena para venderle las acciones de Inassa.
Esta venta es justamente la que motivó una investigación disciplinaria y una suspensión al presidente de la SAE, Daniel Rojas, por presuntamente haber incumplido la transacción. Esa actuación ocurrió luego de que tanto Rojas como el presidente Petro plantearan la necesidad de revisar si las acciones si se habían vendido por debajo de su valor. Luego de varios días de tensiones, se llegó a un acuerdo en el que un memorando firmado entre EPM y el Distrito de Barranquilla fue la carta del alcalde Pumarejo para asegurar que las acciones quedaran en manos públicas. El negocio también es enredado en lo financiero. Además del valor de las acciones, que se transaron en $565.000 millones en la última venta, EPM tendría que apalancar el plan de inversiones de la Triple A, que tiene la urgencia de reducir las pérdidas de agua no contabilizadas, que están por encima del 50%.
$330.000 millones más para la Alcaldía de Quintero
El debate del año en el Concejo ha sido el desesperado pedido de la Alcaldía para que EPM tape el hueco que tiene el presupuesto de 2023, un desbarajuste que llega a $330.000 millones. Aunque la administración ha reiterado que la transferencia adicional no afecta las finanzas de la empresa, la pregunta evidente es de dónde va sacar más plata EPM si antes tuvo que apretarse por una nueva reducción de utilidades.
Los números, antes del debate, son claros. Al cierre de 2022, la matriz tuvo ingresos por $13,5 billones y un resultado neto de $3 billones, lo que equivale a un 10% menos en comparación con el año anterior. Esto, explicó, se vio afectado por la actualización del valor de la inversión en UNE, que fue calculado en $1,04 billones. Por eso las transferencias a la ciudad pasaron de un estimado de $2 billones a $1,67 billones. Sin embargo, como presentó el presupuesto de 2023 de forma extemporánea al Concejo, la Alcaldía terminó aprobando por decreto un plan de inversiones basado en que EPM le iba a girar $2 billones.
La discusión sobre si entregarle o no más plata a la Alcaldía ha prendido la hoguera en el Concejo, tanto, que cuatro veces se ha aplazado la votación del primer debate que harán de forma conjunta las comisiones primera y segunda. Por eso al gobierno de Quintero le tocó ceder y reajustar el proyecto. En el nuevo informe de ponencia, acordado esta semana con la coalición y un sector de la oposición, se hicieron dos modificaciones sustanciales. Ya no aparece el artículo que proponía dotar de facultades extraordinarias al alcalde Quintero hasta el 29 de diciembre para que ajustara, según su criterio, el destino de las transferencias. La otra modificación es que ahora las transferencias aparecen discriminadas por dependencias en 38 de los 39 artículos, una especie de ‘operación avispa’. Allí, la administración precisa cuánta plata necesita cada despacho. “Fue muy astuto: puso lo más sensible en el pedido de transferencias”, dijo Carlos Ríos, concejal del Centro Democrático.
La negación de los artículos en los que la administración pide recursos para Matrícula Cero o arriendo temporal para familias vulnerables, entre otros, podría pasar cuenta de cobro justo en un año electoral. El martes a las 4:00 p.m. se reanudará la votación.
El pago por Hidroituango que puso al límite las cuentas de EPM
A finales de septiembre de 2021, cuando EPMy la Alcaldía empezaron a presentar como un hecho el cambio de constructores de Hidroituango (desoyendo las recomendaciones de expertos, académicos y gremios), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comenzó a ver con preocupación las perspectivas del proyecto y le lanzó un ultimátum a EPM, advirtiéndole que si a mediados de 2022 no encendía la primera turbina exigiría el pago inmediato de la deuda que la compañía tenía con el Bid Invest, avaluada en 450 millones de dólares. Anticipándose a ese cobro, que despertó nerviosismo en el sector financiero, EPM anunció en diciembre que cancelaría toda la deuda con ese organismo internacional. Aunque en aquel momento el alcalde de Medellín Daniel Quintero presentó aquel pago como una muestra de la solidez financiera de EPM, detrás de escena la empresa tuvo que emprender una ronda por todas sus filiales para reunir el dinero y pagarlo de contado, tal como lo explicó entonces la vicepresidenta ejecutiva de Finanzas e Inversiones de EPM, Martha Lucía Durán Ortiz, en entrevista con El Colombiano.
“Nosotros prepagamos con recursos de generación interna y de caja propia, no tomando mayor endeudamiento. Tenemos una caja que supera los $3 billones, lo cual, al hacer el prepago, no vemos que tengamos una afectación directa en nuestras operaciones o en nuestro plan de inversiones de corto plazo o que nos vayamos a quedar sin la caja suficiente mínima ante cualquier eventualidad. Obviamente no es una buena noticia. Son recursos con los que nosotros contábamos, pero lo que hicimos fue evitar un incumplimiento por parte de EPM y honrar nuestros compromisos”, expresó entonces la ejecutiva. En cifras redondas, el pago de EPM ascendió al cambio del momento a unos $1,7 billones. Al ser interrogada por cómo se mitigaría el impacto de ese millonario pago, Durán admitió que la empresa veía con preocupación el plan de inversiones de la empresa, pero expresó que esperaba contar con los “recursos de la venta de UNE”. Un año después, contrario a ese diagnóstico, EPMpidió permiso para esa venta asegurando que los recursos irían a inversiones estratégicas, mientras Quintero señaló que irían a otros gastos de la Alcaldía.
