Sin sonrojarse, en un acto de evidente torpeza política, el candidato a la Alcaldía de Medellín Juan Carlos Upegui admitió en televisión nacional —en plena franja prime time— que su campaña ha recibido dineros de contratistas de la administración que recién abandonó su padrino Daniel Quintero. Trató de justificarse diciendo que iban a “sacar” a los que no cumplen los requisitos de ley, y de hecho ayer apareció el cambio en el aplicativo Cuentas Claras: dejaron los mismos montos, solo cambiaron los nombres de los aportantes, y además pusieron al propio Upegui, a su hermana Laura, y a la prima Diana Osorio, la esposa de Quintero.
La pregunta que tendrán que responder las autoridades es si el cambio que hicieron fue un simple maquillaje de las cuentas. La confesión es tan delicada, que les podría dar hasta 8 años de cárcel a él y a su gerente de campaña, Juan Pablo Ramírez. El delito se configura si estos contratistas obtienen más del 50 por ciento de sus ingresos de dinero público. Lo cual sería altamente probable puesto que ese tipo de contratos por prestación de servicios requieren tiempo completo de dedicación, e incluso en el caso de Juan Pablo Ramírez, que también aparecía como donante, había sido hasta mayo secretario de gobierno de la Alcaldía. Difícil pensar que se dedicara a otro oficio de manera simultánea.
La respuesta la dio Upegui en entrevista con Juan Roberto Vargas de Noticias Caracol. Ante la pregunta “¿la Alcaldía está pagando su campaña?”, el candidato zigzagueó y primero respondió que parte de los recursos vienen de su bolsillo y trayectoria —que en realidad es corta en el sector público, se limita a su rol como secretario de la No Violencia, un cargo que se hizo a su medida—, del Partido Independientes y de unos cuantos amigos que conocen su proyecto y que quieren sacarlo adelante.
Pero Upegui flaqueó cuando el periodista le contrapreguntó y confirmó que lo que hemos publicado en este diario, sobre la financiación de su campaña mediante la inyección de dineros devengados por contratistas sí está ocurriendo. “Eso no es cierto, muchos contratistas tienen esos trabajos, pero lo que tiene es la restricción de que no haya superado un monto de recibir esos recursos. Lo que estamos haciendo nosotros es la evaluación y los donantes que por ejemplo no cumplan las condiciones, obviamente se les devuelven los recursos. Esa solicitud es muy importante porque nos sirve para corregir lo que haya que corregir, y vamos a tener toda la transparencia para que nuestros recursos sean regulares, correctos”, afirmó el candidato de Quintero.
Y luego agregó: “Nosotros tuvimos una alerta, estamos sacando los contratistas que pudieron haber incurrido en algún tipo de no correcta financiación, porque sabemos que si más del 50% de sus ingresos provienen de recursos públicos no lo pueden hacer. Estamos saneando las campañas. Hay que aclarar que el 29 de octubre se cierra Cuentas Claras. Ahí nosotros vamos a presentar todo el reporte, obviamente que la ciudadanía haga la veeduría. Hay transparencia, toda la honestidad”.
El mea culpa que asumió el candidato y luego trató de desvirtuar en entrevista con Blu Radio no solo expondría los manejos irregulares debido al ingreso de plata pública a su campaña; sino también un cuestionable manejo de la contabilidad de la campaña y de ligereza en los reportes de financiación ante las autoridades electorales. No deja de sorprender que ante la alerta que dice el candidato llegó a su equipo, la solución haya sido responder que de aquí al domingo “sanearán” los números. ¿Van a devolver los recursos o simplemente van a cambiar los nombres? ¿Hasta qué punto es una operación de maquillaje?
Lo de Upegui podría constituirse en un caso penal por la “financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”. Luego de que la abogada tributarista Gloria Jaramillo y el contador público Daniel Salazar denunciaron estas malas prácticas, le pusimos la lupa a los reportes de Upegui y encontramos que de 20 personas (una de ellas jurídica), al menos 15 son o han sido contratistas de la Alcaldía de Quintero. En particular, 8 tenían contratos vigentes hasta el 12 de octubre. En total, los contratistas habían aportado 122 millones de pesos de los 155 millones registrados hasta ese momento por la campaña.
Y eso sin contar un caso que reviste mayor gravedad, y es el hecho de que Juan Pablo Ramírez, quien hasta mayo de este año fue secretario de Gobierno de Medellín, y ahora es gerente de la campaña de Upegui, aparecía entonces en el listado como donante de 21 millones de pesos en dos oportunidades. Esa plata habría servido para pagar el arriendo de una enorme casa habilitada como sede de campaña de Upegui.
Pero lo que el candidato llamó “saneamiento” en televisión nacional comenzó más temprano que tarde. Aunque en principio aparecían 20 donantes a su campaña en el informe público de Cuentas Claras, justo ayer esa cifra pasó a 13. Quienes aparecían previo al borrado y que habían pasado por la Alcaldía o tenían vínculos como contratistas eran Ramírez, hoy gerente de campaña y exsecretario, además de Andrea Velásquez Mesa, Alejandro Preciado Pérez, Lina María Flórez, Ángela María Manrique, Daniela Carreño Sánchez, Fabián David Ortiz, Ana María Cruz, Laura Cristina Cruz, Lucas Ferney Restrepo y Mateo Vélez Sánchez.
Del listado original desaparecieron Laura Londoño Arboleda, Andra Velásquez Mesa, Laura Jaramillo Salazar, Julián Alexis Restrepo, Juan David Vargas Salazar, Ángela María Manrique, Fabián David Ortiz, Ana María Cruz, Laura Cristina Cruz, Lucas Ferney Restrepo y Mateo Vélez Sánchez. En su reemplazo, se doblaron las donaciones por parte de algunas personas y aparecieron nuevos aportantes como Nataly Suárez Quintero, Lina Bernarda Herrera y Jhon Fredy Palacios. En el apartado de donaciones personales y familiares, además de Upegui y su hermana Laura Upegui Vanegas, íntima de la familia Quintero y cuyo nombre aparece en algunos negocios, aparece la hasta hace poco gestora social y prima de Upegui, Diana Osorio, con 20 millones de pesos.
Todo esto quiere decir que se modificaron los aportantes, más no el dinero que ha ingresado a la campaña, lo que indicaría un posible maquillaje de los datos.
Pero volvamos a la movida de borrar contratistas. Igual ocurrió con la campaña de Esteban Restrepo, que eliminó a siete de los ocho contratistas que tenía en su lista de donantes una vez denunciamos lo que venía ocurriendo. Fue el caso de Alejandro Valencia Villa, Sebastián Osorio Alcaraz, Sara Isabel López Muñoz, Mónica Marcela Guzmán Ramírez, Juan Pablo Quintero Ramírez, Alejandra Giraldo Giraldo y Ana María Loaiza. El único nombre que se mantuvo en la lista fue el de Johan Sebastián Gutiérrez Díaz y esta, de un día para otro, pasó de 14 donantes a 23.
Y ahora, en el caso de Upegui, hay nombres que merecen revisarlos: Luis Guillermo Brand, quien se mantuvo luego del borrado, y Juan David Gómez Eusse, que ahora no aparece en el reporte de Cuentas Claras.
Brand aparece donándole 9,5 millones de pesos a Upegui y resulta que se trata del mismo que ha acompañado a Ramírez a donde quiera que él va: primero, cuando se posesionó como Secretario de Participación, él fungió como asistente personal, y tan pronto trasladaron a Ramírez para Inclusión Social también se lo llevó para que fuera el subsecretario de Participación y le manejara los temas de Planeación Local y Presupuesto Participativo, un rubro que dispone de una billetera cercana a 1 billón de pesos para el cuatrienio.
De ahí, Brand comenzó este año como subdirector del Departamento Administrativo de Planeación y desde abril, más o menos, figura como asistente de la Secretaría de Participación, Dalgy Rico, que dicho sea de paso, viene también de Inclusión social, una dependencia donde Ramírez aún mantiene poder. El otro asunto es que a medida que la puja por la alcaldía se ha intensificado, fuentes que laboran dentro de la Secretaría de Participación aseguran que se le ve poco por allí y mucho por la sede de Upegui.
El otro, Gómez Eusse, y quien según el primer reporte también le donó 9,5 millones de pesos a Upegui y que ahora no aparece, se ocupa en Participación Ciudadana de coordinar los temas de contratación; pero sería una función que ejerce a control remoto, porque, según fuentes, lleva por lo menos dos meses dedicado casi que en exclusiva a la política, con Upegui.
Entre otras cosas, su despacho maneja el contrato de comunicaciones por 9.000 millones de pesos que firmó la Universidad Nacional, y que habría servido para formular campañas comunicativas para los candidatos afines a la administración de Daniel Quintero. Pero igualmente, se encargaría de contratos millonarios para proveer alimentación y logística para eventos comunitarios, a través de Plaza Mayor, por cerca de $26.000 millones.
Gómez Eusse representaría el enlace directo con organizaciones y líderes comunitarios cuyo concurso resulta crucial en estos tiempos en que los favores con dineros públicos se pueden convertir en votos que a su vez significan la posibilidad de continuar en el poder.
Ya habíamos explicado en abril del año pasado cómo sirve el Presupuesto Participativo para asegurar la capilaridad de la red clientelista con la que hoy se financian estas campañas. Ahí aparece por ejemplo Asercomunitaria, que se consolidó como la mayor empresa contratista de eventos en la comuna 6. En esta administración habría firmado contratos por cerca de 46.000 millones de pesos, 2.500 millones de pesos a través del Inder, Plaza Mayor y otras entidades del Distrito.
Su cabeza visible es Alexis Castrillón, un polémico líder tradicional del noroccidente de la ciudad. A la vez que su organización contrata con el Municipio ha participado en los órganos comunitarios donde se decide cómo gastar la plata del Presupuesto Participativo. Fuera de eso, su hija Julieth, ha representado a la Asociación para el Desarrollo la Casa de Todos y de la Asociación para el Desarrollo de la Comuna 5 (Asodecinco) que ha tenido contratos a través de Telemedellín y Plaza Mayor. Y la otra hija, Ketsy, es contratista del Colegio Mayor, que a su vez depende de la Alcaldía.
Lo cierto es que en los últimos meses al señor Castrillón lo han visto apoyar a Esteban Restrepo para la Gobernación y Juan Carlos Upegui para la Alcaldía de Medellín, en particular en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, donde tiene su nuevo fortín, porque sus fichas perdieron el poder en el barrio San Martín, el sitio donde se inició. “En el Jorge Eliécer Gaitán están dejando pegar solo afiches de Upegui”, aseguró una fuente.
La respuesta de la campaña de Upegui
La campaña se pronunció tras las declaraciones del candidato. Lo primero que precisaron es que allí no han recibido ni ejecutado recursos producto de donaciones que no cumplan a cabalidad con la ley. “Todas las donaciones cumplen con los requisitos y los procesos se han desarrollado apegados a lo recomendado por las autoridades, por lo cual en los casos que ha sido necesario se han rechazado aportes”.
Mediante un comunicado escrito, la campaña también precisó que allí tienen un proceso interno de asesoría que ha sido supervisado por diferentes organismos. Reconocieron en este sentido que han realizado ajustes a su contabilidad siguiendo las especificaciones fijadas por el CNE y Transparencia por Colombia. Precisaron, en este sentido, que “tanto
la información contable de los candidatos como la de las organizaciones políticas podrá modificarse hasta antes de enviar el informe de ingresos y gastos a través del aplicativo”.
