Según el ente, Quintero habría “omitido su deber” de control sobre la exsecretaria de Educación, quien terminó firmando un contrato irregular con la EDU por $319.000 millones para arreglar los colegios.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra del polémico exalcalde de Medellín Daniel Quintero, esta vez por presuntas irregularidades en el uso de las vigencias futuras para el mantenimiento de los colegios de la ciudad que, como fue denunciado en varias oportunidades por EL COLOMBIANO, salió muy mal.
En un documento conocido por este diario –emitido por el ente investigador– y en el que se hizo una cronología del hecho, aparece que tras la aprobación del Acuerdo 059 de 2022 con el cual el Concejo de Medellín autorizó al Alcalde a comprometer vigencias futuras por más de $319 mil millones para salvar los colegios de la ciudad, la Secretaría de Educación celebró el contrato interadministrativo de mandato No. 4600095806 del 31 de octubre de 2022.
El contrato, firmado con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y por el mismo monto aprobado por el Concejo, tenía como objeto la gerencia integral de proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación. Su plazo de ejecución era de 26 meses. Los proyectos a gerenciar eran: la restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios; el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos; y el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios.
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Cabe recordar que tras esa inyección de plata, los planes del Distrito contemplaron que 398 colegios serían objeto de mantenimientos generales, 38 de mantenimientos integrales y 5 prácticamente reconstruidos. Sin embargo, lo que hasta ese momento se presentaba como una inversión histórica para la educación, pronto comenzó a enlodarse con múltiples reparos y alertas de presuntas irregularidades, toda vez que aprovechando su renovado manual de contratación, la EDU empezó a subcontratar entregando a dedo las obras dada su incapacidad para desarrollar directamente el milmillonario contrato con la Secretaría de Educación.
Y aunque entonces la entidad argumentó que esas adjudicaciones eran legales y que las obras estaban por buen camino, a finales de 2023 no se habían entregado a satisfacción una sola de las 180 sedes que para entonces estaban programadas, según denunció la nueva directora de la EDU, Luz Ángela González Gómez. Además, tras el proceso de empalme, en enero la nueva dirección de la entidad señaló haber detectado que por lo menos el 77% de las obras tenían retrasos en su cronograma y que el número de contratos de obra e interventoría entregados a dedo había terminado siendo de 29.
Aparte de esos rezagos, la nueva administración de la EDU también denunció que luego de emprender un proceso de revisión legal, precisamente buscando poner en cintura a los contratistas más quedados, se topó con la sorpresa de que muchos de los contratos que fueron firmados con ellos ni siquiera habían sido estructurados contemplando cláusulas penales, dejando a la entidad sin dientes para hacer reclamaciones.
Ante este panorama, la Procuraduría General comenzó una indagación previa que posteriormente permitió hallar preocupantes asuntos. Según el ente investigador, de acuerdo con los estudios previos que soportan la celebración del contrato entre la Secretaría de Educación y la EDU, hay una inexistencia de un estudio claro de la conveniencia que representaba la gerencia de los proyectos y su posterior ejecución de obras con la EDU, frente a las bondades de haber adelantado un proceso como una licitación.
