El caso del lote Aguas Vivas es un complejo entramado que este martes 25 de marzo tendrá al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle respondiéndole a la justicia. Y es que, bajita la mano, el escándalo de este predio pudo haber costado casi $48.000 millones, es decir, más de la mitad del sonado caso de Centros Poblados. Por eso, para entender bien el tema, hacemos este ABC del intrincado asunto por el que hoy, a partir de las 2:10 p.m., serán imputados el exalcalde y otras 12 personas, entre exfuncionarios y particulares.
Los protagonistas de un caso millonario
Primero hay que entender quiénes son los personajes del turbio caso. Uno de ellos es Felipe Agudelo Mesa, que ha sido uno de los dueños de Aguas Vivas y socio del exgobernador Luis Pérez en sus negocios y correrías políticas con las cuales –por medio de la empresa IDC, a la que ha estado ligado, y de otra con la que está relacionado llamada Técnicas Constructivas (TC)– ha tenido contratos por cientos de miles de millones en las administraciones de Quintero y Pérez.
Otro personaje es Carlos Mario Montoya Serna, un político cercano a Pérez y a Quintero durante sus mandatos. En la Alcaldía fue el secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín.
A él se suma Alethia Carolina Arango Gil, una abogada cercana al hoy senador Alex Flórez, la cual pese a su inexperiencia terminó dirigiendo el Dagrd y posteriormente como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, es decir, era quien tenía que defender el erario.
También está el exsecretario General de Quintero, Fabio Andrés García Trujillo, quien antes de llegar al alto cargo fue subsecretario de Gestión Contractual de la secretaría de Suministros y Servicios.
Por último, el “personaje” más importante: el lote Aguas Vivas, un terreno ubicado entre El Poblado y Las Palmas con 147.000 metros cuadrados de extensión. Sus dueños dicen que valía $48.000 millones, que es la cifra que le querían pedir a la Alcaldía, pero el valor catastral del predio antes del escándalo era de $2.987 millones y eso que fue comprado en $1.645 millones.
Un plan a la medida para valorizar el lote
Los dueños de Aguas Vivas son IDC Inversiones, TC y un particular llamado Juan Manuel Villegas. Estos, el 29 de diciembre de 2014, compraron el lote y casi tres meses después le traspasaron el 11% del terreno a Luis Pérez Gutiérrez y un 4% a sus hermanos Alberto, Darío y Mario. El costo de la transacción fue de $361 millones. Luego, a mediados de 2015, Luis Pérez y su hermano Mario ya tenían el 39% de Aguas Vivas que ya valía $2.400 millones.
El 28 de marzo de 2016, con Luis Pérez como gobernador, los Pérez devolvieron su participación en el predio a IDC y TC. Las empresas a su vez les cedieron su participación en la finca adyacente: Las Brisas. Hasta acá, todo normal.
El 8 de mayo de 2020 Aguas Vivas fue traspasado al Municipio de Medellín por un “pequeño” detalle. Y es que desde el 17 de diciembre de 2014 el Plan de Ordenamiento Territorial POT cambió el uso al suelo de la zona; por ello, el predio quedó dentro del proyecto de un ecoparque, además de que la zona de Aguas Vivas está catalogada como de alto riesgo geológico, según decreto 1980 de 2010. Es decir que tenía fuertes restricciones para construir en él.
La solución de los dueños de Aguas Vivas fue ceder el terreno a la Alcaldía gratis, con la idea de ofrecerlo a futuro a otros constructores como lote de compensación urbanística. Esta es una figura creada por el POT, por la cual quienes construyen deben entregarle espacio público a la ciudad. Como el recurso es limitado, se creó un mercado de tierras que no sirven para levantar edificaciones —como el de Aguas Vivas— pero que puede servir para compensar el espacio público. La figura es “ventajosa” porque así los dueños de los terrenos no tienen que seguir pagando el impuesto predial por un lote que no pueden desarrollar, mientras consiguen quien les compre su derecho como espacio público.
La prueba de que se cedió el terreno al Municipio reposa en una escritura de la Notaría 19 de Medellín, del 27 de diciembre de 2019. Sin embargo, a inicios de 2020 los dueños de Aguas Vivas se echaron para atrás y no llevaron la escritura a la oficina de registro para que el traspaso quedara legalizado. En cambio, desde febrero de ese año, vía derecho de petición, pedían cambiar los términos del documento de propiedad para que incluyeran cláusulas a favor de ellos, para legalizar el traspaso.
Una de las condiciones, en resumen, era que, si en un año no habían encontrado cliente para su lote, el Municipio tenía que buscárselos o sino, pagar el precio que ellos pidieran por el lote.
El 25 de febrero, el líder de la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Secretaría de Suministros, León Jairo Mejía, no solo les negó la descarada petición sino que les recordó que previamente conocían las condiciones de cesión y las aceptaron. El 9 de mayo de 2020 finalmente se hizo el registro de Aguas Vivas a favor del Municipio y de manera misteriosa el Distrito viró su negativa a una posibilidad de pagarles a los dueños.
El 10 de septiembre de 2020, en respuesta a IDC y TC, Carlos Mario Montoya explicó que Aguas Vivas, que desde 2014 estaba pensado en parque ecológico, pues allí no se podía construir, ahora aparecía en el Plan de Desarrollo de Quintero como futura sede del Valle del Software, el proyecto bandera de esa administración, por lo que era necesario acordar el valor real y definir la forma de pago.
Dentro de la Alcaldía se dio una puja entre funcionarios que rechazaban negocio por las irregularidades que advertían, y los que defendían un supuesto acuerdo ventajoso aupado por el lobby que hacía directamente Felipe Agudelo en La Alpujarra. Tristemente los servidores honestos fueron separados del tema y algunos hasta salieron de la Alcaldía.
Como el proceso chocaba una y otra vez con los conceptos técnicos y legales, a finales de 2021 los dueños del lote buscaron otra vía y reclamaron $54.000 millones mediante una conciliación ante la Procuraduría alegando que fueron víctimas de un “empobrecimiento” por parte del Municipio. El cálculo de la cifra resultó de multiplicar la extensión de Aguas Vivas por el valor unitario del metro cuadrado en zonas similares de Medellín más otros temas de perjuicio. Mientras tanto, el secretario Montoya propuso reconocerles “apenas” $40.500 millones.
Tras la publicación del escándalo por este diario, el acuerdo fue frenado por el procurador judicial Juan Nicolás Valencia en diciembre de 2021. Con la fallida conciliación, el proceso de Aguas Vivas pasó al Tribunal Administrativo de Antioquia. Este optó por negar el visto bueno al intento de conciliación argumentando que se iba a causar daño al patrimonio público, entre otros asuntos. Con su fallo evitó un detrimento.
Sin embargo e inexplicablemente, la Alcaldía apeló la decisión el 14 de enero de 2022. La impugnación la firmó Alethia Arango. Uno de los argumentos expuestos tiene que ver con la supuesta obligación que, según ella, tiene la Alcaldía de definir los proyectos sobre los cuales se pagarían las obligaciones urbanísticas a los que se destinaría Aguas Vivas como compensación de espacio público y por ende de conseguir compradores. No obstante, la norma señala que el Distrito no tiene que conseguirles clientes a los dueños. Arango también quiso hacer ver que si se le pagaban $40.000 millones a los dueños, el Municipio —según su teoría— se ahorraba el excedente. Pero no se le ocurrió que si el terreno estaba avaluado oficialmente en $2.987 millones en realidad el Municipio estaba perdiendo más de $37.000 millones.
La apelación llegó hasta el Consejo de Estado y en septiembre de 2022 este ratificó la negativa del Tribunal Administrativo de Antioquia y dio fin a la discusión.
Sin embargo, el gobierno de Quintero no se quedó quieto. El 26 de octubre se firmó una resolución que reversó la cesión gratuita de Aguas Vivas al Distrito. ¿Y quien fue el que la firmó? Pues Fabio Andrés García. Esta declaratoria de nulidad era lo mismo que los técnicos le habían sugerido a Montoya desde 2020, hecho que este rechazó.
Siendo así las cosas, para el 17 de febrero de 2023, Aguas Vivas volvía a las manos de sus “dueños” –pese a que los quinteristas decían que era un terreno esencial para el tal Valle del Software– por medio de una figura que tendría vicios. De hecho, Arango y García fueron investigados por Personería por sus volteretas jurídicas.
El decreto que firmó y enredó a Daniel Quintero
El 23 de mayo de 2023, el exalcalde Quintero firmó el decreto 412 que reglamentó el Valle del Software. En este aparece que el complejo tecnológico quedaría en el Ecoparque Las Palmas. Sin embargo, el decreto plantea que “podrán ser parte de él los lotes o predios de carácter privado del Ecoparque Las Palmas que voluntariamente deseen desarrollar proyectos que hagan parte de dicho parque”. Es decir Aguas Vivas y Las Brisas.
De Las Brisas ya dijimos que es propiedad de Luis Pérez y su familia, pero lo que no se había dicho es que en 2021 el Isvimed anunció que tenía interés en comprarlo porque quería que también hiciera parte del Valle.
Volviendo al tema, lo más grave del decreto que firmó Quintero es que este se saltó las restricciones para construir en el terreno, permitiendo a Pérez y a sus amigos en el futuro construir allí desde hoteles hasta malls, “pasándose por la galleta” las competencias del Concejo de Medellín, único ente investido por la ley para modificar los usos del suelo y el POT.
La norma firmada por Quintero fue desenterrada en la auditoría forense del alcalde Federico Gutiérrez tras su regreso a La Alpujarra y fue incluida en los 501 hallazgos sobre irregularidades de la pasada administración. Gutiérrez denunció lo ocurrido a la Fiscalía y de paso expidió otro decreto tumbando los artículos del 412 que beneficiaban a Pérez y aliados. Con ese material, la Alcaldía amplió una denuncia interpuesta por la veeduría Todos por Medellín, que desde el 16 de agosto de 2022 le pidió a la Fiscalía investigar un posible prevaricato por acción. Es justamente esta investigación la que hoy tiene en el banquillo a Quintero. Por su parte, Quintero ha dicho por todos lados que a su juicio el asunto Aguas Vivas es una persecución política manejada desde Medellín. Por ello pidió que su caso se lleve a Bogotá.
Según la página de la Rama Judicial, la audiencia de formulación de imputación se realizará hoy en la tarde, en el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
