Este jueves, en el hotel Dann Carlton, el gerente designado de EPM, John Maya Salazar, informó los resultados del proceso de empalme de la compañía con la gerencia actual de Jorge Andrés Carrillo.
Según Maya, uno de los hallazgos más preocupantes y urgentes del conglomerado de servicios públicos es que en el corto plazo hay un déficit de caja de $5 billones.
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Ese déficit, dijo Maya, tiene dos explicaciones. La primera fue la pérdida de confianza que tuvo la empresa durante los últimos años con el sistema financiero, que o no le prestó o le subió los costos de las deudas debido a la pérdida de confianza de la banca en la administración de Medellín, durante el periodo de la alcaldía de Daniel Quintero. Uno de los motivos de ese reversazo fue el irrespeto del mandatario al gobierno corporativo del conglomerado empresarial, cuando, al principio de su periodo, pasó por encima de decisiones de la junta directiva y esta renunció en pleno.
“EPM siempre había gozado de una confianza del sistema financiero, tanto nacional como internacional, que le implicaba que esos préstamos que necesitaba para apalancarnos siempre nos los hacían. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, la banca iba a EPM a ofrecernos esos préstamos, pero en estos momento la situación es totalmente distinta. La banca multilateral y la banca nacional no le quieren prestar”, aseguró Maya.
La segunda razón del faltante que tiene la empresa para 2024 tiene que ver con el supuesto congelamiento de las tarifas de servicios públicos que la empresa comenzó en el segundo trimestre de este año. Por causa de ese “congelamiento” la compañía habría dejado de recibir $3 billones. Y aunque desde enero deberá comenzar a cobrarlos, con intereses, el reembolso debe ser gradual y podría tardar cerca de una década.
De esa plata que adeudan los usuarios, $1,5 billones corresponden a Afinia, la filial de EPM en la Costa, y el resto a las demás filiales del conglomerado empresarial en Medellín y otras ciudades del país.
El presupuesto del año entrante contempla $7,3 billones para funcionamiento, $11,7 billones para inversión, $4,5 billones para el pago de la deuda y una cantidad igual para compra de energía, mientras que solo le quedaría un remanente en caja de $632.000 millones.
No obstante, Maya aseguró que los principales indicadores financieros de la compañía son buenos y muestran a una compañía sólida y con buena proyección. Tanto es así que, según dijo, algunos bancos que habían interrumpido relaciones comerciales con EPM, ya se han puesto de nuevo en contacto con la empresa para retomarlas.
“Tenemos unos activos por $83 billones, pasivos por $48 billones y un patrimonio de $35 billones. Eso quiere decir que EPM tiene una solidez y el déficit es un déficit de financiación”, dijo.
En el informe, Maya también hizo referencia al manejo de Emvarias, con dos dilemas principales: la saturación del relleno sanitario La Pradera y el polémico contrato de cargue lateral por más de $190.000 millones que, contra viento y marea, esta administración firmó con la empresa Themac, que es la filial en Colombia de la firma Barcelona Export Group, propiedad de Manuel Grau, un empresario catalán muy cercano al presidente Gustavo Petro.
Maya alertó sobre las dificultades en marcha de este proyecto pues, como ya lo habían advertido diferentes expertos en el pasado, el mecanismo de cargue lateral, que consiste en unos vehículos que tienen un brazo mecánico lateral para cargar los contenedores, vaciarlos y dejarlos nuevamente en su lugar (tarea que hoy hacen manualmente los operarios), funciona idealmente en terrenos planos, muy diferentes de la geografía de Medellín y el Área Metropolitana que es casi toda quebrada.
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El gerente designado se refirió a la urgencia de tomar acciones sobre la crisis sanitaria que podría vivir la ciudad de Medellín y más de una treintena de municipios del departamento por el colapso del vaso Altair y la no adecuación de un nuevo vaso en el relleno sanitario de La Pradera.
Igualmente, Maya se refirió al funcionamiento de la central hidroeléctrica Hidroituango y apuntó que a pesar de las críticas que rodean el contrato con la firma china Yellow River y la colombiana Schrader Camargo, por cerca de un billón de pesos, para la culminación del proyecto (instalación de turbinas de la 5 a la 8), este no es reversible, por lo cual el esfuerzo de la nueva administración se deberá centrar en vigilar que se cumpla con las especificaciones y el cronograma, porque de sufrir retrasos, el país podría correr un riesgo de desabastecimiento energético.
El otro frente de trabajo que concitará la acción urgente de Maya y el alcalde Federico Gutiérrez, según informó el primero de ellos, será el poner al día la infraestructura con la que EPM presta sus servicios de agua, energía y gas, la cual dejaron envejecer “porque el mantenimiento no fue el que se debía hacer y por eso el sistema se resintió”.
Por el momento, ni Maya ni el alcalde electo Federico Gutiérrez se han pronunciado sobre cambios en la junta directiva de EPM, aunque ya han empezado a sonar nombres como el del ex presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.
