Un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) logró la judicialización de José Alberto Arango Ortiz, como presunto responsable de mantener en pésimas condiciones de cautiverio a 14 aves silvestres en una vivienda del barrio Robledo Kennedy, en Medellín.
En una diligencia realizada al inmueble, el pasado 6 de noviembre de 2024, unidades de la Policía Nacional encontraron dos loros frentirojo, cuatro canarios costeños, un semillero vientriamarillo, un espiguero pico de plata, un semillero pico grande y cinco canarios.
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En el procedimiento se constató que las especies estaban en jaulas, con poca agua y comida con moho. De igual manera, las autoridades establecieron que estas condiciones les generaba estrés y afectaciones en la salud.
Por estos hechos, el ente acusador imputó a Arango Ortiz los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, manejo ilícito de especies exóticas y maltrato animal. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.
Sin embargo, este caso es uno más en la larga lista de situaciones de maltrato y tráfico de fauna silvestre en Antioquia. El pasado 17 de enero, el Área Metropolitana reportó el caso de una lora frentiamarilla que estuvo cautiva durante 40 años, lo que le causó deformaciones óseas y enfermedades metabólicas.
Esta ave con 40 años de cautiverio, quedó con las patas inflamadas y deformadas por la ausencia de ramas de las cuales poder agarrarse firmemente. Además, dos de sus garras fueron removidas. Tan indigna era su situación, que el ave para poder desplazarse usaba su pico como si fuera una muleta, según señalaron los peritos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Desde la Alcaldía de Medellín recordaron que la tenencia de fauna silvestre en cautiverio está prohibida en Colombia por leyes como el Código Penal (Ley 599 de 2000) y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801).
Y las sanciones por incumplir estas normativas pueden llegar hasta los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
