La supuesta violación de una estudiante desencadenó en la pena de prisión contra un directivo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, solo que, en principio, en este caso a quien condenaron no fue al acusado inicialmente sino al acusador, debido a que las autoridades demostraron que fue un montaje con la truculencia de una clásica historia policíaca.
El pasado 9 de octubre, el juez 26 Penal del Circuito le dictó sentencia condenatoria de 8 años y 7 meses de cárcel al exdecano de Ciencias Básicas, Juan Guillermo Ríos Noreña, la cual fue cambiada por prisión domiciliaria durante el mismo lapso. Además, el juzgado pidió compulsar copias a la Fiscalía para que investigue si Libardo Álvarez Lopera, quien fungía como rector en la época en que sucedieron los hechos, tuvo alguna participación en esta trama.
La historia se remonta a finales de 2019. El 27 de octubre, Jorge Alberto Gómez, que por aquel tiempo presidía el recién conformado capítulo del sindicato de profesores universitarios (Aspu) en el Poli, recibió una llamada en el teléfono de su pareja. Una voz masculina al otro lado de la línea aseguraba que una alumna de la institución estaba en embarazo de él y que el profesor se iba a morir.
Al otro día, tan pronto fue a la Fiscalía a denunciar, se encontró con que había varias denuncias en su contra, una era por acceso carnal violento en persona incapaz de resistir y otra por violencia intrafamiliar. La víctima supuestamente había sido una estudiante que sostenía una relación con él, había quedado embarazada y, según la versión, el docente la había instado a abortar. “Eso fue muy curioso porque mi compañera no era denunciante y además yo tengo una vasectomía hace 12 años”, explica Gómez.
Una de las denuncias era anónima, pero otras estaban instauradas a nombre del Politécnico, en cabeza de Ríos y del jefe jurídico José Alberto Arbeláez. Estas últimas retomaban el supuesto caso del embarazo fallido y decían que Gómez y el coordinador académico, Jairo Hernán Muñoz, habían ayudado a varias estudiantes a mejorar sus notas a cambio de sexo; que incluso les habrían “dado dulces con sustancias para dormirlas hasta conseguir acostarse con ellas”.
También, decían que estos, en compañía de Oswaldo Plata y William Puche habrían manifestado que había que matar a Ríos. Todos eran miembros del sindicato que había criticado a la alta dirigencia de la institución.
El otro punto era un supuesto atentado contra la estudiante Claudia Marcela Valencia y el decano. El cuento era que un hombre los había arrollado con una bicicleta en la Loma de las Brujas, de Envigado, y el responsable directo habría sido el profesor Gómez.
Todo lo anterior estaba sustentado en audios y mensajes de Whatsapp que Ríos anexó al expediente, lo mismo que en el testimonio de Valencia, quien dijo ser amiga de la joven abusada.
Sin embargo, las pruebas periciales realizadas en el proceso determinaron que se trataba de un montaje hecho con una app. Posteriormente, Valencia también confesó a cambio de un trato benévolo que sin embargo la tiene pagando más de cinco años de cárcel en centro penitenciario. Igualmente, comprobaron que la estudiante supuestamente victimizada por Gómez ni siquiera lo conocía y corroboró con pruebas que jamás había estado en condición de gravidez.
Valencia, según dijo en el proceso, sostuvo con Ríos una relación afectiva de nueve meses y por eso habría accedido a colaborarle en el montaje de las pruebas apócrifas.
Ríos negó esa cercanía sentimental, alegó que no tuvo nada qué ver en el montaje y que ella actuó por cuenta propia, un argumento que el juez no creyó.
Los investigadores confrontaron con 504 llamadas telefónicas que se hicieron entre la pareja de agosto a diciembre de 2019, de hasta 41 minutos e incluso de noche. Como si fuera poco, en ellas, la mujer en unas comunicaciones lo trataba de “cariño” o “amor”.
En algunos apartes del proceso, Valencia asegura que todo se hizo con el conocimiento de Álvarez, el rector de entonces.
El juez exoneró a José Alberto Arbeláez —que en un tiempo tuvo casa por cárcel— por considerar que simplemente cumplió órdenes.
Contra el fallo cursan dos apelaciones por parte de la Fiscalía y el Poli, que se acreditó como víctima, porque consideran que no es justo que mientras Ríos puede pagar la pena en su domicilio, Valencia, quien habría sido instrumentalizada por él y colaboró con la Justicia, esté desde principios de este año en una cárcel.
EL COLOMBIANO contactó a Álvarez, quien salió en 2021 del Poli tras no ser reelegido y actualmente preside la Corporación de Dirigentes del Occidente Antioqueño. El exdirecivo afirmó haber conocido a Valencia un día en que acudió a la Rectoría en compañía de Ríos para mostrar las presuntas pruebas de la denuncia contra Gómez y los demás profesores y que sometió el asunto al Consejo Directivo: “Las acusaciones revestían mucha gravedad y por eso le dimos trámite a la Fiscalía porque sino me hubieran podido acusar de omisión”.
No obstante, dijo no haber tenido nada que ver con el montaje porque “es absurdo, no tiene sentido que un rector se preste para cosas ilegales y menos contra profesores de la institución”.
Así mismo, asintió que él sí denunció anta la Fiscalía que sufrió amenazas, lo hizo contra persona indeterminada, no contra ningún líder sindical. Y aunque, afirmó que no lo han llamado a declarar de la Fiscalía, dice que buscará adelantarse para explicar.
LA INSTITUCIÓN INVESTIGA 4 CASOS
Luego de la salida de Álvarez, el nuevo rector, Jairo Alexánder Osorio, hizo en marzo del año pasado un acto de desagravio con los miembros del sindicato que fueron víctimas del montaje, en lo que se llamó “Pacto por el Perdón y la Reconciliación”. “Les pedimos perdón, incluso antes de que saliera el fallo a su favor”, apuntó Osorio.
No obstante, en la institución educativa han surgido otras denuncias de presunto acoso sexual y en el momento se tramitan cuatro en la Mesa de Género que se creó para manejar estos casos. También hay un protocolo con el fin de proteger a víctima y hasta a presuntos victimarios mientras se determina su culpabilidad.
