El alcalde Federico Gutiérrez lanzó una propuesta que ha levantado una polvareda mediática: “En edificios y urbanizaciones familiares no se seguirá permitiendo el uso de apartamentos o casas para temas de arrendamiento de ciclo corto donde se dedican al tema de la explotación sexual y la prostitución en nuestra ciudad y no dejan vivir a los vecinos tranquilos”, dijo el mandatario. “Fico quiere prohibir los arrendamientos cortos en Medellín”, titularon varios medios nacionales.
Quizás alguien que no se escuchó la hora completa que duró el discurso del domingo en el Concejo pensaría que esta promesa de poner en cintura a los hospedajes que se contratan por medio de plataformas como Airbnb estaría relacionada con el aumento vertiginoso del precio de los arrendamientos y de la propiedad raíz en la ciudad a partir de la llegada masiva de turistas a la ciudad. Pero no, nada de eso. El objetivo es, según el Alcalde, prevenir la explotación sexual de niños niñas y adolescentes por parte de algunos extranjeros que vienen a la ciudad a abusar de las menores de edad.
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El anuncio lo hizo un día después de que el Concejo le aprobara la creación de la secretaría de Turismo y Entretenimiento, y dos semanas después de que las autoridades capturaran en la Floresta a un estadounidense llamado Dominick Divencenzo acusado de abusar sexualmente a menores de edad al interior del apartamento donde vivía.
Según reveló el portal El Armadillo, los vecinos del edificio llamaban unas 30 veces al mes a la estación de Policía del barrio para quejarse por las fiestas, el ruido y la cantidad de mujeres y adolescentes que entraban a diario al apartamento. Aunque las quejas de los vecinos y los llamados a las autoridades comenzaron desde el 2021 y pese a que desde entonces la Policía le amargó una que otra fiesta a Divencenzo, el hombre siguió haciendo de las suyas hasta el mes pasado.
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Algunas cifras para enmarcar la discusión: según la Asociación Turística y Hotelera de Colombia, Cotelco, con corte a diciembre del 2023 en Medellín había 5.900 hospedajes de todo tipo y de ellos solo 477, es decir el 8%, son hoteles y menos del 2% son hostales. La mayoría -3.449- son apartamentos turísticos. El 75% de los registros nacionales de turismo de Medellín corresponden a vivienda turística. Somos la meca del Airbnb en Colombia.
El caso de la captura en flagrancia de Divencenzo fue importante para el alcalde Gutiérrez, tanto así que apareció en la foto con el subcomandante de la Policía Metropolitana cuando este les informaba a los medios sobre los pormenores del operativo. Y es que precisamente ese caso sería el claro ejemplo de la propuesta que lanzó el mandatario en el Concejo: intervenir las residencias donde los turistas estén explotando niños, niñas o adolescentes. Algo que, por supuesto, no es nada que no esté ya contemplado en la ley. La diferencia, al parecer, es que las autoridades serán más exigentes para hacer cumplir la norma, y que la entidad que deberá garantizar que así sea será la Secretaría de Turismo y Entretenimiento.
Consultamos a la Alcaldía para conocer los detalles de la propuesta y respondieron que por el momento no iban a hablar al respecto puesto que ese “es uno de los aspectos a evaluar en la nueva secretaría de Turismo”.
Pero expertos del sector turístico, inmobiliario y hotelero coinciden en dos cosas: la primera es que están de acuerdo con atacar el flagelo de la explotación sexual en Medellín, y la segunda es que ya la norma es clara y exigente con las personas que arrienden sus viviendas para periodos cortos o por medio de plataformas y que no es nada nuevo que en apartamentos y casas residenciales no se puedan poner Airbnb´s. El problema es que la gente se pasa la norma por la galleta. Según un informe de esta misma administración, en la ciudad hay aproximadamente 1.700 hospedajes de este tipo que son irregulares.
Federico Estrada, gerente de La Lonja, lo explica bien: “No hay ninguna novedad ni una nueva prohibición, es que de hecho eso (el uso de apartamentos residenciales para renta corta) está prohibido a tal punto que para que una copropiedad o un edificio residencial tenga ese uso se necesita una autorización expresa en el reglamento de propiedad horizontal. Lo nuevo que está ocurriendo es que se está ejerciendo un control y vigilancia que celebramos por parte de la administración distrital”.
De manera que la respuesta corta es no. Por ahora el Alcalde de Medellín no ha hablado de prohibir, ni siquiera restringir, las rentas cortas, pues los arrendamientos que el Alcalde dice que va a prohibir son precisamente esos que ya están prohibidos pero que operan en la clandestinidad porque, como dice Sandra Restrepo, de la oficina de Cotelco en Antioquia, “no tienen letrero”.
De hecho, muchos de estos hospedajes irregulares ni siquiera se ofrecen por plataformas como Airbnb sino que se muestran por medio de redes sociales u otras páginas web menos reguladas.
Pero no basta con que la copropiedad tenga permitido en su reglamento los arrendamientos cortos para poder ofrecer el servicios. Ese reglamento debe estar aprobado por el 70% de la asamblea de la copropiedad y además debe estar en escritura pública. También, explica Restrepo, deben tener Registro Nacional de Turismo y el anfitrión debe reportar ante el Ministerio de Industria y Comercio la tarjeta de turismo con la información de los huéspedes que, en caso de ser extranjeros, también se debe reportar ante la Cancillería.
Por eso y porque además las aplicaciones de alquiler ya tienen herramientas para conocer la identidad de los huéspedes, rastrear sus tarjetas de crédito y hasta bloquear de las aplicaciones a aquellas personas que tienen alguna circular de Interpol es que al gremio de vivienda turística, por medio de plataformas digitales (Asohost), le parecieron “indignantes y estigmatizantes” las afirmaciones de Gutiérrez.
Juan Camilo Vargas, representante del gremio que tiene más de 1.600 asociados, asegura que repudian la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pero que “para superar ese tipo de delitos tenemos que desarrollar verdaderas estrategias para atacar ese flagelo, y si pensamos que una es asociar la vivienda turística con esos delitos estamos supremamente equivocados porque la vivienda turística es una actividad regulada, es una industria que está conformada en un 53% por mujeres y en un 17% por personas pensionadas que no abren sus espacios para desarrollar algo ilícito”.
