Afinia cada vez la está teniendo más difícil para no repetir la historia de Electricaribe. Tras cumplir cuatro años de operación, la filial del Grupo EPM que llegó con la promesa de rescatar el servicio de energía en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios de Magdalena está tambaleándose.
Las cifras no son alentadoras. Pese a embarcarse en una apuesta sin precedentes, que ha implicado desembolsos por más de $3 billones para enderezar una red obsoleta, EPM no ha logrado obtener ganancias de su nueva empresa y todavía no logra darle la vuelta a un problemático mercado en el que impera el fraude.
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En materia de pérdidas de energía, que reúne tanto las técnicas (asociadas sobre todo a infraestructura defectuosa) y las no técnicas (asociadas principalmente a conexiones piratas), Afinia cerró el 2024 con un indicador del 28,8 %, uno de los más grandes del país y que ilustra la precaria situación de ese mercado.
La compañía arrancó además este año con las cuentas jugándole en contra, tal como lo denunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuando le reclamó al presidente Gustavo Petro por la falta de compromiso del Gobierno Nacional para asumir una deuda de por lo menos $4 billones con todo el Grupo EPM por concepto de subsidios y el hueco que dejó el mecanismo de la opción tarifaria. En el caso de Afinia, esos dos mismos indicadores representan un faltante de $2,1 billones, desagregados en $695.000 millones por concepto de subsidios y $1,5 billones por concepto de la opción tarifaria.
Según trascendió entonces, de persistir ese faltante, Afinia podría quedarse sin flujo de efectivo para operar en cuestión de meses, teniendo su sostenibilidad en juego.
La situación volvió a poner sobre la mesa el adverso panorama que afronta esa filial, sobre todo luego de que su compañero de mercado, Air-e –que asumió la otra mitad de la operación de Electricaribe– fuera intervenida y pusiera otra vez bajo incertidumbre el servicio de energía en Atlántico, La Guajira, y la otra mitad de Magdalena.
Si bien Afinia ha logrado mantenerse en pie por cuenta de los constantes salvavidas financieros lanzados desde Medellín, la empresa advierte que los mismos problemas que tumbaron a Air-e y la otrora a Electricaribe la están haciendo tambalearse, sobre todo en cuanto a la imposibilidad de frenar el robo de energía, en una región en donde llegan las facturas más gruesas del país.
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Solo en el caso de Afinia, que tiene un universo de 1,8 millones de usuarios, se estima que aproximadamente un tercio, es decir 600.000, podrían estar defraudando la red, en un desangre mensual que la empresa calcula en por lo menos $62.000 millones y que hace inviable sostener una operación que sea rentable.
Desde 2024, Jhon Jairo Granada, quien gerenció por ocho años la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), y tiene más de 37 años de experiencia en el sector de los servicios públicos, fue designado como el encargado de sacar a Afinia nuevamente a flote, además luego del fin de una gerencia con gruesos señalamientos de corrupción en la era del exalcalde Daniel Quintero.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Granada se refirió a la situación de la compañía y qué estrategias se están implementando para enderezarla.
¿Por qué las pérdidas de energía que tiene Afinia son tan grandes?
“Primero arrancaría diciendo que en Colombia, la región Caribe es la que durante la historia ha tenido el mayor indicador de pérdidas de energía. Cada empresa mide su indicador, se calcula con el IPOR (Índice de Pérdidas del Operador de Red), que se reporta a la superintendencia mensualmente. Ese indicador de pérdidas suma las pérdidas técnicas, que son las que se dan en las redes eléctricas por su condición física —se incrementa la temperatura en los cables, en los conductores y ahí entonces se producen pérdidas de energía, por los empalmes, equipos—. Y también las no técnicas, que son el resto, principalmente por fraude, contrabando y conexiones ilegales, lo que se llama defraudación de fluidos en el Código Penal.
Nosotros estamos en este momento en aproximadamente un 28%, que es tal vez el indicador más alto en el país, aunque puede haber algunos municipios que tengan pérdidas mayores. Colombia está con un 14% en promedio, aunque hay empresas por los lados del 8%.
La situación es muy complicada de manejar y compleja por las variables que inciden en las pérdidas de energía. Uno tiene que ver con una región que tiene mucha pobreza monetaria, multidimensional y energética. El ingreso per cápita de las familias en la costa es distinto al del resto del país y hay una cultura que ha permanecido durante muchos años, en la que se volvió común conectarse ilegalmente”.
¿Y cuáles aportan más al consolidado de esas pérdidas, las técnicas o las no técnicas?
“De ese 28%, 11% corresponden a pérdidas técnicas y 17% son no técnicas”.
¿Y cuáles son los factores que explican que esas pérdidas sean tan altas, en comparación con el resto del país?
“De las técnicas tiene que ver con las condiciones de la red. Aquí hay una obsolescencia en las redes, una vetustez en la red, hay redes muy antiguas y no se hizo una adecuada inversión en los diez o veinte años anteriores a la llegada de EPM. Cuando se recibió esto hace cuatro años las condiciones de la red eran muy complicadas. Aquí llovía un poquito y se iba la luz en todas partes, eso ya no pasa, hemos mejorado mucho la calidad. En otras palabras, esas pérdidas técnicas, mientras más vieja esté la red, en peor estado, más pérdidas se dan, y esa es una situación en la que hemos mejorado, ya no hay tanta reclamación por calidad. Pero aquí ocurre algo y es que cuando usted mejora la calidad del servicio se le conecta más gente ilegal. Entonces, aunque se mejore en las pérdidas técnicas, se desmejoran las no técnicas.
¿En donde es más compleja esa situación?
“Nosotros atendemos 134 municipios en cinco departamentos y hay regiones muy críticas. En los departamentos el de mayores pérdidas es Cesar, le sigue Bolívar y el mejor es Sucre, es decir, este último es el que tiene mejor comportamiento en las pérdidas, menos fraude.Las pérdidas de energía del mercado de Afinia son 3.121 gigavatios hora por año (un gigavatio equivale a mil millones de vatios).
Por fraude son 163 gigavatios hora mensuales. Esa energía vale $62.000 millones mensuales por fraude”.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo hace poco que se comprometía a combatir el fraude solo si se bajaban las tarifas de energía, señalando que Afinia y la Creg ponían a los usuarios “a elegir entre comer o pagar la luz”, ¿qué opina?
“Nos pareció muy desafortunado el comentario que hizo el alcalde, porque es como justificar las conexiones ilegales por un tema de la tarifa, que no depende de Afinia”.
¿Siente que ese tipo de apreciaciones los deja solos en su tarea de recuperar el servicio de energía en la costa Caribe?
“Esto es de corresponsabilidad. Los alcaldes tienen mucho que ver en este asunto de coayudar con el tema de las comunidades, para que nos permitan trabajar. Aquí se presenta mucho bloqueo de cuadrillas y muchos ataques al personal nuestro, entonces de los alcaldes necesitamos ese respaldo. Y por ejemplo, en el tema de subsidios, que actualicen la estratificación”.
¿Cómo están en recaudo?
“Esta región es también la de menor recaudo con respecto al resto del país. Aquí estamos en un 78,3% de recaudo; es decir, que casi un 22% no nos paga, eso son $1.130.000 millones al año que dejan de recaudarse”.
¿Y por qué ocurre eso?
“Hay un asunto que tiene que ver con que las facturas, el consumo, es de 2,5 veces hasta 3 veces el consumo del resto de Colombia, por dos razones. Uno, por condiciones climatológicas, y dos, por el uso irracional del servicio. No hay eficiencia energética. La gente no cuida su consumo. Entonces se complejiza la situación, porque son facturas más altas. Otro factor muy importante es la pobreza. Estos departamentos tienen pobreza monetaria, muldimensional y energética altas. El ingreso per cápita es menor que en el resto del país, mientras el desempleo y la informalidad es mayor. Entonces, a facturas más altas y menor ingreso, eso incide en el recaudo”.
¿Qué se está haciendo para revertir esa situación?
“Venimos dándole facilidades de pago a la gente. Primero, con la cartera, tenemos un programa de cero intereses, no le estamos cobrando intereses en la factura por las deudas anteriores. También tenemos otro programa para que el usuario pague como pueda, es decir, que la gente pague semanalmente y no espere que se le acumule una factura. Otra cosa que estamos implementando es lo que hizo EPM en Antioquia, que es la instalación de medidores prepago, que ayudan a controlar el consumo y ahorran. Entonces el usuario puede pagar lo que va consumiendo y se genera una cultura de controlar el consumo”.
El gerente general de EPM, John Maya, hizo una visita a la región Caribe, ¿cuál fue el objetivo?
“Este viernes estuvo el gerente general, estuve yo y unos vicepresidentes de EPM para una reunión con gobernadores y alcaldes. La reunión tuvo el objetivo de generar un espacio de entendimiento de cuál es la situación que tenemos, porque tenemos una situación de caja muy complicada por la cartera, por los subsidios que nos debe el Gobierno Nacional y por el cobro de la opción tarifaria. También el objetivo es crear un plan de trabajo articulado y revisar las propuestas que tiene el grupo para abordar la situación de la prestación del servicio y cuál ha sido la evolución, los resultados y los desafíos de Afinia a mediano plazo”.
¿Y a cuánto asciende la cartera?
“La cartera total de los clientes es de $2,7 billones, desde cuando empezó Afinia a operar”.
¿Por qué las tarifas en la costa Caribe son tan altas?
“La causa es que cuando arrancó Afinia y Air-e el Gobierno Nacional dio un régimen transitorio tarifario para la costa, para que se animaran los operadores, porque no le resultaba novio a esto para operar y el Gobierno Nacional estaba encartado con Electricaribe. Entonces, para hacer atractivo el negocio, para que este se pudiera dar en las condiciones que establece la ley 142, de que haya sostenibilidad financiera, le dio un régimen tarifario especial. Ese régimen establece una pequeña diferencia en las pérdidas de energía, entonces ese diferencial, que ya se viene disminuyendo, es el que hace que la tarifa aquí en la costa sea un poco más alta que en el resto del país”.
¿Que tan factible es que Afinia se vea en una situación similar a la de Air-e?
“Hay ocho causales para que el Gobierno Nacional intervenga una empresa. Una de ellas, creo que la principal, es que no se cumplan con los compromisos mercantiles; es decir, que no se pague a los proveedores, a los generadores que les compra energía, que se empiece a incumplir. Nosotros no hemos caído en ninguna causal de esas. Venimos pagando los impuestos, la nómina a los empleados, a los proveedores, a los generadores que nos venden la energía. No hemos entrado en ningún incumplimiento, entonces no estamos en causal de intervención, ni la estamos pidiendo, ni la queremos. Pero como está la situación financiera, de caja de la compañía, por la falta de pago de los subsidios y la opción tarifaria nos tienen en una situación muy crítica”.
¿Es posible que la empresa se quede sin recursos para funcionar en dos meses?
“Yo no diría una fecha, pero si no se reciben esos dineros del Gobierno Nacional pendientes está en riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa”.
