Por primera vez, un contratista de la Secretaría de Educación habla de frente, sin temores, sobre las presiones a las que han sido sometidas las personas de esa dependencia para apoyar la candidatura a la Alcaldía de Albert Corredor, uno de los principales aliados de Daniel Quintero, y para manifestar apoyo público a la exsecretaria Alexandra Agudelo en el proceso judicial que cursa en su contra por el caso Buen Comienzo, que le valió una imputación de la Fiscalía.
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El jefe de núcleo puso a circular a través de grupos internos una fuerte carta dirigida a Corredor y a Agudelo, en la que les reitera que su única lealtad es con su conciencia y que no se prestaría para las irregularidades que consideran se cometen en la dependencia. Lo dicho lo reiteró en conversación con EL COLOMBIANO.
El relato es de Víctor Arteaga, jefe de núcleo de la comuna 1, Popular, cargo con el que acompaña a 20 rectores de ese sector de la ciudad (14 de colegios oficiales y 6 de cobertura). Con pruebas en mano, como lo han hecho los demás denunciantes siempre, contó que el viernes 2 de junio, día en el que se acaba el contrato que tiene vigente, sale de la Secretaría de Educación por no obedecer varias de las órdenes dadas y que no tenían nada qué ver con la función para la que lo contrataron.
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“No creo en Alexandra”
La historia de Arteaga ratifica lo que otros contratista de todo nivel han denunciado: presiones para apoyar las sancochadas barriales de Corredor en diciembre, interacciones en redes sociales para acompañar su campaña, instrucciones para recogerle firmas y para asistir a eventos proselitistas, muchas veces bajo la figura de obligatoriedad.
Pero también ratificó cómo los instaron, bajo el temor de perder los contratos, a sumarse a plantones y posicionar numerales en redes sociales, como #YoCreoEnAlexandra, ante decisiones de la justicia en su contra por el proceso que enfrenta, como la imputación o la medida de prisión domiciliaria, que levantaron porque renunció a su cargo, pero que no significa que haya sido absuelta de los cargos de los que se le señala.
Víctor Arteaga firmó contrato con la Secretaría el 1 de septiembre del año pasado para asumir como jefe de núcleo de la comuna Popular, una de las más vulnerables y pobres de Medellín. La propuesta le llegó a través de un líder comunitario de esa zona. Es uno de los 24 jefes de núcleo de la ciudad, de los cuales unos 9 son de carrera administrativa y los demás son contratistas.
Desde el principio, Arteaga manifestó con palabras y acciones que no se sumaría a las instrucciones que le dieran y que constituyeran irregularidades. Fue crítico de la forma como, según denunció, actuaba la exsecretaria para callar o mantener a línea a los rectores: agilizando peticiones como traslados de “docentes difíciles” o prometiendo inversiones con vigencias futuras en las instituciones.
Una situación de ese tipo lo llevó a presentar su renuncia el 4 de octubre, un mes después de comenzar, pero esta no se hizo efectiva: “Daniel Castrillón fue el emisario que Albert Corredor me mandó para decirme que siguiera en el núcleo”. Fue el mismo Castrillón quien le dijo también que asistiera a una reunión en el Club Unión, en la que habría otros jefes de núcleo y donde se tratarían temas proselitistas de Corredor. Arteaga no asistió.
Daniel Castrillón ha sido mencionado por otros contratistas como una de las personas que trabaja en el grupo de campaña de Corredor. Fuentes internas no supieron decir ayer si tenía aún contrato vigente con la Secretaría de Educación, pero por lo menos hasta enero de este año tuvo vinculación contractual. Hoy es una de las casi 11 personas que están bajo la lupa de la Procuraduría en una investigación que adelanta sobre este tema.
El caso es que Arteaga siguió desobedeciendo una y otra vez las indicaciones de Castrillón. Manifestó su desacuerdo con que rectores, psicólogos o auxiliares de los colegios bajo su jurisdicción recogieran firmas para el precandidato.
“No sé si lo hicieron por su cuenta, pero yo les dije que no recogieran”, indicó. Y contó, como la han dicho otras fuentes, que la instrucción de las firmas fue para personal de instituciones educativas de casi todas las comunas. Tampoco asistió a las constantes reuniones proselitistas a las que los han invitado desde que Corredor decidió aspirar a la Alcaldía ni recogió una sola firma él mismo.
Pero tal vez lo que más le jugó en contra es haber expresado que no podía apoyar a Agudelo cuando enfrenta un proceso de justicia que sigue abierto. Y tampoco les envió a los rectores de su jurisdicción los mensajes con los que se ordenó “rodear” a la entonces secretaria.
“Es una persona retirada de su cargo por una orden judicial, imputada por coautoría en cuatro delitos tan graves contra la administración pública y, peor aún, en directa relación con el presupuesto de Buen Comienzo, programa que garantiza la asistencia alimentaria mínima a los niños más vulnerables y necesitados de Medellín para que puedan continuar con sus procesos de educación, la misma educación de la que usted pregona ser pontífice máximo”, le dijo Arteaga a Corredor haciendo referencia a Agudelo.
“A mí no me es posible adherirme a la campaña #YoCreoEnAlexandra (lo políticamente correcto) porque, fruto de mi desafortunada experiencia con Martha (ese es el primer nombre de la secretaria) y por el único encuentro con ella sostenido, yo no creo en Alexandra (lo políticamente incorrecto)”, sostuvo el jefe de núcleo.
Entonces, desde hace varios meses, también por mensaje de Castrillón, se enteró de que Agudelo y Corredor querían sacarlo del cargo, pero no quiso hacerlo hasta que se cumpliera el tiempo legal del contrato actual, es decir, el 2 de junio próximo. Lamenta que la Secretaría de Educación funcione más como un negocio de política, en la que parece primar el interés de Corredor y Agudelo sobre el bienestar de los niños y las niñas de colegios como los de la comuna 1.
Y antes de irse decidió hablar de frente, con nombre propio, sobre lo ocurrido. La voz que muchos contratistas no pueden levantar porque temen quedarse sin trabajo.
