Indignación y preocupación causó la denuncia de 230 docentes que apoyan la atención a niños y niñas con discapacidad, trastornos de aprendizaje y talentos excepcionales de los colegios públicos de la ciudad y cuyos contratos no se han renovado, según les dijeron, por dificultades presupuestales.
Desde el pasado 13 de julio les informaron que la Secretaría de Educación no cuenta con el presupuesto para renovar los contratos que se vencieron este lunes, con lo cual, aseguran, quedaron a la deriva los procesos educativos de unos 13.900 estudiantes, según datos del sistema de matrículas Simat, con corte al 30 de junio.
Los profesionales forman parte de la Unidad de Atención Integral (UAI), uno de los programas más importantes de educación inclusiva y que opera en la ciudad hace 18 años. Por ello, desde que les dijeron que no había certeza de su continuidad empezaron a hacer preguntas para las que no encontraron respuestas concretas: ¿por qué no se cuentan con los recursos para garantizar la contratación?, ¿qué va a pasar con los niños, niñas, adolescentes y sus familias?, ¿cuál es la solución?
Esto los llevó a hacer un plantón este martes en la plazoleta de la Alpujarra para reiterar que siguen preocupados, no solo por sus contratos, sino también por el vacío que dejan en las instituciones educativas. Y así lo gritaron a las afueras de la Alcaldía, acompañados de pitos, pancartas, banderas, tambores y algunos padres de familia que también están en la incertidumbre.
¿Traslado presupuestal?
Unos minutos después de iniciada la manifestación, desde la Secretaría de Educación, dependencia a cargo del programa, ratificaron que la situación se debe a falta de presupuesto.
“Por situaciones presupuestales y que requieren de la aprobación del Concejo de Medellín, hoy podemos contratar y continuar con este ejercicio con 90 profesionales que puedan atender de manera inmediata las necesidades de la Institución Educativa Francisco Luis Hernández y Concejo de Medellín sin los cuales no podrían realizar su oferta educativa”, señaló Juan David Agudelo, secretario de Educación.
Otras fuentes de la Secretaría dijeron que, en concreto, se trata de la negativa del Concejo de Medellín de aprobar transferencias adicionales de EPM al Distrito por $330.000 millones, mismo argumento que dio hace unos días el alcalde Daniel Quintero ante la falta de graderías para el Desfile de Silleteros de la próxima Feria de las Flores. Así las cosas, Agudelo dijo que espera que el Concejo dé una solución pronta “para poder contratar otra vez” a los docentes hasta el cierre del calendario escolar.
Al respecto, el concejal Alfredo Ramos señaló que en la presentación del proyecto de transferencias de EPM la Alcaldía estableció una adición presupuestal de $1.236 millones para la Secretaría de Educación en la vigencia de 2023, pero que no incluyó el programa de la UAI. No obstante, desde la dependencia indicaron a este medio que el meollo del asunto está en que Quintero no puede hacer traslados presupuestales.
“El dinero de la UAI está en otro lado de la Secretaría de Hacienda, pero como el alcalde perdió las facultades para trasladar dineros, no ha podido trasladar la plata que le falta a la educación inclusiva para poder contratar. Si el Concejo aprueba o le da facultades para trasladar dinero, pues simplemente nos lo traslada y nosotros contratamos de inmediato a todos los profesores”, afirmó una fuente de la Secretaría de Educación.
A los profesionales que hoy están sin contrato no les cabe en la cabeza que se esté presentando esta situación con el presupuesto de un programa de la magnitud de la UAI, sustentado en normativas nacionales sobre atención a los estudiantes con discapacidad y en el Acuerdo 21 de 2005 que lo institucionalizó y estableció que la administración debe disponer de los recursos del Plan de Desarrollo para su funcionamiento.
“El hecho de que haya un contrato por cierto tiempo, se pare o se frene, implica la afectación de muchas familias, muchos docentes, muchos procesos. Estamos pidiendo que se respete el derecho a la educación inclusiva que tienen los estudiantes”, expresó Iris Cardona, una de las docentes de apoyo.
La labor de los 230 docentes de apoyo, que dicen desde la Alcaldía de Medellín que tiene el programa, es fundamental porque brindan asesorías, orientación, sensibilización y acompañamiento a los estudiantes que están en riesgo de exclusión, así como a sus compañeros de clase, docentes y familias para que entre todos se garantice la mejor ruta de aprendizaje. También se encargan de hacer remisiones de casos a las entidades de salud cuando es necesario.
Entre los beneficiarios hay niños y niñas con discapacidad visual, física, auditiva, autismo, trastornos de aprendizaje, déficit de atención, capacidades excepcionales o enfermedades, entre otras condiciones. La idea es que estas no sean causas para que el alumno vea vulnerado su derecho a acceder a una escuela inclusiva con dignidad y oportunidad.
Por ello, también acompañan a estudiantes migrantes, de población afrodescendiente, indígena y LGBTIQ+ que pueden estar en riesgo de exclusión. Esto implica, además, que aporten al respeto por la diversidad en las instituciones educativas para que no se den escenarios de discriminación.
Isabel Cristina Agudelo, madre de Luis Fernando, quien tiene síndrome de Tourette, dijo que antes eran una familia con muchos miedos, hasta que encontraron en la docente de apoyo de la Institución Educativa Benjamín Herrera, la posibilidad que llevaban buscando por mucho tiempo para integrarse al sistema educativo. “Gracias a la docente de apoyo mi hijo es feliz en la escuela, yo no puedo permitir que el colegio se quede sin la docente de apoyo, por eso estoy aquí”, señaló.
Por eso, el llamado que hacen a la Alcaldía de Medellín es a dar una explicación más completa sobre por qué los recursos de la UAI se habrían dejado a merced de adiciones presupuestales y qué van a hacer para garantizar pronto la contratación de los docentes de apoyo, de modo que continúen los procesos con los niños, niñas y adolescentes que han venido acompañando.
A los docentes los embarga la tristeza cuando piensan en que trabajan para derribar barreras y hoy están ante una de las más fuertes: la falta de presupuesto para operar el programa.
