Tras dos meses de investigaciones, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez destapó los primeros hallazgos de la auditoría forense emprendida por la nueva administración con la que se busca esclarecer las múltiples denuncias de corrupción que enlodaron la administración del exalcalde Daniel Quintero.
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Parado junto a una pila de folios en la que se reunía gran parte del material probatorio que ya es estudiado por los organismos de control, Gutiérrez señaló que fueron 501 los hallazgos de presunta corrupción que han venido documentándose entre 2020 y 2023, en un panorama que apenas podría ser la punta del iceberg.
Y es que aunque en el informe entregado este lunes aparecen escándalos que van desde los presuntos sobrecostos en compra de los computadores futuro, irregularidades en el presupuesto participativo, el negocio que intentó hacerse con el lote de Aguas Vivas y varios de los casos que ya aterrizaron en la justicia — como el de mantenimiento de las zonas verdes y el Parque de las Aguas—, la auditoría aún no ha empezado a escudriñar lo ocurrido en otras entidades con denuncias aún más gruesas, como es el caso de EPM, Emvarias, Afinia, Ruta N, Metrosalud, el Hospital General de Medellín y el Hospital Concejo de Medellín, entre muchas otros.
“Este es solo el principio, una parte. Mi responsabilidad como alcalde es reportar lo que hemos encontrado. Seguiremos adelante gobernando y resolviendo el desastre que encontramos”, expresó el mandatario, quien informó que como una medida para evitar que estos casos queden en la impunidad, la Alcaldía buscará constituirse como víctima. Esto con el objetivo de que el gobierno se vuelva un sujeto activo en los procesos judiciales que cursan o los que podrían iniciar, teniendo la potestad de asistir a audiencias e interponer apelaciones en caso de que, por ejemplo, se pida precluir los casos.
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Según precisó Gutiérrez, de los 501 hallazgos, 262 ya están en poder de la Procuraduría y la Personería de Medellín, 156 en manos de la Contraloría General de la República y la Contraloría de Medellín y otros 83 en manos de la Fiscalía General de la Nación.
A manera de avance, Gutiérrez se refirió a nueve casos gruesos que durante dichas investigaciones han emergido como los más graves, los cuales le explicamos a continuación.
1. Software para enseñar inglés fue contratado a dedo
La contratación a dedo que hizo la secretaría de Suministros y Servicios de un software para dar clases de inglés a estudiantes de colegios públicos es otra de las denuncias en contra de la pasada administración.
En este caso, dijo Gutiérrez, se pudieron haber violado las leyes de contratación pública, pues la administración justificó que era necesario un contrato de manera directa con un proveedor exclusivo, porque era el único que podía prestar este servicio, pero luego la Contraloría determinó que sí existían más oferentes que podían hacerlo.
“¿Por qué no se tuvieron en cuenta otros oferentes? ¿Quién salió beneficiado? Este es uno de los muchos casos encontrados en la Secretaría de Suministros y Servicios”, expresó el mandatario local ayer durante la presentación de las denuncias.
Este caso ya es conocido por la Fiscalía y Gutiérrez manifestó que están en proceso de constituir al Distrito como víctima en el mismo, con el fin de aportar mayores elementos. Además, están recopilando más pruebas para llevar ante Procuraduría y Contraloría.
2. Crearon código secreto para dar contratos a dedo en presupuesto participativo
Otro de los temas que incluyó el alcalde entre los hallazgos más relevantes de presunta corrupción es el del manejo de los recursos de presupuesto participativo, una estrategia que les permite a los ciudadanos priorizar los proyectos y programas que quieren que se ejecuten en sus comunas, tras lo cual se les asignan recursos públicos.
Una de las denuncias más graves al respecto tiene que ver con la presunta suplantación de identidades de personas para priorizar los recursos de presupuesto participativo. Según Gutiérrez, la auditoría forense les permitió inferir que en la pasada administración habrían utilizado, sin autorización, datos personales de ciudadanos en las votaciones virtuales, presuntamente, para direccionar los recursos a programas o proyectos específicos.
Este tema ya está bajo investigación de la Fiscalía y la nueva administración ha entregado las pruebas que le han requerido, entre ellas las de personas que han afirmado que aparecieron como votantes aunque no lo hicieron.
Pero entre los asuntos que se han hallado hasta el momento, uno de los más preocupantes es que se habría generado un “carrusel de la contratación” para favorecer a por lo menos 18 corporaciones con el direccionamiento de programas y proyectos.
“Esto está soportado en correos electrónicos y testigos, a través de códigos internos que identificaban las corporaciones que se debían contratar”, detalló el mandatario. Dichos códigos, añadió, se crearon entre 2020 y 2023 y formarían parte del diseño del presunto entramado para notificar internamente a cuáles de esas corporaciones debían dirigirse los contratos. Las instrucciones precisas sobre a quién entregar los contratos las daban personas de niveles directivos y todo se hacía por correos electrónicos no institucionales.
No obstante, Gutiérrez no quiso dar nombres de los contratistas que habrían sido favorecidos con esta presunta red de corrupción para no entorpecer las investigaciones. Pero sí dijo que, solo el año pasado, habrían recibido más de $25.000 millones, la mayoría distribuidos a través de las secretarías de Participación y Cultura, y el Inder.
Por ejemplo, en los últimos tres meses de 2023, el Inder ejecutó $16.000 millones por presupuesto participativo en implementos deportivos de los cuales hoy no hay razón, ni siquiera de sus soportes. A esto se suma que, presuntamente, la Secretaría de Participación y Plaza Mayor efectuaron pagos para eventos que nunca se realizaron. Y, como si fuera poco, las autoridades también deberán determinar si se usaron recursos de presupuesto participativo para financiar campañas políticas a la alcaldía de Medellín, tal como lo denunció una corporación.
Por estos hechos, se presentó denuncia penal para establecer si se cometieron delitos de peculado y celebración indebida de contratos.
3. Querían pagar $48.000 millones por lote hechizo a un particular
El negociazo que querían hacer con el lote Aguas Vivas, ubicado entre Las Palmas y El Poblado, que este medio reseñó en diciembre de 2021 y que terminó con la pérdida de ese bien por parte de la administración, es otra de las denuncias que el alcalde Gutiérrez incluyó en el paquete que entregó a las autoridades. Se trata de un terreno de 146.000 metros cuadrados, 5 veces la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
Gutiérrez recordó que en 2019, al final de su primera administración, se aprobó que ese terreno quedara a nombre del Distrito, a través de escritura pública, para entrar a formar parte del banco de tierras de la alcaldía que, entre otras cosas, sirve para compensar obligaciones urbanísticas. Así, quedó como propiedad de la alcaldía por un valor catastral de $2.711 millones. Es un lote en el que el POT prohibió la construcción de proyectos urbanísticos o comerciales y que estaba pensado como un sitio ecológico que funcionara como pulmón verde de la ciudad.
Pues la presunta irregularidad comenzó cuando, en 2020, desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial ordenaron someter el lote a un avalúo. “Esto no tendría por qué ocurrir en un predio que ya es propiedad de la alcaldía”, dijo Gutiérrez, quien explicó que, aun así, el lote terminó avaluado en más de $48.000 millones, es decir, 17 veces el valor catastral inicial.
Poco después se supo que unos particulares, los mismos que cedieron el lote a la alcaldía previos acuerdos, estaban reclamando una supuesta reparación por el lote y pedían por él $48.234 millones, cuando unos siete años antes esos mismos particulares lo compraron por $1.645 millones.
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Para esto, pidieron una conciliación en Procuraduría y, aunque un abogado de carrera de la alcaldía dio concepto negativo a la solicitud, en noviembre de 2021 un comité de la alcaldía, en el que estaban las secretarías General y de Gestión Humana autorizaron un pago por $40.509 millones al mencionado privado.
“Este acuerdo por $40.509 millones fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, calificándolo como ilegal. Paradójicamente, la subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público apela la decisión del Tribunal, en contra de los intereses del Distrito”, recordó el alcalde.
En septiembre de 2022, el Consejo de Estado le tumbó de forma definitiva el intento de negociar con el lote a la administración del exalcalde Daniel Quintero. En este caso el exsecretario de Gestión y Control Territorial Carlos Mario Montoya jugó un rol importante. Por ejemplo, fue quien avaló los argumentos de los particulares en discusiones internas aún contra el criterio de los expertos técnicos de la dependencia y así fue que la oficina encargada de la defensa en la secretaría General de la alcaldía aceptó conciliar por los $40.509 millones.
Y llama la atención que uno de los socios de Aguas Vivas en el pasado fue el exgobernador y exalcalde Luis Pérez, quien ha sido aliado personal y político de Quintero.
Pero la historia no acaba ahí. Luego de que el alto tribunal tumbara el negociazo, en octubre de 2022, mediante resolución, el subsecretario de ejecución contractual, le devolvió el lote al particular, ya valorizado en un 1.700% más de su avalúo inicial. A los pocos días, ese funcionario fue nombrado secretario General del Distrito.
Ese particular beneficiado con la devolución del lote es IDC Inversiones, el contratista al que en la alcaldía de Quintero le adjudicaron las obras de reconstrucción de la Biblioteca España.
Por todo esto, la alcaldía actual suministró pruebas a Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, con el fin de que investiguen si hubo lugar a los delitos de prevaricato, interés indebido de contratos y peculado.
4. Predio de funeraria no sirve para un jardín infantil
Otra denuncia de la que ya se había hablado es la de uno de los ítems del plan de infraestructura de Buen Comienzo para el cual se firmó un convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Entre los componentes del contrato está la gestión predial de propiedades privadas para adecuar o construir nuevos jardines infantiles.
Uno de esos predios que se acordó comprar, en noviembre de 2023, para lo cual se dejaron comprometidos $5.182 millones, pertenece a una funeraria y está ubicado en el barrio Jesús Nazareno. El costo de esta nueva sede, llamada proyecto Juan del Corral, ascendería a los $12.476 millones porque incluye también otros $7.315 millones de costos de obra e interventoría. Pero esto es un problema que representaría sobrecostos. Primero, porque el predio, dijo Gutiérrez, no es apto para la construcción ni el funcionamiento de un jardín infantil, en parte por la destinación que se le da en el marco del plan parcial de la zona. “Presuntamente violaron la normatividad asociada a la adquisición de predios, con recursos que debieron invertirse en uno de los programas que habían sido intocables en nuestra ciudad (Buen Comienzo)”, dijo el mandatario.
Por este caso, que ya había sido alertado por la nueva directora de Buen Comienzo Diana Carmona, la administración presentó la denuncia ante Personería y Contraloría y está recolectando más pruebas.
5. La “triquiñuela” con los “computadores futuro”
El programa bandera del alcalde Daniel Quintero para entregarle computadores a los estudiantes de los colegios públicos de Medellín terminó convirtiéndose en otra fuente de presuntos actos de corrupción.
En un expediente que ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación quedó consignado cómo un contrato que tenía un valor inicial de $80.000 millones y un plazo de ejecución inicial de siete meses que habían comenzado a correr a finales de 2021, terminó, gracias a varias adiciones y otrosíes, costando $118.000 millones y ejecutándose hasta el 31 de diciembre del año pasado.
La primera serie de presuntas irregularidades detectadas en la auditoría forense se remite a la etapa precontractual del proceso, cuando una primera empresa fue seleccionada como ganadora de una subasta inversa adelantada por la Secretaría de Suministros y Servicios, entonces a cargo de Karen Delgado.
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A dicha subasta se presentaron cinco empresas, identificadas como Uniples S.A.S., Sumimas S.A.S., Unión Temporal Nexcomputel, Nueva Era Soluciones S.A.S. y Colsof S.A.S, siendo la empresa Colsof S.A.S la que presentó la oferta más económica.
A pesar de ganar inicialmente, el distrito prontamente requirió a Colosof para explicar los valores que había ofertado en dicho proceso, tras considerar que existía un riesgo de que hubiese presentado una oferta artificialmente baja. Luego de establecer que las explicaciones de esa empresa no fueron suficientes, la Alcaldía terminó escogiendo a la segunda en la lista, identificada como Nueva Era Soluciones.
Sin embargo, a escasas semanas de firmar el acta de inicio, esta última empresa empezó a pedir pista para cambiar las condiciones técnicas pactadas para los equipos, argumentando que por la pandemia la adquisición de los equipos se había complicado.
Según denunció Gutiérrez, en medio de esos cambios, la Alcaldía terminó pagando $1.497.056 por equipos que inicialmente costaban $1.098.370.
“El contrato tuvo modificaciones en las especificaciones técnicas del producto después de ser adjudicado, apuntando a una presunta celebración indebida de contrato, presunto favorecimiento a una empresa oferente, presuntos sobrecostos por cerca de $38.000 millones, y un presunto peculado en favor de terceros”, expresó el alcalde.
6. Los $12.000 millones que se “tragó” la Clínica de la 80
En medio de la pandemia, la Alcaldía de Medellín terminó embarcándose en un proyecto con el que buscaba habilitar la antigua clínica de la liquidada EPS Saludcoop, ubicada sobre la Avenida 80, como un refuerzo a la red hospitalaria de la ciudad, entonces bajo alta presión.
De acuerdo con los hallazgos de la auditoría forense, el proyecto no solo le habría dejado millonarias pérdidas a la ciudad, sino que habría derivado en delitos como falsedad en documento público, peculado y suscripción de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Según señaló ayer el alcalde Gutiérrez, la primera de esas presuntas irregularidades partiría del solo hecho de que la Alcaldía no estaba habilitada para suscribir ningún contrato con la EPS en liquidación Saludcoop, ya que la misma tenía vigente un antecedente fiscal ante la Contraloría General de la República.
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“Una vez firmado este comodato, que en principio ni siquiera se podía firmar, la Alcaldía realizó adecuaciones en la infraestructura física de la clínica por un valor cercano a los $24.000 millones”, señaló Gutiérrez.
Tras invertir esa millonaria cantidad de dinero, y pese a insistir ante la opinión pública en que se avanzaba en un proceso para comprar la clínica y convertirla en una sede del Hospital General, la Alcaldía vio cómo la Clínica Vida se le adelantó y acordó la compra de esa infraestructura para la apertura de un hospital para pacientes oncológicos.
En medio de esa transacción, en vez de buscar un reintegro de los recursos gastados a Saludcoop en liquidación, la Alcaldía se embarcó en un proceso de negociación con la Clínica Vida, buscando venderle las adecuaciones ya realizadas con recursos públicos.
Con esta última entidad se terminó pactando un pago de $12.000 millones en 36 cuotas, mucho menos de lo invertido por el Distrito.
Además de esa diferencia, en la auditoría forense también se encontró una insistencia documental, que consistía en que esas adecuaciones tenían que contar con el permiso expreso de un comité de conciliación de la Alcaldía.
Pese a que dicho visto bueno nunca se habría dado, según quedó plasmado en un acta del 11 de mayo de 2022, las secretarias de Salud, General y de Suministros luego fueron a una notaría a certificar que dicha aprobación se habría dado, en lo que configuraría una presunta falsedad de documento público.
7. Un contrato iba a “chatarrizar” los recursos públicos
En mayo de 2022 salió a la luz pública un controvertido contrato adelantado por la Alcaldía para la venta de más de 50.000 vehículos acumulados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín que fueron clasificados como chatarra.
La nuez del lío radicó en que desde el gobierno Distrital se aprobó inicialmente que dicha chatarra fuera vendida en cerca de $98 el kilo, cuando los valores del mercado estipulaban entonces que un kilo de ese material rondaba los $1.600 el kilo; esto es más de un 1.000% más.
“Una montaña de más de 50.000 vehículos acumulados en los patios de la Secretaría de Movilidad por chatarrizar, es el producto de un despropósito contractual, en donde se adjudicó un contrato por $2.038 millones a una empresa, cuando en realidad se debió haber vendido por $33.280 millones, de acuerdo con precios del mercado”, expresó ayer el alcalde Gutiérrez.
Pese a que cuando el escándalo estalló la Contraloría decidió intervenir en el contrato y la Alcaldía le puso el freno de emergencia al mismo suspendiéndolo, la fallida venta continuó siendo un dolor de cabeza para el gobierno de Medellín, dado que el privado que había sido escogido decidió demandando al Distrito por una suma cercana a los $35.000 millones.
De igual forma, el alcalde denunció que por culpa de ese frenazo en el contrato, la chatarra sigue acumulándose en los patios, lo que hace imposible ubicar allí más vehículos.
“¿A quién beneficiaba vender la chatarra a un precio irrisorio? En este caso, estamos en proceso de constituirnos como víctimas. Y aportamos pruebas a Contraloría, Fiscalía y Personería”, expresó el mandatario distrital.
8. Los $22.000 millones que se “ahogaron” en el Parque de las Aguas
Uno de los casos más sensibles incluidos en el listado presentado ayer por el alcalde Federico Gutiérrez es el de la presunta corrupción en el Parque de las Aguas, por el que ya hay por lo menos dos antiguos alfiles del exalcalde Daniel Quintero ya imputados ante la justicia presuntamente por desangrar las arcas públicas de la ciudad.
“Con recursos públicos del Área Metropolitana a través de Metroparques se firmaron contratos para el mantenimiento del Parque de Las Aguas cercanos a los $22.000 millones. Allí se evidencia un presunto carrusel de contratistas sin experiencia ni idoneidad”, señaló Gutiérrez.
En enero pasado, cabe recordar que este caso ya tuvo una audiencia de imputación de cargos que duró más de tres horas, en la que la Fiscalía aseguró tener pruebas de que se habría construido un entramado corrupto cimentado en tres convenios interadministrativos firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques.
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A través de dichos convenios, la Fiscalía consideró que desde Metroparques se habría aprovechado para evadir los principios que rigen la contratación pública, generando que por menos $4.500 millones quedaran concentrados en tres empresas, identificadas como Comercializadora Jpino S.A.S., 1 Soluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro S.A.S.
Mientras la Comercializadora Jpino recibió contratos por $2.415 millones, 1 Soluciones contratos por $1.313 millones, Estructuras Zafiro recibió contratos por $848 millones.
Según se conoció entonces, los representantes de esas tres empresas aparecían identificados a su vez como Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamileth Galindez Chilito y Fabio Miguel Mestra Espitia, respectivamente.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la Fiscalía para demostrar dicho entramado consistió en la existencia de varios vasos comunicantes entre esas organizaciones, expresados en fenómenos como la presencia simultánea de varias personas naturales en esas empresas, así como otras movidas contractuales.
Dentro de las conexiones más relevantes estaría por ejemplo el caso de 1 Soluciones, que habría sido creada por una hermana Juan Alexander Pino en mayo de 2021 y luego habría sido vendida a su actual representante legal, Yamileth Galindez Chilito, que su vez habría estado vinculada en el pasado con la empresa Jpino.
En enero pasado, la Fiscalía también sostuvo que la familia Pino tendría incidencia en el funcionamiento de la empresa Estructuras Zafiro, por cuenta de una mujer que habría manejado la parte contable y del personal.
Además de estas presuntas acciones coordinadas, la Fiscalía señaló que Metroparques también habría avalado entregar esos contratos de mantenimiento a pesar de que las empresas no tendrían la experiencia requerida.
En este punto uno de los señalamientos más gruesos recayó sobre la empresa Jpino S.A.S., que en 2019 se creó como una sociedad para la comercialización de productos textiles; una tarea bastante alejada de las labores de mantenimiento de un parque acuático.
En sus propias redes sociales, dicha empresa aún mantenía en línea en enero publicaciones en las que promocionaba varios de sus tejidos y telas.
Además de estos indicios, la Fiscalía aseveró que en la ejecución del contrato se presentaron sobrecostos en la compra de insumos como cloro, reflectores, elementos de bioseguridad, entre muchos otros, que habrían servido para desviar los recursos públicos.
Junto a los tres representantes legales de esas empresas, en medio del proceso también fueron imputados los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez Castañeda. Todos los implicados se declararon inocentes y no aceptaron los cargos.
“En el presente caso se configuran presuntamente los delitos de: asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación, y uso de documento falso”, expresó ayer el alcalde Federico Gutiérrez, añadiendo que las pesquisas de la auditoría forense también fueron remitidas a la Personería de Medellín.
9. Por contratos a dedo, jardines se volvieron rastrojos
Otra de las denuncias que empaquetó Gutiérrez en contra de la pasada administración fue uno de los primeros escándalos que tuvo Quintero y que aún hoy los ciudadanos recuerdan porque terminó con un retroceso en el cuidado y el mantenimiento de las zonas verdes y jardines de la ciudad.
Comenzó cuando la alcaldía anterior le quitó al Jardín Botánico, entidad sin ánimo de lucro, los contratos que históricamente había tenido para este fin y se los entregaron a operadores que no contaban con la idoneidad ni la experiencia requeridas para cumplir esa tarea.
Gutiérrez recordó que entre los hallazgos graves de este tema están la celebración del contrato de mantenimiento de zonas verdes del Distrito por $5.250 millones solo en 2020, con una entidad sin experiencia y que fue elegida por medio de invitación privada a través de Metroparques, con lo que habrían incurrido en contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Este hecho ya está bajo investigación hace varios meses y la Fiscalía General imputó a dos exfuncionarios y un contratista, quienes no aceptaron los cargos. Las personas que enfrentan a la justicia por estos hechos son Natalia Urrego, exsecretaria de Infraestructura; Jorge Liévano, exgerente de Metroparques; y Luz Eliana Henao, representante de Reforestadora El Líbano, empresa que está ligada a otras de las que se quedaron con los contratos de mantenimiento.
En la imputación que hizo el fiscal del caso indicó que en 2020 Metroparques —dirigido en ese entonces por Liévano— hizo las invitaciones privadas a tres empresas de la familia Henao, ligados a la Reforestadora El Líbano, para adjudicar el contrato en convenio con la Secretaria de Infraestructura Física de Medellín.
El ente acusador tiene pruebas que demostrarían que hubo un presunto direccionamiento que habría tenido visto bueno de Henao, Liévano y Urrego. También podría demostrar que existían lazos de amistad y de afinidad política entre la familia Henao, los políticos liberales del Suroeste antioqueño y Daniel Quintero, hechos que según el fiscal fueron determinantes para realizar el presunto acto ilícito.
Ahora, el alcalde Gutiérrez sostuvo que el Distrito se constituyó como víctima en este caso y que aportarán los elementos que sean requeridos para la investigación. “Igualmente, reclamaremos el daño patrimonial causado a la administración”, puntualizó el mandatario local.
