Un puñado de altos funcionarios y exfuncionarios de la era del exalcalde Daniel Quintero terminaron encontrando en la Alcaldía de Medellín una plataforma ideal para acceder a millonarios créditos de vivienda de cuenta de las arcas de la ciudad.
Sin importar su vinculación con múltiples denuncias que han surgido durante los últimos años, varios alfiles del exmandatario que llegaron al Distrito en condición de funcionarios de libre nombramiento y remoción –muchos incluso ya por fuera del gabinete– aparecen en los listados oficiales de dicho programa.
Si bien la postulación y acceso de dichos funcionarios a esos créditos no revestiría una infracción a la ley, el programa ha quedado bajo escrutinio público por cuenta de varios factores que despiertan suspicacias, que van desde situaciones como que la secretaria de Gestión Humana de la Alcaldía, Ingrid Vanessa González Montoya, aparezca como una de las beneficiarias de los préstamos (pese ser ella misma la funcionaria que encabeza el comité que se encarga de aprobarlos o negarlos) y hasta casos puntuales de varios funcionarios que luego de recibir el desembolso de los mismos salieron en desbandada.
En el radar también aparece un polémico acuerdo que este año aprobó el Concejo de Medellín, liderado por la secretaria González Montoya, en el que las condiciones de esos créditos, que de entrada ya eran blandas en comparación con la banca comercial, fueron cambiadas para ser todavía más favorables.
Préstamos a manos llenas
La polémica por el manejo del programa de crédito de vivienda de la Alcaldía salió a flote a mediados de este año, luego de que el concejal de Medellín Alfredo Ramos Maya hiciera pública la respuesta a un derecho de petición del 23 de mayo en el que la Secretaría de Gestión Humana de Medellín hizo un corte de cuentas de dichos créditos durante el último cuatrienio.
De acuerdo con las cifras entregadas por esa dependencia, entre 2020 y el primer semestre de 2023, el Distrito había recibido por lo menos 1.582 solicitudes de créditos, cuya cuantía ascendía en mayo a los $302.456 millones.
Dado que el programa está dirigido a todo tipo de servidores de la Alcaldía, que van desde los técnicos de vieja data hasta trabajadores oficiales, durante dicho periodo el reporte de Gestión Humana daba cuenta de que, de esas solicitudes, 820 correspondían a funcionarios de carrera administrativa, 311 a funcionarios en calidad de provisionalidad, 35 a trabajadores oficiales, 12 a pensionados y 42 a funcionarios de libre nombramiento y remoción.
De ese total de 1.582 solicitudes, los datos daban cuenta de que 1.244 fueron aprobadas, solo 245 fueron rechazadas y 93 estaban en proceso de aprobación para esa fecha.
En medio de ese mar de solicitudes, Ramos preguntó concretamente por los préstamos aprobados para los funcionarios de libre nombramiento y remoción, recibiendo como respuesta un listado con los nombres de 17 funcionarios y exfuncionarios.
El nombre más importante de la lista es el de la propia secretaria Ingrid Vanessa González Montoya, que de acuerdo con el documento tuvo la bendición de su propia secretaría para acceder a un crédito de $204 millones, aprobado el 7 de octubre de 2022 y que a la fecha de emisión del documento oficial estaba en proceso de legalización.
En aquel momento, tal como lo registró EL COLOMBIANO, al tiempo que González estaba a la espera del desembolso de su crédito impulsaba en el Concejo un controvertido proyecto de acuerdo en el que se proponía reducir las tasas de interés de esos créditos, subir los montos máximos permitidos y eliminar otras restricciones, como una que exigía que quienes accedieran a los mismos debían habitar en la vivienda comprada por cuenta de ese programa. Sin importar las alertas que entonces se levantaron, la iniciativa fue sancionada el 29 de junio como el Acuerdo Municipal 83, bajando las tasas de interés de un 3% a un 1,5% anual, subiendo los montos máximos permitidos de 98 salarios mínimos mensuales municipales vigentes (SMMMV) hasta los 125, y modificando el artículo que obligaba al grupo familiar del beneficiario habitar el inmueble financiado con los recursos públicos de Medellín.
Al ser consultada sobre esas modificaciones, la secretaria González argumentó en una respuesta escrita no tener supuestamente ningún conflicto de interés, aduciendo que esas modificaciones se habían impulsado por pedido de los sindicatos de la Alcaldía.
“No hice parte de ese comité, en mi representación asistió la subsecretaria de Gestión Humana, quien por competencias es integrante natural, pero se apartó a la hora de decidir sobre mi crédito, tal como consta en la respectiva acta”, expresó también González al ser interrogada por esa peculiar situación en la que ella aparece como líder de la secretaría que otorga los créditos y era beneficiaria de los mismos de forma simultánea.
Además de González, otros funcionarios de libre nombramiento y remoción no desaprovecharon la oportunidad de sacarle créditos a la Alcaldía. Según se lee en el listado aportado por la propia administración distrital, aparecen nombres como el de Alethia Carolina Arango Gil, Diana Cecilia Ramírez Alvarez, Daniela Cardona Duque, entre muchos otros.
En el caso de Arango Gil, por ejemplo, los registros muestran que obtuvo un crédito por $204 millones, aprobado 7 de octubre de 2022 y que estaba en proceso de legalización para el momento de la elaboración del oficio de Gestión Humana.
Además de ser recordada por ser directora del Dagrd al comienzo del cuatrienio, Arango Gil también pasó por otros cargos, entre los que se destaca la subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público, desde donde, paradójicamente, protagonizó una controversia porque un par de vehículos del Distrito asignados a su servicio estaban siendo usados para diligencias personales, pese a ser pagados con recursos públicos para garantizar el cumplimiento de sus funciones públicas.
En una acalorada discusión que se produjo entonces en el Concejo de Medellín, se hicieron públicas las planillas en las que se consignaban los desplazamientos de esos vehículos oficiales a sitios como Ciudad del Río, la Loma de San Julián y La Aguacatala a tempranas horas de la mañana y no a su oficina en La Alpujarra.
Sin importar esas polémicas, y de paso ya con su crédito de vivienda aprobado, Gil salió de la Alcaldía y en mayo de este año aterrizó en el gobierno Petro, siendo nombrada como subdirectora para la Reducción del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Por su parte, Ramírez Álvarez y Cardona Duque, quienes vieron aprobadas sus solicitudes, igualmente abandonaron luego sus cargos.
Mientras Ramírez Álvarez, hermana del exsecretario de Inclusión Social Juan Pablo Ramírez (gerente de campaña a la Alcaldía de Juan Carlos Upegui), tuvo la aprobación de un crédito de $204 millones en octubre de 2022. Un mes después, el 29 de noviembre de 2022, abandonó su cargo como asesora en la Alcaldía, según reposa en los registros del Sigep.
De igual forma, Cardona Duque, quien se desempeñaba como gerente de Movilidad Humana, obtuvo un crédito por igual cuantía al de Ramírez, que fue desembolsado el 16 de mayo pasado, mucho después de que en octubre de 2022 se conociera de su salida de su cargo para aterrizar en la Alcaldía de Itagüí.
Para conocer su versión sobre esta situación, este diario consultó con la Alcaldía de Medellín desde el pasado viernes 10 de octubre, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
