Al ya enredado proyecto para construir el metro de la 80 le salió un nuevo chicharrón. Además de un hueco de por lo menos $1,1 billones, compuesto por un desfase financiero y varios intercambios viales que no fueron contemplados en los contratos, el proyecto ahora tiene el riesgo de quedarse sin uno de sus contratistas.
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Este último lío viene por cuenta de la multinacional portuguesa Mota-Engil, que el pasado 2 de mayo fue imputada en medio de un proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría General de la República a raíz del escándalo de los colegios financiados con recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media (FFIE), en hechos ocurridos durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Aunque este caso ya venía acechando a esa firma desde hace más de cinco años, siendo uno de los principales reparos que salieron a flote cuando las obras del metro fueron adjudicadas, el panorama ahora se muestra cuesta arriba para esa compañía.
En un auto de 4.398 páginas, en el que ese ente fiscal revisó a fondo lo ocurrido con 541 obras educativas en las que se comprometieron $3 billones de la Nación y entes territoriales, dos empresas del grupo Mota-Engil fueron mencionadas en diez imputaciones, avaluadas en $26.592 millones.
Para las obras del metro, que fueron entregadas a una unión temporal compuesta por las empresas CRRC (Hong Kong) Co. Limited, Mota-Engil Colombia S.A.S. y Mota-Engil Engenharia e Construção S.A. Sucursal Colombia, el dolor de cabeza viene por cuenta de esta última, que es precisamente la vinculada al proceso de responsabilidad fiscal.
Si bien la imputación es un paso de un proceso en curso que contempla dos instancias, y que luego podría escalar a la rama judicial, la actuación mostraría cada vez más cercada a la compañía, que en caso de ser encontrada responsable podría ser reportada en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría e inhabilitada para contratar con el Estado.
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El escándalo que salpica a Mota- Engil se remonta a comienzos de 2019, cuando varias empresas del sector de la construcción señalaron a esa multinacional de haberlos dejado al borde la bancarrota en medio de un ambicioso proyecto de infraestructura heredado del gobierno Santos.
Las primeras denuncias quedaron plasmadas en investigaciones periodísticas de medios como W Radio y La Patria de Manizales, que documentaron cómo varias de las 541 obras contratadas en el marco de ese programa tenían graves retrasos, problemas de infraestructura o estaban abandonadas a su suerte.
Aunque al caso luego se vincularon por lo menos 56 personas y empresas, una de las más cuestionadas fue Mota-Engil, por ser uno de los contratistas con más recursos asignados y con trabajos en departamentos como Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena y San Andrés.
Cuando los señalamientos coparon los titulares de los medios, la Contraloría declaró el 18 de enero de 2019 el caso como de impacto nacional, el 30 de enero abrió una indagación preliminar y el 29 de noviembre de ese mismo año abrió un proceso de responsabilidad fiscal.
En aquel entonces, el ente aseguró que en muchas de esas obras no había trabajadores, faltaban materiales y equipos, los avances se habían estancado, habría obras en las que los valores cobrados superarían los realmente ejecutados, se habrían contratado interventorías con costos desproporcionados, entre muchos otros.
En el capítulo antioqueño del caso, compuesto por cerca de 39 colegios con problemas denunciados, Mota-Engil fue señalada de dejar obras a medias o paralizadas; un señalamiento que la firma rechazó y endilgó a problemas con el FFIE, aduciendo que este se había rezagado en dar las órdenes de inicio y asfixiado financieramente a las obras.
A nivel nacional, la empresa tenía un total de 252 proyectos, 31 presuntamente con atrasos de al menos el 10%, 27 con rezagos de entre el 10% y 20% y 192 colgados en más del 20%, según se calculó en informes preliminares en 2019.
Tras cinco años de investigaciones, en los que muchos de estos colegios fueron terminados, la Contraloría calculó un presunto detrimento de $74.287 millones a todos los implicados, $26.592 millones atribuidos a Mota-Engil.
Según se lee en el auto de imputación, luego de la notificación del mismo la Contraloría le dio un término de diez días a los implicados para entregar sus descargos, que serán evaluados con miras a la emisión de un fallo.
Según explicó Ricardo Hoyos, exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado, además de esperar las dos instancias que caracterizan estos procesos, en caso de ser declarados responsables, todos los implicados podrían aún acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en busca de una revisión.
No obstante, tal como ocurrió en casos como el de Hidroituango, de quedar en firme la culpabilidad, las filiales de Mota-Engil vinculadas podrían quedar inhabilitadas para contratar con el Estado, poniendo en vilo proyectos como el del metro de la 80.
Al ser consultados sobre el tema, desde el Metro de Medellín se señaló que dicho auto se está estudiando para conocer los riesgos e implicaciones sobre la obra.
Este diario también consultó con Mota-Engil, que hasta el cierre de esta edición no se pronunció.
