Centenares de estudiantes, profesores, empleados y egresados de la Universidad de Antioquia se citaron en la mañana de este jueves para hacer una manifestación en la que le exigen tanto al gobierno local, como al regional y nacional mayores recursos ante la grave situación financiera que está atravesando.
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Aunque las autoridades no han dado un reporte oficial al cierre de la tarde de este jueves, la información preliminar da cuenta de que fue una manifestación pacífica, en la que se levantaron arengas y exigencias en pro de una mayor inversión para la Universidad Pública más importante de los antioqueños y una de las más grandes del país, que justamente esta semana celebró 221 años de historia.
La manifestación estaba convocada para las 10:00 a.m. en el parque de los deseos y desde allí se manifestaron, vestidos casi todos de blanco, hasta el centro administrativo La Alpujarra. De allí, algunos manifestantes siguieron hasta el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
Hay que recordar que en la marcha no solo estaban participando la comunidad de la UdeA sino de otras cuatro instituciones educativas públicas que se unieron en solidaridad, como el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor y el Poli.
“La Universidad de Antioquia se moviliza hoy por presupuesto y dignidad, porque pública la recibimos y pública la devolvemos. Federico Gutiérrez, Andrés Julián Rendón y Daniel Rojas (ministro de Educación), los estudiantes les están hablando, piden soluciones”, escribió en su cuenta de X el concejal del Pacto Histórico, José Luis Marín.
La Universidad se encuentra en una profunda crisis financiera que arrastra desde hace varios años porque aunque los gobiernos, principalmente en nacional, cumplen con girar los recursos a los que los obliga la Ley 30, estos no son suficientes para cubrir la expansión y los gastos que tiene la Universidad, donde no solo se amplía la cobertura todo los años sino que los profesores cada vez se especializan más y por ende cobran más.
Además, el panorama no pinta esperanzador en el corto plazo ante la oposición de perspectivas de la crisis que hay entre el gobierno nacional por un lado, y la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia por el otro.
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Mientras desde el departamento dicen que la solución más urgente es tomar medidas de austeridad y, entre otras cosas, recortar la planta de profesores de cátedra hasta en un 50% y aumentar las horas que los profesores de planta dedican a la docencia; desde el gobierno nacional rechazan esas medidas y le piden tanto a la gobernación como a la alcaldía que hagan como ha hecho la nación y aumente las transferencias a la Universidad incluso por encima de lo que exige la norma.
Hace una semana, la comunidad universitaria citó a una asamblea al ministro de Educación Daniel Rojas, al alcalde Federico Gutiérrez y al gobernador Andrés Julián Rendón para buscarle salidas al problema. Sin embargo, ni Rendón ni Gutiérrez asistieron. Desde la gobernación dijeron que no tenían espacio en la agenda y el alcalde Gutiérrez dijo que no lo habían invitado, aunque un artículo de La Silla Vacía dejó en evidencia que el mandatario sí había sido notificado con días de antelación.
Entre las posibles soluciones que salieron de esa asamblea en la que estuvieron miembros de la bancada antioqueña en el Congreso es que la Alcaldía de Medellín medie con EPM en la aprobación de tarifas diferenciales en servicios públicos, tal como sucede en Bogotá con la Universidad Nacional, que es estrato cero, lo que le genera unas reducciones importantes en los costos.
Rojas también dijo que el Gobierno valora positivamente la propuesta de la bancada de congresistas para interceder ante el Ministerio de Hacienda para que la universidad pueda acceder a créditos blandos otorgados por entidades financieras del Estado. La otra iniciativa que ve con buenos ojos es lograr, en colaboración con la Agencia de Renovación del Territorio, modificaciones en el Manual Operativo de Obras por Impuestos, para que las universidades públicas puedan beneficiarse de este mecanismo.
Sin embargo, la conversación entre las autoridades locales y el Gobierno nacional no parece fluida y dispuesta a llegar a una concertación.
