El gobierno que tome las riendas de la Alcaldía de Medellín durante el próximo cuatrienio entrará con las finanzas jugando en su contra.
A pesar de que durante los últimos años los ingresos del municipio han crecido de forma sostenida y para el próximo periodo se augura que las transferencias de EPM sigan creciendo, una movida presupuestal que hasta ahora había pasado de agache obligará a los próximos gobiernos a meterse la mano al bolsillo por lo menos hasta 2029 para resolver un “chicharrón” que dejará la administración saliente.
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El problema, que puede constatarse al revisar la letra menuda de la ejecución presupuestal de la Alcaldía con corte al cierre de 2022, está en los fondos pensionales de los empleados del municipio, cuyas metas de financiación vienen cerrando en saldos rojos desde 2020 y obligarán a las próximas administraciones a apretarse el cinturón.
Las claves del lío
Para comprender en qué consiste el problema hay que partir de que, como cualquier otra organización, la Alcaldía de Medellín está en la obligación de garantizar los pagos a los servidores y funcionarios que alcanzan su jubilación.
Al ser una entidad pública, ese proceso está regulado por la Ley 549 de 1999, en la que se establecen las reglas de juego para respaldar dichas obligaciones.
En el caso de Medellín, la ciudad tiene un patrimonio autónomo que, a su vez, se complementa con ahorros en el Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales), que consiste en un gran fondo a nivel nacional con el que se cubren esos pagos a nivel local.
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Dicho proceso es tan importante que en el mismo plan de desarrollo, los aportes a ese patrimonio autónomo están consagrado como un “proyecto prioritario” e incluso se fijan metas mínimas por año, sobre todo con miras a cumplir las exigencias legales.
Tal como se reseñó en el marco fiscal de mediano plazo más reciente (que cubre el periodo 2023 - 2032), la norma obliga a que antes de 2029 las entidad públicas deben cubrir el pasivo pensional en un 100%.
Según los datos de la Unidad de Fondos de la Secretaría de Hacienda, para 2020 mientras el pasivo pensional del distrito estaba en $2,9 billones, los aportes iban en $1,2 billones, dando cuenta de una cobertura del 42,8%.
Buscando saldar esa brecha, el plan financiero que quedó plasmado en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023, fijó como meta para el distrito inyectar aportes de por lo menos $236.166 millones.
Piedad Patricia Restrepo, vocera de la Veeduría Todos por Medellín, alerta que según se desprende de la ejecución presupuestal de la Alcaldía, las metas no se cumplieron durante los últimos tres años.
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“El gran pero en la gestión presupuestal de la Alcaldía está en lo que se denomina bonos pensionales Tipo A y B que, en resumen, consisten en un patrimonio autónomo que la ciudad tiene para honrar sus compromisos con los pensionados que han trabajo en el municipio. Esto es muy relevante, porque ese patrimonio autónomo está desfinanciado”, advierte, señalando que de los $236.166 millones proyectados, la Alcaldía solo había puesto $46.996 con corte a 2022, lo que equivale a un avance de apenas el 19,9%.
Según se detalla en el capítulo de gestión financiera y fiscal incluido en el informe de gestión 2022, durante los últimos tres años la Alcaldía aportó menos de lo planeado.
Mientras en 2020 la meta era inyectar $54.673 millones, la Alcaldía solo puso $35.372. De igual forma, en 2021, el Distrito solo aportó $10.518 millones de $57.473 millones prometidos, y en 2022 apenas aportó $1.105 millones de $60.439 millones prometidos.
Según alerta Restrepo, el lío para las siguientes alcaldías será que no solo tendrán que ponerse al día con el rezago que dejó el último gobierno, sino que también deberán hacer sus correspondientes aportes, en una reacción en cadena que en plata blanca afectará directamente el margen para hacer inversiones.
“Eso para resumir significa que esta deuda se le está pasando al siguiente gobierno. Según el marco fiscal de mediano plazo la administración que llegue va tener que capitalizar ese patrimonio autónomo en casi $1 billón, lo que equivale prácticamente a multiplicar por cuatro lo que este gobierno debía poner”, dice Restrepo.
“Eso llevará a que la ciudad esté más endeudada, porque dejó de financiar este patrimonio, en lo que es una falta de compromiso con los pensionados”, añade.
Para conocer su versión sobre el tema, este diario consultó a la Secretaría de Hacienda para conocer las razones por las cuáles no se cumplieron esos compromisos, qué gastos fueron priorizados y por qué se dejaron esos aportes al próximo gobierno.
Hasta el cierre de esta edición, esa dependencia no entregó ninguna respuesta.
