En medio de un clima de tensión política, las recientes elecciones presidenciales en Venezuela han traído consigo no solo un aumento en las protestas, sino también una alarmante serie de denuncias sobre la anulación de pasaportes a periodistas y activistas de derechos humanos. Según la asociación civil Espacio Público, al menos 16 casos han sido documentados, afectando a aquellos que se atreven a alzar su voz en un país donde la libertad de expresión está cada vez más bajo amenaza.
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Carlos Correa, director de Espacio Público, señaló al medio de comunicación CNN que si bien no es una práctica nueva en Venezuela, el número de denuncias ha crecido en comparación con otros periodos. Aunque no se puede confirmar que estos bloqueos sean masivos, la situación es preocupante. Muchos de los afectados han solicitado mantener su identidad en reserva, temiendo represalias aún mayores.
Uno de los casos más recientes involucra a un activista de derechos LGTBI, quien fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Aunque fue liberado horas después, su pasaporte fue anulado, sumándose así a una lista creciente de víctimas de esta táctica intimidatoria.
No es la primera vez que se recurre a la anulación de pasaportes en Venezuela. Entre 2016 y 2019, varios políticos, periodistas, artistas y activistas denunciaron que sus documentos de viaje fueron cancelados sin previo aviso ni explicación. La ONG Laboratorio de Paz, que también sigue de cerca estos casos, estima que las denuncias podrían ser aún más numerosas, llegando a 25 personas afectadas.
Las víctimas no solo provienen de Venezuela, sino también de la diáspora venezolana en el exterior. Jefferson Díaz, un periodista que reside en Ecuador, contó a CNN cómo su pasaporte, junto con los de su esposa e hijos, fueron anulados. Díaz, quien ha sido activo en temas migratorios, sospecha que esta medida podría estar vinculada a su activismo.
Otro caso es el de Luis Magallanes, coordinador del partido opositor Voluntad Popular en Ecuador, quien también se encontró con la desagradable sorpresa de que su pasaporte, emitido en 2022 y con una validez de 10 años, había sido anulado. “Esto es una forma de retaliación política”, aseguró Magallanes, quien ha sido detenido en tres ocasiones en Venezuela por su activismo político.
Desde Chile, Romer Rubio, militante político y crítico del gobierno venezolano, utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que su pasaporte, emitido apenas el año pasado, también fue anulado tras las elecciones. Rubio, como muchos otros, teme que este sea solo el comienzo de una nueva ola de represión que busca acallar a quienes desafían el status quo.
Estas denuncias, que siguen aumentando, reflejan una estrategia clara: silenciar a quienes, dentro y fuera de Venezuela, se atreven a cuestionar al gobierno. La anulación de pasaportes no solo limita la movilidad de estas personas, sino que también representa una amenaza directa a su libertad y seguridad.
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Mientras el mundo observa con preocupación, la comunidad internacional deberá decidir si seguirá siendo espectadora o tomará medidas para proteger a aquellos que luchan por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
