La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un informe que evidencia el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, bajo el gobierno de Daniel Ortega.
El documento resalta un alarmante incremento en las detenciones arbitrarias, torturas y persecución de todos aquellos percibidos como disidentes por el régimen.
El informe, que se basa en 120 entrevistas con víctimas, testigos y representantes de la sociedad civil, abarca el período desde junio del año pasado. Según el texto, las autoridades nicaragüenses han intensificado su represión contra no solo aquellos que expresan opiniones disidentes, sino también cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté bajo el control gubernamental. Esto incluye defensores de derechos humanos, medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales que promuevan cambios sociales o políticos.
Entre los hallazgos más preocupantes del informe, se documenta que en mayo de este año, al menos 131 personas consideradas opositoras se encontraban bajo detención arbitraria, una cifra significativamente mayor a la reportada en junio de 2023. Además, se han registrado 12 casos de tortura y malos tratos durante la detención y un aumento de la violencia dirigida contra comunidades indígenas y afrodescendientes.
El informe también subraya que la libertad religiosa en Nicaragua ha sido objeto de graves restricciones. Entre octubre y enero, se detuvo arbitrariamente a 27 sacerdotes y seminaristas católicos, y muchas organizaciones religiosas han sido clausuradas desde 2018.
Desde entonces, más de 5.000 organizaciones de todo tipo han sido disueltas, como parte de un endurecimiento de las leyes contra las ONGs después de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según informes de la ONU.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la creciente dificultad para ejercer derechos civiles y políticos fundamentales en Nicaragua.
Türk subrayó la necesidad urgente de un cambio de rumbo por parte del gobierno de Ortega para abordar la crisis multifacética que afecta al país desde 2018. Sin embargo, lamentó la falta de cooperación entre el gobierno nicaragüense y su oficina, lo que ha complicado el seguimiento de la situación.
Daniel Ortega ha buscado apoyo en otras naciones. El lunes, expresó su solidaridad con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por su decisión de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos, que había sido utilizado para encarcelar a narcotraficantes. Ortega criticó a Washington, acusándolo de ser el principal mercado de consumo de drogas y, por ende, responsable del narcotráfico en América Latina.
“Somos solidarios con el pueblo hondureño, somos solidarios con el gobierno de Xiomara y ahí se ve claramente que quieren destruirlo a ese gobierno”, afirmó Ortega durante un acto con motivo del 45° aniversario del Ejército de Nicaragua.
Castro había argumentado que la eliminación del tratado buscaba evitar que Washington lo usara contra militares leales a su gobierno y prevenir un intento de golpe de Estado. La oposición, sin embargo, ha sugerido que la medida fue una estrategia para proteger a miembros de su administración y su familia.
Ortega también reiteró su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue reelegido el 28 de julio en unas elecciones que han sido objeto de críticas internacionales y acusaciones de fraude por parte de la oposición venezolana. La postura de Ortega refleja su alineamiento con regímenes de izquierda en América Latina y su crítica constante hacia las políticas de Estados Unidos en la región.
