El gobierno de Nicaragua rechazó este martes como “infame” y como “nuevo atropello” a su soberanía un informe sobre derechos humanos elaborado por Estados Unidos, que acusó a Managua de abusos a opositores.
El lunes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, presentó el informe anual sobre derechos humanos en el mundo, que acusó de nuevo a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Aseguró que el gobierno del presidente Daniel Ortega “intenta presionar y castigar a los activistas exiliados confiscando sus bienes”.
“Ese nuevo atropello y agresión es un infame documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que se atribuye un rol por nadie concedido de guardián de los derechos humanos en el mundo”, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo a medios oficialistas.
“Desconocemos absolutamente esta atribución que el imperio norteamericano se autoconcede y reiteramos nuestras justas acusaciones y denuncias sobre los gobiernos colonialistas y neocolonialistas de los Estados Unidos por todos los crímenes cometidos contra Nicaragua en distintos momentos de nuestra historia”, agregó la esposa del presidente Ortega.
Murillo recordó que Washington sigue sin cumplir una sentencia de la Corte Internacional de justicia de La Haya, que en la década de 1980 ordenó a Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua por los daños ocasionados con el minado de puertos y el apoyo militar y financiero a los rebeldes derechistas de la “contra” que intentaron derrocar al gobierno sandinista que encabezaba Ortega.
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“Respondemos a su lista de calumnias, difamaciones e infamias adjudicándoselas a ellos mismos”, indicó Murillo.
Ortega volvió al poder el 2007 y ha sido reelegido sucesivamente en comicios cuestionados por Estados Unidos y la Unión Europea, que impusieron sanciones a Managua en 2018, cuando protestas opositoras derivaron en tres meses de bloqueos a rutas y choques con oficialistas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno de Ortega asegura que enfrentó un intento de golpe de Estado promovido por Washington y la semana pasada, en el aniversario del inicio de las protestas, culpó a líderes opositores de provocar 198 fallecidos y 1.240 heridos, así como daños por 22.361,7 millones de dólares, entre otras afectaciones.
Decenas de opositores fueron encarcelados tras las protestas. En 2023 fueron excarcelados, expulsados del país y despojados de su nacionalidad y bienes 222 miembros de la oposición. El año pasado también fueron privadas de su nacionalidad otras 94 personas, entre políticos, abogados y activistas de derechos humanos.
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El pronunciamiento de Colombia y México
El Gobierno de México también rechazó el informe, el cual indicaba que “no hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos en México durante el año”.
Ante esto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a EE.UU. de violar el derecho internacional y la soberanía de los gobiernos.
“Estos comunicados están manejados por la derecha. Es una internacional de derecha apoyada en Estados Unidos. Ya sabemos, ellos son los halcones, los golpeadores vinculados con las mafias de los países”, dijo el presidente López Obrador este miércoles.
“Hay buena relación entre nuestros pueblos; sin embargo, hay estos grupos de intereses económicos y políticos. Afortunadamente, no son todos los gobernantes, es que también es un Gobierno muy pulverizado”, señaló el mandatario.
Por su parte, Colombia envió una nota de protesta a EE. UU. luego de que en dicho informe fueran mencionados Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, hijo y hermano del presidente Gustavo Petro por hechos de presunta corrupción y financiación ilegal.
“El Gobierno de Colombia ha emitido una nota diplomática de protesta al Gobierno de Estados Unidos por las declaraciones de Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, sobre el Informe de Prácticas de Derechos Humanos en 2023 y su sección sobre Colombia”, informó la Cancillería.
Con información de AFP*
