A una de las mentes científicas más brillantes de Cuba, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, lo condenaron a un año de prisión en julio de 2018, justo después de publicar una investigación sobre la caza ilegal de tortugas marinas en la isla que, bajo su óptica, amenazaba el equilibrio ecosistémico. De ese año que estuvo en prisión le quedó el relato de una huelga de hambre y una denuncia contra el régimen de haberle inoculado el virus del VIH al dejarlo libre.
Su caso es solo uno de los que reposan en el informe publicado esta semana por Aula Abierta, una organización latinoamericana que le sigue la pista a la autonomía universitaria y a la libertad académica en el continente.
Sus denuncias han sido llevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas, dando cuenta de limitaciones a las universidades públicas en múltiples países.
Cuba, Nicaragua y Venezuela son los que presentan más denuncias de ataques a la academia, estudiantes, docentes y a las mismas instituciones. No obstante, también se han presentado casos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y México. Los actos que la organización considera como un riesgo van desde violaciones, amenazas y restricciones contra la libertad académica y también a la libertad de expresión o hasta la asfixia presupuestaria.
La premisa es simple y así la explica el director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa: “hay una relación inherente entre la libertad académica con la democracia y el desarrollo”, y es que desde las aulas salen las voces críticas a los gobiernos y las fuentes de conocimiento que cuestionan las decisiones estatales.
Durante las manifestaciones en Bolivia por los resultados de la primera vuelta de las presidenciales de 2019, entre octubre y noviembre, el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, fue golpeado en la calle y luego su vivienda fue incendiada, aparentemente por seguidores del exmandatario Evo Morales. Días antes Albarracín había declarado que Morales había perdido su legitimidad como presidente.
