La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cedió ante la presión mediática y anunció que su gobierno mantendrá el tratado de extradición con Estados Unidos, luego de haberlo suspendido en agosto del año pasado al denunciar una supuesta injerencia de Washington.
El acuerdo llega después de semanas de tensiones a tal punto que Castro acusó a EE. UU. de intentar desestabilizar su Gobierno, y sugirió que existía un plan para promover un golpe de Estado en su contra. “El tratado continuará”, pero aseguró que sería con el fin de “su aplicación objetiva”, afirmó Castro en su cuenta de X.
El acuerdo estará vigente hasta enero de 2026, cuando el nuevo gobierno electo en Honduras decida si lo mantiene. Castro vive una creciente presión interna y externa con la oposición acusando a su Gobierno de intentar proteger a su círculo cercano, con acusaciones de crímenes transnacionales, de la justicia estadounidense.
En agosto del 2024, la mandataria suspendió el tratado argumentando que su continuidad facilitaría un supuesto intento de golpe de Estado, similar al que derrocó en 2009 a su esposo, Manuel Zelaya. Sin embargo, la oposición la acusó de intentar proteger a funcionarios de su gobierno y familiares vinculados con el narcotráfico.
Ese no era el único tema de fricción entre Honduras y Washington. En enero, Castro amenazó con cerrar la base militar de Palmerola, ubicada a 50 km de Tegucigalpa, si Trump ejecutaba deportaciones masivas de hondureños. Sin embargo y a pesar de la llegada de vuelos con migrantes expulsados, el gobierno hondureño no volvió a referirse al tema de Palmerola.
El tratado de extradición entre ambos países estaba vigente desde 2014, y bajo su ejecución ha permitido la captura y envío a EE. UU. de más de 50 narcotraficantes hondureños, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico.
El giro en la decisión de Castro ocurre tras una serie de escándalos que han salpicado a su entorno cercano. Un mes después de la suspensión del tratado, su cuñado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Zelaya, renunció a su curul como diputado, tras ser llamado a rendir cuentas por la fiscalía hondureña por su participación en una reunión con un reconocido narcotraficante en 2013.
Carlos Zelaya admitió su presencia en el encuentro, pero aseguró que fue “una trampa” y que desconocía los verdaderos intereses del capo, quien presuntamente ofreció financiamiento para el Partido Libre, el movimiento político de Castro.
El caso adquirió mayor relevancia cuando se filtraron fotografías de la exprimera dama Fabiola Yáñez, donde se la veía reunida con el mismo narcotraficante. Lo que llevó a especulaciones de que el gobierno de Castro intentó suspender el tratado para evitar posibles extradiciones de figuras cercanas a la familia presidencial.
Por su parte, la oposición en Honduras aseguró que el cambio de postura de la mandataria se debe a la presión que está recibiendo su mandato. “El gobierno de Castro retrocedió porque la gente se dio cuenta de que su decisión favorecía a narcotraficantes y a su familia”, afirmó Tomás Zambrano, líder de Partido Nacional.
El canciller hondureño Enrique Reina, explicó que, además del tratado de extradición, Honduras y EE. UU. negociaron acuerdos sobre migración, en especial sobre vuelos de deportación de migrantes. Aunque hay rumores, no detalló si Honduras se convertirá en un país puente para deportaciones de extranjeros, como ocurre en Panamá y Costa Rica.
