México se prepara para convertirse en el primer país en el mundo en elegir a todos sus jueces mediante voto popular. Con una convocatoria, que cerró el domingo, se registraron más de 34.000 aspirantes ante la iniciativa que ha causado una serie de polémicas en el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la inscripción como un éxito total. “Fue algo inédito, histórico. La inscripción de personas para ser parte del poder judicial demuestra que México quiere un cambio”, señaló la mandataria, quien asumió la presidencia el pasado 1 de octubre, dándole continuidad a la propuesta de AMLO.
La convocatoria, organizada por los tres poderes del Estado mexicano, es parte de la polémica reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Sheinbaum. Esta reforma busca transformar un poder judicial que, según sus promotores, está plagado de corrupción, nepotismo y una alta tasa de impunidad.
El proceso recibió a 18.447 aspirantes a través del ejecutivo, según informó Arturo Zaldívar, coordinador general de la presidencia y responsable de la convocatoria. El Senado, por su parte, reportó 11.904 registros, mientras que el poder judicial sumó 3.805 más.
Entre ellos, 480 se postularon para ocupar los escaños más altos de la Suprema Corte, mientras que 10.599 aspiraron a juzgados de distrito. De los inscritos, 6.101 son mujeres, 10.862 hombres y 106 personas no binarias.
Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como ser abogados acreditados, tener cinco años de experiencia profesional y contar con referencias verificables.
La reforma ha sido cuestionada duramente por muchos y no solo al interior del país, sino que también ha generado preocupación afuera, entre los socios comerciales del país, como Estados Unidos y Canadá. Quienes temen que el voto popular politice el sistema judicial y lo haga permeable a la participación de actores del crimen organizado y el narcotráfico.
Sin embargo, Sheinbaum ha defendido la reforma argumentando que representa una oportunidad para democratizar el poder judicial y garantizar la transparencia. Incluso, durante una reunión con empresarios estadounidenses y mexicanos, aseguró que esta medida “no representa un problema para la inversión en México” y juró garantizar la independencia.
El primer grupo de jueces será elegido el 1 de junio de 2025, donde los mexicanos votarán por más de 800 funcionarios, entre ellos nueve ministros de la Suprema Corte. La segunda mitad de los juzgadores será seleccionada en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias federales del país, donde se elegirá otra cantidad importante que aún está por definir.
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Para Sheinbaum y sus aliados, esta reforma es una respuesta a años de críticas contra el poder judicial, que ha sido señalado por proteger intereses de las élites. Sin embargo, detractores advierten que elegir jueces por voto popular podría generar un sistema judicial más politizado y menos útil.
La elección de jueces en México es una apuesta arriesgada para el Gobierno de Sheinbaum. Pues si bien, para algunos representa un cambio necesario en un sistema judicial desacreditado; para otros, es un experimento peligroso que podría tener consecuencias graves ante un panorama en el que la impunidad ya es bastante alta en el país.
Lo que sí es cierto, es que con más de 34.000 aspirantes inscritos, el país se prepara para una elección que es inédita, y ante la que miles de mexicanos que esperan un verdadero cambio en la rama judicial.
