Por las cárceles de Nicaragua y Venezuela han pasado docentes y estudiantes universitarios. Entre los tantos nombres de los presos de los regímenes de esos países, está el de Jorge Machado, un profesor de filosofía de la Universidad de Central de Venezuela, que fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en mayo de 2017, acusado de traición a la patria.
Machado fue juzgado por tribunales militares y llevado a El Helicoide, uno de los centros de reclusión más temidos del régimen del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Al profesor, que dictaba una cátedra sobre resistencia pacífica y no violencia, el vicepresidente del Poder Ejecutivo, Tareck El Aissami, lo señaló como el responsable de dirigir a los manifestantes en focos violentos y persuadirlos para enfrentarse con funcionarios de seguridad del Estado.
Su caso es uno de los tantos que está entre los folios de Aula Abierta, una organización que inició en Venezuela y ha llevado la cuenta de las violaciones de Derechos Humanos a estudiantes y profesores. Entre sus hallazgos, están la identificación de al menos 50 decisiones del Poder Judicial venezolano, entre 2010 y 2018, dirigidas a vulnerar la autonomía universitaria y el registro de 21 estudiantes asesinados y 339 detenidos durante las protestas masivas contra el gobierno en 2017.
Ahora, Aula Abierta acaba de abrirse para todo Latinoamérica. Según está ONG, en diferentes países del continente hay casos de violación a la libertad académica, la autonomía universitaria, el derecho a una educación de calidad y prácticas de discriminación, criminalización de la protesta, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por las universidades
Pero Aula Abierta no es la única preocupada por esta situación. Junto a ella están el Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa y el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos. En conjunto, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) una audiencia temática sobre irregularidades en los recintos universitarios. Su clamor fue escuchado y las denuncias de los universitarios del continente serán atendidas por la Comisión en Sucre, Bolivia, en la segunda semana de febrero.
Entre ellas está que, entre abril y noviembre del 2018, la criminalización de la protestas contra los universitarios en Nicaragua se recrudeció y dejó un saldo de más de 600 de estudiantes privados de libertad. Y aunque Nicaragua y Venezuela son los casos más alarmantes, no son los únicos.
En México tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales en Guadalajara fueron desaparecidos forzadamente el 19 de marzo de 2018 después de terminar un proyecto académico. Un mes después, las autoridades informaron que habían sido asesinados y que sus cuerpos fueron disueltos en ácido, según reportó esta organización.
“Hablar de libertad académica es hablar de democracia. Atentar contra la universidad como fábrica de pensamiento, conocimiento científico y productora del pensamiento crítico, es atentar contra la ella”, asegura David Gamboa, director de Aula Abierta.
Por estos motivos, defensores de los derechos humanos celebran que la CIDH escuche las irregularidades que han vivido estudiantes y profesores. Uno de ellos es Salvador Herencia Carrasco, director de la Clínica de Derechos Humanos (Hrrec), Universidad de Ottawa. El experto asegura que “las universidades son el instrumento necesario para la reconstrucción de los países en conflicto. Si no tenemos una institución crítica, libre, que permita a quienes la integran desarrollarse, ¿cómo vamos a asegurar una transición democrática?”.
Entonces, la llegada de las audiencias sobre los abusos a estudiantes y profesores universitarios se presenta como una oportunidad única para los defensores de derechos humanos que trabajan por la libertad académica
