Se acerca la hora cero para conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el último proceso que enfrenta a Colombia y Nicaragua por las disputas territoriales que han tenido los dos países desde 1969.
Este jueves el máximo tribunal internacional, con sede en La Haya, leerá la decisión del proceso en el que el régimen de Daniel Ortega se enfrenta a la Casa de Nariño, con el que pretende tener poderes sobre el suelo y el subsuelo de la plataforma continental extendida de Colombia (ver gráfico), una determinación que podría llevar, incluso, a que las fronteras se solapen.
Lo que busca Managua es poder explotar esos territorios, pese a que las aguas marítimas corresponden a una zona económica exclusiva bajo la jurisdicción de Bogotá, lo que abriría todo un boquete sobre la delimitación de las fronteras marítimas y la convivencia entre los Estados.
Es imposible anticipar qué decidirá la CIJ a las 8 de la mañana, porque buena parte del expediente se encuentra bajo reserva y ninguno de los Estados implicados conoce esa información o, si los agentes han tenido acceso a parte de ella, no pueden compartirla. En todo caso, lo que suceda en Países Bajos será clave para las fronteras y las responsabilidades internacionales de Colombia en el futuro.
Las disputas binacionales
Nicaragua ha demandado a Colombia en tres casos en lo que va de este siglo. El primero fue una demanda por una controversia territorial y marítima que comenzó en 2001 y que fue fallada en noviembre de 2012.
El segundo se dio para septiembre de 2013 cuando Nicaragua volvió a demandar a Colombia en el proceso titulado “Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas marinas contadas desde la costa nicaragüense (Nicaragua c. Colombia)”. Ese es el único que sigue abierto y del que se decidirá este jueves.
El tercero inició en noviembre de 2013 por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe de Colombia, un frente de disputa más que abrió el régimen de Ortega tomando como base lo definido por La Haya en 2012. De ese se conoció la resolución en abril de 2022, sentencia que determinó que Colombia había incumplido lo fallado por la CIJ en 2012.
Sobre el caso que se mantiene abierto, los Estados lanzaron sus cartas para ponerle punto final al litigio en diciembre de 2022, cuando se presentaron ante la CIJ para responder a dos preguntas que puso en discusión el tribunal.
En un primer punto la defensa de Colombia argumentó que la plataforma continental, más allá de las 200 millas marinas, no puede primar sobre los derechos de zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Colombia. Esa respuesta se debe a que la Casa de Nariño pretende evitar, a como dé lugar, que las fronteras de los países se solapen.
En el segundo la CIJ cuestionó sobre cuáles serían los criterios para delimitar el límite de la plataforma continental extendida, específicamente indagando si la Convemar (la Convención del Mar) refleja el derecho internacional consuetudinario, es decir, la legislación de las costumbres entre los Estados.
En ese punto Colombia apuntó que no hace parte de ese tratado y, por tanto, que esa convención no tiene por qué reflejar las delimitaciones. Lo que se dijo en La Haya en diciembre es la base para el fallo que se leerá este jueves.
¿Colombia perderá territorio?
En los pasillos de la Cancillería se comenta que el caso podría tener un nuevo capítulo porque en esa diligencia navideña se abordaron los argumentos jurídicos, mas no los puntos científicos e institucionales que están adscritos a esa disputa. Incluso, se cree que el fallo de este jueves no necesariamente cerraría el proceso.
Fuentes cercanas al litigio le dijeron a EL COLOMBIANO que en el Derecho Internacional Consuetudinario el Estado que quiera afirmar que tiene un título sobre una plataforma extendida –es decir, más allá de 200 millas náuticas sobre su línea de base– y tiene que probarlo.
Entonces, afirman que para comprobarlo se necesitan estudios geoformológicos que demuestren que un Estado tiene una prolongación de su territorio por debajo del agua, un paso que aún no se ha surtido en este proceso.
Pese a esa hipótesis que circula en la Cancillería, el director de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad Externado, Wilfredo Robayo, argumenta que “el escenario más plausible es que se tenga una sentencia de fondo porque la Corte citó a una lectura de fallo”.
Si Nicaragua le gana a Colombia, dice el abogado, significaría que la columna de agua y los recursos que allí se encuentran estarían bajo los derechos soberanos de exploración, explotación, conservación y protección de Colombia, pero el lecho y el subsuelo marino estarían bajo el régimen de derechos de Nicaragua. En palabras más sencillas: a los países les tocaría buscar rutas para convivir en esa zona.
Así las cosas, el mejor escenario posible para Colombia, en palabras del decano de la facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana, Carlos Arévalo, es que la CIJ diga que no hay plataforma continental extendida por parte de Nicaragua, lo que permitiría que no se afecten los derechos de Colombia. La resolución de esa disputa está en manos de los 15 magistrados internacionales de La Haya.
