La tercera fue la vencida, como reza el dicho popular. Las promesas en la campaña presidencial asentadas en el cambio de la Constitución Política y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, abrieron una zanja en la gobernabilidad de Perú que nunca se cerró, y Pedro Castillo, el humilde docente de la localidad peruana de Puña que un día se volvió sindicalista –y después se hizo presidente– terminó destituido este miércoles por el Congreso que horas antes él mismo ordenó disolver.
“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, fueron las palabras del expresidente minutos antes de su destitución.
Con esta jugada, y con otras como el toque de queda, Castillo, quien llegó a la presidencia el 19 de julio de 2021 tras vencer en segunda ronda a la poderosa Keiko Fujimori, quiso evadir el tercer juicio político en 16 meses de mandato y el Congreso, que tenía una disputa cazada con él desde el mismo día en que pisó la sede de Gobierno, llamada también Casa de Pizarro, realizó su mejor jugada en el ajedrez político del Perú: declaró la vacancia presidencial “por permanente incapacidad moral”, y la sustentó con 101 votos a favor, del total de 130 congresistas, así como 6 en contra y 10 abstenciones.
Las medidas de Castillo, que trató de disfrazar de constitucionalidad amparadas en un golpe de Estado, terminaron en un efecto bumerang que lo obligó a salir a escondidas de la casa presidencial para, esta vez, evitar la captura de las autoridades peruanas por el delito de rebelión.
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Con el Cristo de espaldas
Con las primeras declaraciones de Castillo, justo antes de su destitución como presidente de los peruanos, los que se suponían eran sus escuderos lo dejaron solo. Con el rompimiento del orden constitucional, una ola de renuncias llegó: la del ministro de Exteriores, César Landa se sumó a la del ministro de Trabajo, Alejandro Salas, y el de Economía, Kurt Burneo. Y el comandante del Ejército, Walter Horacio Córdova, hizo lo propio.
Pero entre las primeras personas en rechazar la propuesta del cierre del Congreso fue su vicepresidenta Dina Boluarte, quien a través de Twitter manifestó su rechazo a “la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.
Horas después, Boluarte llevaba hasta la mitad de su pecho su mano derecha juramentando ante el Congreso que haría respetar las normas de su país; y levantando los brazos en señal de una victoria, se posesionó como la nueva Jefa del estado peruano y es la primera mujer en ocupar ese cargo y la séptima persona en ocupar la Presidencia desde el año 2016.
Junto a la nueva presidenta, las Fuerzas Armadas y de Policía rechazaron mediante un comunicado el golpe de Estado de Castillo y anunciaron que “son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134 de la Constitución Política, establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.
Minutos después, efectivos de la Policía salieron a las calles armados, y como en una escena de película de acción de Hollywood, comenzaron a revisar carro por carro apuntando sus fusiles y pistolas. La orden de sus superiores era capturar al expresidente que intentó disolver los poderes para beneficio propio, y se escabulló del Palacio de Gobierno en un vehículo particular.
Para evitar que escapara, ciudadanos peruanos pusieron sus vehículos frente a la embajada de México para evitar que Castillo se refugiara y otros empezaron a bloquear las vías con sus vehículos hasta que llegaron los agentes que le dieron captura y lo trasladaron hasta la prefectura de la Avenida España, en Lima, donde permanecía detenido hasta el cierre de esta edición.
Deja un Perú dividido
El matrimonio y la luna de miel que el izquierdista Pedro Castillo tuvo durante la campaña y las elecciones presidenciales con el pueblo peruano que lo eligieron con el 5.12% de votos válidos, terminó en un divorcio que se consumó con la desaprobación de su gestión por el 70% de los peruanos.
Parte del inconformismo con Castillo estuvo cimentado en el alza de precios de los alimentos, el incumplimiento de los bonos y el alza de los precios del combustible, lo que generó marchas y rechazo de la población peruana.
A esto se sumaron las investigaciones de la Fiscalía por corrupción y su presunta injerencia indebida en los ascensos militares de 2021, un supuesto tráfico de influencias para que la estatal PetroPerú entregara el favoritismo a una empresa en una compra de bioediesel por US$ 74 millones de dólares, y otras acciones encaminadas a favorecer la licitación de una obra pública millonaria en la Amazonía.
Todos estos antecedentes llevaron a que el Congreso de Perú pusieron sus ojos sobre Castillo, y en varias ocasiones no le permitiera salir del país, como ocurrió el pasado 7 de agosto, cuando le prohibieron venir a Colombia a la posesión del presidente Gustavo Petro, o con el impedimento a su salida a México para asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico, “para evitar que buscara refugio o pidiera asilo” fuera del territorio peruano.
Con este historial, el Congreso de Perú, que hasta ayer tampoco tenía una buena aceptación en la población de ese país (85%), buscaba quebrarle el mandato a Castillo; y con la noticia de su salida por la puerta de atrás, logró que los peruanos se agolparan afuera de la sede policial y gritaran que “¡no era presidente; era un delincuente!”.
La noticia de la destitución de Castillo recorrió el planeta a la velocidad de la luz y países como España y Estados Unidos celebraron la salida del expresidente, mientras que otros como México, Colombia y Brasil fueron más mesurados y avocaron por el respeto a los derechos humanos y a una transición en paz.
Pedro Castillo, el tercero de 9 hijos nacido el 19 de octubre de 1969 en Tacabamba, Perú, y padre de 3 hijos, no pudo cumplir su promesa de terminar mandato en 2026. Pasará a la historia como el presidente que quiso dar un golpe de Estado, pero terminó cavando su propia tumba política.
