Juan, un joven colombiano entrevistado por Naciones Unidas, pasó su juventud entre muros y ruidos: vivía en una cacofonía de golpes en las puertas, de cadenas y gritos, que fueron su mundo desde los 14 años, cuando fue arrestado por microtráfico y recluido en un centro de detención especial.
Su relato está en el estudio de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre niños privados de la libertad (entre 7 y 18 años), refleja la realidad que, de facto, viven 7 millones de niños en el mundo, el equivalente a la mitad de los que habitan en Colombia.
En esta situación están los retenidos por la comisión de delitos, los que terminan en centros de detención de migrantes o en otras instituciones que les impiden una libre movilidad y los hijos de convictas que crecen en las prisiones junto a sus madres.
Además, el informe incluye como víctimas de privación de la libertad a 35.000 menores de edad inmersos en conflictos armados.
El castigo en 12 países, entre ellos Yemen, Irán y Arabia Saudí, va más allá de la pérdida de la libertad y llegan a la pena de muerte pese a las prohibiciones del derecho internacional.
Según el enfoque de la ONU la detención no debe ser la primera opción. El estudio insta a aumentar la edad mínima de privación de la libertad y a priorizar estrategias educativas y de acompañamiento. En rueda de prensa, el director del informe, Manfred Nowak, hizo un llamado para “devolver la infancia a los niños bajo arresto”.
Cárcel como primera opción
El continente tiene la tasa de menores de edad detenidos más alta del mundo, con Estados Unidos a la cabeza con 60 de cada 100.000 niños encerrados en algún centro especial.
En cuanto a Colombia, aunque no hay una cifra puntual, la investigación ubica al país como uno de los que presenta la mayor proporción de menores de edad detenidos, junto con Brasil, Bolivia, Uruguay, Surinam y Venezuela.
La tasa total de jóvenes encarcelados en el sur del continente es de 19 por cada 100.000 habitantes, seis veces más que la de el África Subsahariana.
Una de las explicaciones posibles para el caso colombiano, de acuerdo con Gerardo Durango, profesor de la U. Nacional y experto en derechos fundamentales, puede ser la utilización de los menores de edad por parte de grupos criminales que los ha convertido, ya sea en combatientes reclutados por los grupos al margen de la ley, o bien en mandaderos y ejecutores de las actividades de los combos en los barrios.
Sin embargo, de acuerdo con el experto este contexto de violencia no exime a los países de la región de las consecuencias negativas de sus enfoques punitivos.
Estos, según el informe, serían la reproducción de conductas violentas, enfermedades mentales y físicas, y tendencias autodestructivas.
Por lo tanto, continúa el estudio, la privación de la libertad de menores de edad como medida para prevenir el delito, incluso en centros especiales bajo la consigna de la resocialización, “es en gran medida ineficaz e incluso contraproducente”.
La lectura de Durango coincide con la del informe, el cual destaca que los efectos de encerrar masivamente a las capas más jóvenes de la sociedad son “negativos y potencialmente permanentes”.
Lo más importante, para Luisa Fernanda Escobar, asesora del consultorio jurídico de la Universidad de Medellín, es mantener el tratamiento judicial diferenciado para los menores de edad, enfocado en la resocialización, así como atacar las causas estructurales del problema, entre las que destaca la desigualdad
103.000
niños están detenidos por razones vinculadas a la migración en EE. UU.
