Olarte estuvo sentada en la primera línea de los estrados del Palacio de la Paz escuchando los 39 minutos de la lectura del fallo, un documento que se condensa en 36 páginas escritas en inglés y francés –los idiomas oficiales de Naciones Unidas– en los que los magistrados desestimaron las exposiciones de Managua.
Lo fallado este jueves corresponde a uno de los tres casos en los que Nicaragua demandó a Colombia en este siglo, el único que quedaba abierto. En el litigio el Estado caribeño buscaba tener poder para explotar el suelo y el subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde su costa.
A ese territorio en el lenguaje técnico se le llama plataforma continental extendida y el problema es que Managua pretendía extender esa geografía hasta el pedazo de mar que es jurisdicción del Estado colombiano y que hace parte de su zona económica exclusiva, donde los raizales pescan y el Estado otorga contratos de explotación.
Lo que estaba en juego no eran las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tampoco sus cayos, sino un boquete en el Derecho Internacional Público que hubiera obligado a las partes a coexistir en el mar.
Explicado por el agente de Colombia ante la CIJ, Eduardo Valencia-Ospina, “Nicaragua no puede reclamar ninguna parte, por mínima que sea, del lecho y el subsuelo de la plataforma continental colombiana”. La providencia de la CIJ estudió los argumentos expuestos por las partes en dos preguntas que fueron presentadas en los alegatos orales en diciembre de 2022.
En la primera de ellas los magistrados preguntaron si según el derecho internacional consuetudinario –el que rige las costumbres entre Estados– existía ese presunto derecho a extender la plataforma continental que alegaba Nicaragua. En la segunda, la CIJ preguntó cuáles serían los criterios para delimitar ese supuesto derecho.
La Corte acogió todos los argumentos de Colombia en la primera de esas preguntas, lo que le llevó a desestimar el segundo punto a raja tabla y concluir que: “Conforme al derecho internacional consuetudinario, el derecho a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial no puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de otro Estado”. En términos más sencillos: que los territorios no se pueden solapar.
El largo litigio contra Nicaragua
Y si bien el fallo de La Haya se sustentó en las audiencias orales de diciembre, el resultado del triunfo de Colombia viene de un largo proceso que comenzó en 2001 con la primera demanda de Nicaragua contra Colombia. En lo que va de este siglo, ese Estado ha demandado en tres ocasiones a Colombia y el único litigio que quedaba abierto fue el fallado este jueves.
Así las cosas, al menos ante los estrados internacionales no está abierto ningún proceso entre lo dos Estados de los tres que centraron la atención en las relaciones binacionales desde ese 2001 cuando se presentó el primer litigio por una controversia territorial y marítima.
Ese pleito terminó en noviembre de 2012 con una providencia de la CIJ por la que se confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y seis cayos, pero por el que –en el papel– Colombia perdió parte de su océano.
De esa decisión se abrieron las otras dos demandas, una por el posible incumplimiento de Colombia al dictamen de 2012 que cerró su curso en abril de 2022 y la de la delimitación de la plataforma continental extendida que cerró ayer jueves. Mejor dicho: las controversias territoriales han ocupado las agendas de los últimos cinco presidentes del país –Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro– y de todos sus cancilleres.
Es más, de los once momentos que atañeron a este proceso, ocho tuvieron lugar durante la Presidencia de Santos, con la gestión de María Ángela Holguín como canciller con fases determinantes para la puja jurídica como el fallo y las audiencias sobre las excepciones preliminares.
El noveno momento de ese litigio fue una réplica de Colombia a Nicaragua que estuvo a cargo de la administración Duque y, finalmente, durante el Gobierno Petro se dieron las audiencias sobre las cuestiones jurídicas de diciembre de 2022 y la lectura del fallo.
Entonces, ¿la disputa entre Colombia y Nicaragua tiene punto final? En los estrados, sí; pero hay un pendiente: el cumplimiento por parte de Colombia del veredicto de la CIJ de 2012 y del posterior dictamen proferido por ese tribunal en abril de 2022 sobre ese mismo punto.
“Tenemos que pensar que esto nos devuelve a la sentencia del 2012. Hay que definir el alcance de la sentencia sobre la zona económica exclusiva que nos dio la soberanía sobre el Archipiélago y los cayos, pero le otorgó a Nicaragua una zona y una serie de cayos”, llama la atención el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Eafit, José Toro.
Por lo pronto, en esa puja no habrá punto final porque los presidentes colombianos han defendido que la Constitución les impide cambiar las fronteras y, por tanto, cumplir el fallo de 2012 de La Haya. Es más, la misma Corte Constitucional ya blindó esa postura de la Casa de Nariño, por lo que quedará un pendiente por resolver entre los dos Estados.
