Mediante un auto que entrará en vigencia a partir de mañana martes 8 de julio, la Superintendencia de Sociedades admitió el trámite de liquidación judicial de la firma Lérida CDO, constructora de la unidad residencial Space.
De acuerdo con la decisión, los acreedores de esa compañía cuentan con 20 días hábiles para aportar las pruebas de la existencia y cuantía de las deudas de la empresa.
Esa determinación implica que la sociedad cambia su nombre a Lérida Constructora de Obras S.A. en Liquidación Judicial y sus activos serán administrados por un agente liquidador que asume la representación legal de la empresa. Para esa posición fue designado el abogado Marco Tulio Zapata Giraldo.
La prioridad es la compra de los apartamentos
En diálogo con El Colombiano, Zapara Giraldo aseguró que su prioridad será la compra de cerca de 45 apartamentos de la unidad residencial que por diversas razones no han sido adquiridos por la firma constructora.
"Yo ya recibí los bienes, pero una vez se legalice la designación que es partir de mañana (martes) entraré a mirar qué activos hay y entraré a mirar la situación de aproximadamente 40 propietarios a los cuales hay que comprarles los derechos", dijo Zapata.
El liquidador agregó que luego de surtir ese proceso buscará un diálogo más fluido con la administración municipal con el objetivo de analizar el futuro de esa propiedad, pues este lunes se cumple el plazo con el que contaba la constructora para presentar el plan de demolición de las torres 1 a 4 de acuerdo con lo ordenado por la Inspección de Policía de El Poblado con base en el concepto técnico y en la recomendación de la Universidad de Los Andes y el Comité Municipal de Riesgo.
Posibilidad de rehabilitación
Zapata dijo que su papel se enfocará en conseguir "el menor perjuicio" para los propietarios y avanzar con celeridad en los cálculos sobre el precio de los apartamentos y el valor de los intereses que tendrían que reconocerse con el objetivo de "entregar esas sumas de dinero en un plazo muy corto".
Ese proceso, según afirmó, permitiría que se evalúe nuevamente la posibilidad de la rehabilitación de las torres 1 a 4 de acuerdo con los conceptos técnicos que contrató la empresa.
"La idea es que una vez se compren los apartamentos se consideren los conceptos técnicos que tiene la firma y según los cuales los apartamentos pueden quedar en pie. Hay que mirar si la demolición de esos edificios es una necesidad o si el hecho de haberlos adquirido sirve para analizar si hay otra posibilidad técnica", afirmó Zapata.
Al ser cuestionado sobre el plazo que vence este lunes para presentar el plan de demolición y sobre el requerimiento de cumplir esa orden, el liquidador insistió en que su propósito es facilitar el diálogo con las autoridades municipales: "Si el municipio determina que no es así (que no es posible la rehabilitación), que lo haga directamente (la demolición) y la empresa tendrá las herramientas legales pertinentes para manifestar su inconformidad".
Agregó que si bien no sabe cuál sería el costo del proceso de desmonte de las torres y además la información sobre los activos de la empresa aún es incierta, de mantenerse la orden de demolición, Lérida no contaría con los recursos necesarios para correr con esos gastos: "Si la orden es contraria (la demolición) o se llega a la conclusión mediante una serie de argumentos de que no es posible (rehabilitar), que se haga directamente porque el problema para mí como liquidador es que no tengo recursos (…) Primero, no sé cuánto me van a valer los apartamentos que voy a comprar y, segundo, no tendría recursos para decir que yo voy a asumir directamente eso", dijo Zapata.
El agente liquidador insistió en que por el momento desconoce cuál es el valor de los activos de Lérida CDO. Sin embargo, el pasado 27 de junio, cuando la Supersociedades ordenó la reestructuración empresarial y el embargo de los bienes de las demás empresas del Grupo CDO, datos conocidos por este diario indicaban que habría un patrimonio conjunto cercano a los 98 mil millones de pesos.
