Con ponencia del magistrado Nilson Pinilla, la Corte Constitucional dio vía libre al proyecto de ley que avala la vasectomía y la ligadura de trompas de manera gratuita.
A pesar de las afirmaciones del Ejecutivo en cuanto a que el costo de dicho proyecto superaría los 400 mil millones de pesos, la decisión está consignada en la sentencia C-625 de 2010, en la cual el Tribunal declara infundadas las objeciones presidenciales formuladas contra dicha iniciativa y la considera exequible.
La decisión determina que con el proyecto, cuestionado por el ex presidente Álvaro Uribe, no se desconoció la norma orgánica del presupuesto que exige hacer explícito el impacto fiscal de todo proyecto de ley que ordene gasto u otorgue beneficios tributarios.
Ante los reproches presidenciales por los elevados costos, la Corporación consideró que teniendo en cuenta que los procedimientos de esterilización quirúrgica como la vasectomía y la ligadura de trompas hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, el costo financiero adicional sería, según cifras del propio Ejecutivo, relativamente marginal.
Esa afirmación fue sustentada en que "más del 79,3% de los habitantes del territorio nacional son afiliados al régimen contributivo o bien al régimen subsidiado".
En cuanto a la población no afiliada, la decisión señala que "las cifras planteadas por el Gobierno fueron calculadas bajo el supuesto de que todas las personas en edad reproductiva y sin acceso a los servicios de la seguridad social, solicitarán la realización de uno de tales procedimientos, ignorando con ello claros y evidentes factores estadísticos que acortarían en términos notoriamente inferiores la demanda de esos servicios y por ende reducirían ese impacto financiero".
Teniendo en cuenta el volumen de población en edad reproductiva, el Ejecutivo concluyó que el costo fiscal sería cercano a los 400 mil millones de pesos, e inclusive señaló que "no haberse definido una fuente de ingreso adicional a partir de la cual se pueda cubrir este importante costo, el proyecto sería contrario a tales criterios, por lo que debería ser negado por el Congreso de la República".
En ese sentido, el magistrado ponente, Nilson Pinilla, señaló que a pesar de haber sido alertadas por las intervenciones del Gobierno y de haber estudiado tales aspectos, el Legislativo decidió aprobar el proyecto de ley "resaltando la importancia de que el Estado colombiano brinde facilidades para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de sus habitantes".
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