El sistema de salud termina 2024 con respirador artificial. No solo la reforma que avanza en el Congreso para cambiarlo tiene el ambiente enrarecido, sino que la posición testaruda del Gobierno frente a su responsabilidad en el tema tiene a todos los actores contando monedas para atender a una población que cada vez más demanda servicios médicos. También finaliza con ocho entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas (tres venían de años anteriores) por la superintendencia del ramo, que suman 28,3 millones de afiliados.
Uno de los botones de muestra de esta situación es lo que vive la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 10,8 millones de usuarios y que, además de intervenida, tuvo en su Presidencia a un hombre leal al presidente Gustavo Petro: Aldo Cadena.
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Sus números son para sentarse a llorar. Cifras oficiales de la entidad, reveladas por la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), muestran que su cartera vencida (deudas sin pagar a tiempo) con hospitales y clínicas alcanzó los $10,4 billones en octubre de 2024. Lo preocupante es que llegó a esa suma luego de incrementarse en un 55,2 % respecto al dato de diciembre de 2023, cuando fue de $6,7 billones.
Así mismo, quedó en evidencia que la plata no le está alcanzando para cubrir los servicios que están requiriendo sus usuarios, que es una de las principales causas del desfinanciamiento del sistema, como llevan años advirtiendo varios estudiosos de la economía de la salud. La siniestralidad (costos versus ingresos) en la aseguradora ha estado por encima del 100 % desde febrero, antes de su intervención. En agosto de este año esa cifra fue del 118,5 %, lo cual quiere decir que por cada $100 que le entraron se gastó $118 en la atención para sus afiliados. Una bomba de tiempo presupuestaria que los mantiene sobregirados.
El consultor independiente en sistemas de salud Ramón Abel Castaño explica sobre lo anterior que es la muestra de “que lo que les ingresa no les alcanza para cubrir las facturas del corriente (año en curso)”. También expuso que lo mismo pasa con las EPS intervenidas y no intervenidas, en donde “la plata no alcanza, hay una siniestralidad que supera el 100 % y se incrementaron la cartera y el número de tutelas interpuestas”. “Si con las intervenciones el Gobierno quería reducir las quejas y proteger el derecho a la salud, no lo han logrado”, añadió.
No es para más. Nueva EPS en 2024 (a corte de noviembre) recibió 66,3 tutelas por cada 10.000 afiliados y en 2023 61,7. Cifras record en los últimos ocho años, cuando lo más alto que estuvo este indicador fue en 2018 con 58,5. En cuanto al panorama general, la representante a la Cámara Catherine Juviano (Alianza Verde) reveló que en octubre de este año el número de quejas interpuestas ante la Superintendencia de Salud por barreras de acceso a servicios alcanzó un record histórico, desde que se tiene registro (2014), con 186.192. Lo que significa que en ese mes hubo 6.006 reclamos diarios.
Incluso, el desorden administrativo de Nueva EPS es tal que a finales de noviembre el director de Otras Prestación de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), Jairo Tirado, informó que la aseguradora no les radicó “ni una sola factura” entre mayo y septiembre. “En Adres tenemos $300.000 millones, que les corresponden a ellos por estos meses (...). La preocupación que tenemos es que esos recursos los requiere la red (prestadora). Nos manifestaron que tienen problemas operativos y administrativos y tenían dudas sobre el proceso”, expuso. Esas facturas son las que necesita la Adres para pagarle a hospitales y clínicas los servicios que prestan a los usuarios de la EPS, por lo cual, si no hay facturas no hay pagos. Y con la situación de falta de flujo de dinero, es clavarle otra estaca al sistema.
Este escenario se extiende en todos los eslabones de la cadena, que están cayendo con deudas millonarias, una por una, como si fuera un dominó. Como lo “predijo” el propio Gustavo Petro en marzo de 2023, en una entrevista con la revista Cambio, cuando dijo: “Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto (de reforma). Dejo que pase lo que está pasando y entonces chuchuchuchú. Eso es un dominó”.
A la fecha no hay eslabón que no esté haciendo agua. Las EPS, según un estudio técnico que seis economistas enviaron a la Corte Constitucional, han tenido un déficit de $11,9 billones en los últimos tres años para cubrir las atenciones en salud; a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) les debían, hasta junio pasado, $18,9 billones, según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) que tuvo en cuenta los datos de 225 IPS; mientras que en el sector farmacéutico los cálculos más conservadores hablan de deudas con los gestores que llegan a los $0,3 billones y los más preocupantes, señalan que superan los $4 billones, según la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Asicf).
El vocero de la organización Pacientes Colombia Medellín, Gustavo Campillo, plantea que esta situación se ha vivido todo el año y que “está llegando a su clímax”. “Si a una IPS no le pagan, va a dejar de prestarle sus servicios a los usuarios (de las EPS con que tengan convenios), lo cual se traduce en que no van a tener atención médica y en el incremento de acciones legales, como PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) y tutelas”, dijo.
Todo esto sería menos problemático si no fuera porque el Ministerio de Salud —la entidad responsable de hacer el aumento de la plata que se les da a las EPS para atender a sus usuarios, que es la unidad de pago por capitación (UPC)— insiste en que la plata alcanza. Por tanto, que esa tal crisis financiera del sistema del salud no insiste. En un debate de control político a mediados de noviembre en el Senado, el ministro Guillermo Jaramillo, expresó que la UPC está “completamente financiada” y que no necesita “ningún ajuste”.
Sin embargo, hasta Aldo Cadena dijo en una rendición de cuentas de la Nueva EPS en marzo pasado que “es posible que, si mañana se muestra, si el gasto fue mayor, tendremos que llegar al ministerio a decirle: ‘qué pena, nos equivocamos, no le presentamos lo que nos gastamos, recalcule por favor la UPC y ayúdenos a superar eso’”. Un aliado del Gobierno reconociendo lo que niegan a la saciedad.
“Ni con la información que poseen a la mano de las EPS que tienen intervenidas quieren ver lo evidente. Lo de la ‘crisis explícita’ de la exministra Carolina Corcho está siendo real y con la consecuencia real de que destrozaron la cadena del sistema. Por eso es que hay IPS anunciando el cierre de servicios para reducir el tamaño de sus operaciones, como el Hospital San Ignacio de Bogotá con la atención de partos o el San Vicente Fundación de Medellín con el de maternidad”, añadió Castaño.
De hecho, este mes la Asociación de Hospitales del Valle del Cauca informó que la red pública de ese departamento estaba “al borde del colapso financiero” ante la falta de pago de los servicios prestados a los afiliados de Emssanar, Nueva EPS, Coosalud y Asmetsalud (todas intervenidas). Según sus cuentas, lo que les deben de giros de la vigencia de 2024 son más de $107.772 millones.
Los expertos consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que esas alertas también muestran que el giro directo a hospitales y clínicas implementado por el Gobierno, como medida para quitar la “intermediación” de las EPS, no mejoró la situación. Como le dijo a este diario un alto directivo de un gremio del sector, “eso mejora flujo de caja (entrada y salida de dinero), pero no la suficiencia de recursos. La Adres no puede girar a los prestadores más plata de la UPC”.
Todo esto, a fin de cuentas, termina impactando a los pacientes, que ven más demoradas la asignación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos y la atención médica. Por eso, el presidente de la IPS Sies Salud, Álvaro Puerto, advierte que el sector va en camino a “una crisis humanitaria”. Esto lo evidencian, en parte, las cifras de la Cuenta de Alto Costo sobre el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles con respecto a los anteriores. Los diagnóstico de cáncer general invasivo subieron en un 54,11 % de 2023 a 2024, los de insuficiencia renal crónica en un 40,59 % y los de hipertensión arterial en un 35,69 %.
Para 2025 el panorama pinta incierto. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Salud no había publicado la resolución que fija el aumento de la UPC; entre tanto, el ministro Guillermo Jaramillo está de licencia de descanso remunerada hastael 6 de enero. La Andi y otros expertos sugieren que se incremente en un 17 %, pero el presidente Gustavo Petro dijo: “Creo que la Andi enloqueció. Si me devuelven todo el dinero de las reservas técnicas que se llevaron las EPS, le concedo el deseo codicioso”. Si no hay decisión hoy, el crecimiento será igual a la inflación de noviembre, que fue del 4,7 %.
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