Como una vergüenza para el fútbol colombiano fueron calificados los hechos de violencia ocurridos en la final de Copa entre América y Nacional, en Cali. Ver a los campeones celebrar encerrados en un camerino y salir en tanqueta da tristeza.
Ver a los jugadores del equipo campeón correr hacia al camerino para refugiarse de las agresiones de los hinchas del equipo rival, recibir allí, escondidos, el trofeo que se ganaron en franca lid después de una ardua competencia y tener que abandonar el estadio en una tanqueta de la policía para irse al aeropuerto parecen imágenes sacadas de un cuento de ficción.
Pero no, son reales y sucedieron el pasado domingo en Cali, cuando Atlético Nacional empató sin goles con América, resultado que le dio el séptimo título de la Copa Colombia al equipo paisa, luego de haber derrotado en el juego de ida, en el Atanasio Girardot, 3-1 al conjunto vallecaucano.
El caótico desenlace, en el que la violencia volvió a tocar fondo, se agudizó al minuto 84 cuando el árbitro José Ortiz tuvo que suspender el partido por “falta de garantías” tras el encendido de bengalas, destrozo de sillas y ataques a miembros de la policía en el sector sur oriental del Pascual Guerrero.
Algunos de los vándalos saltaron a la cancha y lograron generar el caos que, seguramente, prepararon para impedir que su archirrival deportivo festejara en su predio.
¿Qué más se puede concluir al ver a un tipo lanzar pólvora con un tatuco desde la tribuna alta a los policías (diez de ellos terminaron heridos, tres de gravedad). ¿De dónde salió el artefacto, cómo lo ingresaron al estadio? Muchas preguntas hay en el ambiente, sin que haya respuestas concretas hasta ahora.
En total, el número de lesionados fue superior a 30 personas y pudo ser mayor, pues la utilización de gases lacrimógenos causaron pánico entre hinchas que asistieron al compromiso con sus familias a disfrutar del espectáculo deportivo y terminaron siendo testigos de una jornada de terror. Las manifestaciones vandálicas se trasladaron hasta las afueras de escenario, con destrozos a locales comerciales, algo que se volvió repetitivo cuando juega el América.
Barras que imponen la autoridad
El vocero de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Carlos González Puche, reiteró que en Colombia ya no son los equipos ni la Dimayor los que establecen los protocolos para los partidos. “En este caso fue una barra la que dijo cómo se tenía que ir al partido, con qué indumentaria, con qué restricciones, con qué autorizaciones, y el resultado es el que vimos el domingo. Es la misma payasada de siempre, porque no sancionan ejemplarmente, no tienen los mecanismos de identificación biométrica que desde el 2022 se decretó para que en seis meses se implementara, y el dinero destinado para ese sistema está en este momento cuestionado por la Fiscalía en contra de la ministra del deporte de la época (María Isabel Urrutia) por adjudicarlo a personas que no tenían la idoneidad para realizar ese estudio”.
El dirigente agregó que cada vez que hay una invasión de hinchas a las canchas nos quejamos, pero al mismo tiempo se pregunta, ¿cuántos están judicializados, qué medidas se pueden adoptar si no hay identificación de quienes ingresan a los estadios, quién permite en un partido tipo A que a las tribunas se introduzcan bengalas, pólvora y hasta gases lacrimógenos? Es increíble y no pasa nada, las normas están escritas y no se hacen cumplir”.
Sanciones que se perdonan en la Dimayor
González Puche criticó a la Dimayor porque hace sanciones y luego las retrocede o las rebaja, situación que considera compleja porque nunca se llegará a decisiones definitivas para frenar estos tipos de violencia y temas que entorpecen al fútbol colombiano. “La Dimayor ha demostrado que no tiene ninguna capacidad de autorregularse, sobre todo para sancionar a aquellos que incumplen sus reglamentos”.
Puche González, exfutbolista y abogado, agregó que los castigos que está aplicando el ente que regula el balompié profesional en el país dependen del color del equipo y que las rebajas de penas se dan por las presiones que reciben porque jugar con estadios vacíos afecta las finanzas de los clubes. “Así seguiremos, quejándonos y lamentándonos porque no hay capacidad real para sancionar”.
Este año la Dimayor y las alcaldías de Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá han tomado medidas por disturbios en los estadios y luego las han reducido o eliminado. El caso más reciente fue en la capital vallecaucana cuando las autoridades aplazaron la sanción que le habían impuesto a la barra Barón Rojo del América por su mal comportamiento en el duelo del cierre de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay ante el Junior de Barranquilla.
La decisión tenía una intensión loable, permitirles el ingreso al Pascual para la final ante Nacional, pero los barristas incumplieron y el partido entre América y Atlético Nacional terminó suspendido.
Tras ser consultado por esa determinación, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, sostuvo que se habían dado reuniones previas en las que la barra se había comprometido en tener un buen comportamiento para la despedida de Adrián Ramos, pero esos acuerdos quedaron en el aire.
“Ahora vamos a tomar medidas ejemplarizantes, confiamos y creíamos en los compromisos adquiridos, pero no se cumplieron, por eso vamos a tomar algunas acciones que al momento de definirlas se darán a conocer”, dijo el mandatario caleño.
En Medellín, en el presente semestre se registraron dos casos en los que hubo reducción de castigos tanto de la Dimayor como de la Alcaldía. La primera, por los disturbios de los hinchas visitantes en el juego Nacional-Junior (26 de septiembre) como por las celebraciones de Edwin Cardona y el técnico Efraín Juárez en el clásico ante el DIM.
En el caso de los barranquilleros, la Dimayor determinó seis fechas de sanción para las tribunas norte y occidental alta y baja, pero solo pagó la mitad. Igual pasó con Nacional que había sido sancionado seis fechas y al final la determinación se dio solo en tres, por lo que el clásico ante DIM se jugó con público.
Delincuentes infiltrados entre hinchas
El dirigente deportivo y congresista Mauricio Parodi Díaz dio fórmulas para tomar correctivos, pues el problema es repetitivo y no se ven soluciones. Indicó que la primera tarea es reconocer que en las barras populares hay infiltrados delincuentes y criminales. “Las barras tienen que hacer su propio autoanálisis y autocontrol, porque los responsables de los desmanes y hechos violentos son las personas que los hacen y pertenecen a esos grupos de barristas. El colectivo barrista de Colombia tiene que revisarse porque está permitiendo que estos delincuentes manden en el fútbol”.
También consideró que las autoridades del balompié se han hecho los de la vista gorda. Recordó que la Dimayor y los clubes profesionales, como organizadores de los eventos, no están brindando garantías ni a los hinchas ni a la ciudadanía en general, ni mucho menos a los dueños de los bienes públicos, como son los estadios o bienes privados, negocios o sitios aledaños donde se presentan desmanes.
Para el representante a la Cámara por Antioquia, las autoridades locales han sido alcahuetas con las barras, a las que no les han hecho el control pertinente. Reiteró que nadie dice que las barras sean criminales, simplemente que hay delincuentes dentro de ellas, y que han sido “negligentes para identificarlos”.
Responsabilidad del Gobierno Nacional
En todo este panorama, según Parodi Díaz, el primer responsable de esta problemática es el Gobierno Nacional en cabeza del ministro del interior. Recordó que la ley 1270 del 2009 le entrega a esa cartera la presidencia de la comisión nacional y son los que tienen que establecer los lineamientos y directrices en temas de seguridad y convivencia en el fútbol. “En este Gobierno no han hecho absolutamente nada los tres ministros del interior, ni Juan Fernando Cristo, Luis Fernando Velasco y Alfonso Padra; pero en el Gobierno anterior, tampoco, ni el señor Daniel Palacios ni Nancy Patricia Gutiérrez”.
Puntualizó que el tema de seguridad y convivencia en los estadios, que tiene estatutos, no se cumple y la acción de las autoridades y la actitud negligente ha permitido que los violentos se tomen este deporte. “Entonces se termina quitando y poniendo puntos. Al Junior lo clasificaron delincuentes que se metieron a Medellín y les dieron tres puntos sin los cuales no hubiera clasificado a las cuadrangulares; al Pereira lo eliminaron de la Copa Sudamericana por esos mismos puntos que entregó Dimayor y al Medellín lo eliminaron de las finales de la Liga por esa misma razón”.
Ad portas de la final de la Liga-2 entre Nacional y Tolima, la violencia sigue manchando la pelota en el fútbol colombiano.
Preocupación por la sentencia de la corte
El ministerio del Interior informó que dio cumplimiento de la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, la cual “establece la optimización de los recursos en eventos masivos y asigna a los organizadores de espectáculos privados la responsabilidad de garantizar la seguridad al interior de dichos eventos”.
En el comunicado enfatiza que la medida fue presentada y discutida ampliamente en la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, llevada a cabo el 4 de abril de 2024, con la participación de la Policía Nacional, Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Además, entre octubre y diciembre de 2024, se realizaron cinco Comisiones Técnicas de Seguridad en las que participaron representantes de los clubes profesionales y otros actores del sector. Según se conoció, en esas medidas se estableció la reducción periódica de la presencia de oficiales de la Policía en los eventos deportivos (partidos de fútbol), de la siguiente forma, en 2024 la reducción es del 45%.
Para 2025 será del 60%; mientras que para el 2026 del 70% y finalmente en 2027 del 80%, por lo que los clubes deberán planificar un sistema privado de seguridad que tienen que empezar a implementar como responsables del espectáculo.
