El duelo entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla el jueves en el estadio Atanasio Girardot, que debía ser una celebración del fútbol, se transformó en un escenario de violencia y caos que dejó en evidencia las fallas estructurales en la seguridad de los espectáculos deportivos en Colombia. Lamentablemente, este no es un hecho aislado. El último antecedente de una situación similar ocurrió el 16 de abril del año pasado, cuando cuatro personas fueron judicializadas por participar en hechos de violencia en el mismo recinto deportivo.
En aquella ocasión, cuando se presentó un enfrentamiento con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía en la previa de un duelo entre Nacional y América, Andrés Felipe Muñoz, Andrés Felipe Ospina Calle, Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño y Raúl Eduardo Martínez Hoyos fueron procesados bajo el marco normativo de las Leyes 1445, 1453 y 1810, que regulan las sanciones a quienes incurran en actos violentos en escenarios deportivos. Estas normativas permiten la imposición de multas de entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la prohibición de asistir a los estadios por un periodo de seis meses a tres años.
Entre las conductas sancionables se encuentran la posesión de armas de fuego o blancas, la promoción de violencia contra la fuerza pública, la invasión del terreno de juego, y los actos de agresión física o verbal, además de daños a la infraestructura. En situaciones más graves, el Código Penal, en su artículo 359, tipifica como delito el empleo o lanzamiento de objetos peligrosos, castigado con penas de prisión de uno a cinco años.
Un balance alarmante
La reciente jornada violenta dejó un saldo preocupante: un total de 45 personas fueron atendidas por los cuerpos médicos, de las cuales 25 recibieron atención en el estadio, y 4 tuvieron que ser trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios. Además, varios hinchas de Junior acudieron por su cuenta a hospitales para recibir atención, mientras que otros 8 fueron trasladados por la Policía a diversas instituciones de salud. Este panorama sombrío deja en evidencia que los hechos de violencia no solo son un problema de seguridad, sino también un problema de salud pública que afecta gravemente a las comunidades involucradas.
El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, no tardó en expresar su repudio ante lo sucedido, afirmando que el partido no se reanudará y que el destino de los puntos se decidirá en la próxima reunión del Comité Disciplinario. Por su parte, Juan Carlos de la Cuesta, concejal de Medellín y expresidente de Atlético Nacional, fue enfático al rechazar la violencia en el fútbol y pidió sanciones severas contra los responsables. De la Cuesta subrayó la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad y de fomentar una cultura de paz en torno al deporte.
“Rechazamos enérgicamente todos los temas de violencia que se generen en torno al fútbol y deben ser erradicados y más en la ciudad de Medellín donde se ha trabajado por una cultura del fútbol”.
Así mismo, dijo que hay que apoyar las sanciones. “Judicializar a los responsables, tener muy presente el tema de cámaras y de seguimiento y no solo llegar a unos comparendos pedagógicos sino también que sea un tema penal por las lesiones personales y lo que tiene que ver con la integridad de las personas”.
De La Cuesta agregó que los clubes no tienen la responsabilidad en el tema. “Son los delicuentes disfrazados de hinchas los que deben de pagar”. También indicó que es inaudito que hayan entrado personas con armas blancas al escenario deportivo. “Hay que revisar el tema de las requisas y lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad y convivencia, hay que estar muy integrados entre clubes, logística y la municipalidad. Además, trabajar en la parte de construcción social”.
Otro referente clave, Mauricio Parodi, representante a la Cámara y autor de la Ley de Seguridad y Convivencia en el Fútbol (Ley 1270 de 2009), calificó los hechos como un “déjà vu”, aludiendo a la repetición de episodios de violencia en los estadios. Parodi fue muy crítico con las autoridades, acusándolas de inacción durante los últimos años. Su llamado incluyó una advertencia sobre la ineficacia del proceso de carnetización de hinchas, implementado hace años para identificar a los violentos, pero que se ha estancado sin resultados concretos.
“Es volver a ver lo que ya se ha visto, pero más grave, como es posible que haya hinchas armados dentro de las tribunas agrediéndose los unos a los otros. ¿En qué momento permitimos como sociedad, autoridades e hinchas que un pequeño grupo de delincuentes se tomen nuestros estadios y nos tengan amedrentados y arrinconados? Desde que permitimos que las barras se volvieran un negocio, incluso de actividades ilegales”.
Sanciones de la Alcaldía
Mientras se espera la reunión del Comité Disciplinario de la Dimayor el martes, la Alcaldía ya impuso algunas sanciones. Estas incluyen que Nacional deberá jugar a puerta cerrada sus próximos dos compromisos como local, además del cierre de 4 partidos para la tribuna norte. También habrá cierre de fronteras para los hinchas visitantes y se prohibió el uso de trapos en lo que resta del año.
El alcalde Federico Gutiérrez fue claro al expresar la posición del gobierno local. “Los responsables deben ser judicializados de acuerdo a lo que muestran las imágenes de las cámaras del estadio, de los medios de comunicación y de las redes sociales que sirven como prueba de delitos que dan cárcel entre los 4 y 8 años como intimidación y amenaza con armas blancas. Deben ir a la cárcel por tentativa de homicidio”.
“Es absurdo que en algo que debía ser para el sano esparcimiento y divertirse en familia, hayan criminales y delincuentes que se esconden detrás de ser supuestamente hinchas para agredir a otros”, agregó el mandatario.
Responsabilidad de todos
El presidente de Nacional, Sebastián Arango Botero, indicó que está apelando la sanción de la Alcaldía para que se la reduzcan al club. “Esto no es culpa de Nacional, es una responsabilidad de todos, buscando que sea menor la sanción dado que nosotros cumplimos con todos los protocolos y nos parece que son exageradas estas medidas”. Por su parte, el exministro de deportes, Ernesto Lucena, calificó los sucesos como “escalofriantes” y urgió a la aplicación estricta de las normas para castigar a los responsables.
Lucena también destacó los esfuerzos que se hicieron en el anterior gobierno para fomentar el barrismo social como un instrumento de paz, lamentando que pequeños grupos sigan empañando el fútbol con actos violentos. Para él, estos sucesos reflejan no solo un problema en los estadios, sino un síntoma de los conflictos que se viven en los barrios del país.
“Esta es una alerta del conflicto que se vive en cada uno de los barrios de Colombia por temas territoriales, es el producto de un sinumero de situaciones a las que hay que ponerles mucha atención porque las barras son una expresión social y deportiva de lo que está sucediendo en Colombia. Por eso hago un llamado al Ministerio del Deporte para que actúe y ponga todas las baterías para que el barrismo social tenga el apoyo, también al Ministerio de la Igualdad que hoy tiene una dirección de barrismo social para que también actúe conforme a las normas y a la capacitación y estructuración de lo que se ha venido trabajando en el país”.
Lo ocurrido en el Atanasio Girardot es un recordatorio urgente de que, si no se actúa con decisión y rigor, el fútbol seguirá siendo un escenario de riesgo, y la fiesta del deporte será una vez más eclipsada por la sombra de la violencia.
