La mesa de paz entre el Gobierno Nacional y las bandas del Valle de Aburrá sobrevivió a su primer año, en medio de tensiones políticas con autoridades locales y sectores que ponen en duda el proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro.
Aún así, los voceros de la mesa defienden su gestión, argumentando que ha servido para disminuir los índices de homicidios y mitigar el tráfico de fentanilo y tusibí en las calles, en otros beneficios.
Los representantes de las bandas proponen entregar una verdad que no implique delaciones, mayor inversión social en sus barrios y una presencia más activa del alto comisionado para la paz, Otty Patiño, quien solo se ha reunido una vez con ellos.
En la cárcel de Itagüí, donde funciona la mesa, EL COLOMBIANO conversó con los voceros Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”) y Sebastián Murillo (“Lindolfo”), quienes estuvieron acompañados del asesor jurídico Michel Pineda.
¿Cuál es su balance del primer año de la mesa?
Ramírez: “Positivo, porque si se ha logrado salvar una sola vida desde que estamos en la mesa, ya es positivo. El compromiso con el Gobierno fue evitar muertos por guerra de bandas, y eso disminuyó un 68% desde noviembre de 2022 a esta fecha. A pesar de las ausencias que se han tenido de la Oficina del Alto Comisionado, nosotros y los líderes de las estructuras hemos seguido con la voluntad de paz. Hay hechos importantes: la lucha contra el fentanilo, las estructuras hicieron su propio balance, de que no tuvieran que ver con eso, y se ha cumplido; el Día de las Madres, cuando invitamos a las estructuras de otras ciudades a respetar la vida como un regalo a las madres, y dio cifras que nunca se habían visto en décadas; también hay temas que no han sido visibles, como sectores libres de tusibí, barrios que ya no están vendiendo eso, pero eso no lo sabe nadie. Y hay otras estadísticas que las manejan políticamente, pero que son una consecuencia de que nosotros estemos hablando con el Gobierno y haya paz entre las bandas”.
¿Cuál es la mecánica para que lo que se diga en la mesa se vea en el territorio? ¿A través de un mensaje, reuniones, de advertencias a algún jefe de banda?
R: “Hay que aclarar que no somos líderes de las estructuras, tenemos una resolución presidencial que nos acredita a ser voceros. Si uno ha sobrevivido a más de 10 guerras, si ha estado en la cárcel y no ha delatado a nadie, adquiere credibilidad y en eso se basa esto. ¿Cuál ha sido la dinámica? Para eso existen facilitadores, que vienen a las reuniones en las que estamos con el Gobierno y nos proponemos metas pequeñas, porque la gente es reacia al cambio, entonces dentro de las mismas estructuras también. Se les pide el favor, vamos a mostrar voluntad de paz, la finalidad es que lleguemos a un punto en la ciudad donde la criminalidad y la economía ilegal se reduzcan a la mínima expresión, con oportunidades de parte del Gobierno, la empresa privada y la sociedad. Haciéndoles ver por medio de los facilitadores este futuro, ellos acceden a dar muestras de paz. A las estructuras las han satanizado políticamente, y la política criminal del país es un fracaso, se dedican a mostrar la gente como si estuviera solo por quitarle un peso al vecino, pero dentro de esos muchachos hay un compromiso comunitario”.
El tema de las drogas no solo obedece a la distribución local, sino que hay rutas nacionales y transnacionales que traen esa droga aquí. ¿Entonces cómo hacen desde la mesa para que no circulen de forma extendida en el Valle de Aburrá?
Murillo: “Las rentas ilegales son un punto en la agenda con el Gobierno. Ahí necesitamos el apoyo del empresariado, de muchos otros componentes del Estado, para que haya una transición de esas rentas, que tienen que cambiar en el momento que llevemos oportunidades bien remuneradas a los barrios, educación y salud de calidad, no podemos pretender que esto cambie de la noche a la mañana”.
R: “El tusi no es exclusivo de las estructuras, se volvió un problema social, como la basuca en los 80. La misma gente lo está fabricando, unos muchachos compran productos y hacen su propio tusi, y con el fentanilo es un doble problema. Le hemos mostrado casos al Gobierno en los que se roban el fentanilo de unidades de emergencia, como el San Vicente de Paúl, como clínicas en el sur. Y quieren ligar eso como si fuera controlado por las estructuras, y eso no es la verdad, por eso es la preocupación, eso está acabando la juventud. Las estructuras no se encargan de traer eso, eso se volvió cotidiano y un problema de salud pública”.
La agenda de la mesa de paz no se ha hecho pública, ¿pero qué es lo que ustedes están pidiendo para llegar a un acuerdo?
M: “Hay puntos de mucha inversión social para los barrios, para fortalecimiento de economías populares y solidarias; hay puntos jurídicos obviamente, pero también queremos que la sociedad reconozca que este proceso no solo será exitoso con que los miles de jóvenes hagan parte de un marco jurídico, sino que llevemos soluciones a estas comunidades de las cuales ellos hacen parte. Hay puntos de transformación de liderazgos, de transición de economías ilegales a legales, desescalamiento de las violencias, hay puntos de todo tipo. Tenemos que tocar temas que no son cómodos para las estructuras, pero vemos que es necesario”.
R: “Le estamos pidiendo a la sociedad civil y a las corporaciones que nos ayuden a construir esa agenda, desde las necesidades de los barrios, porque históricamente en el país hemos visto 12 procesos de paz muy parciales, que no tienen en cuenta a la comunidad. Nosotros hemos afectado a la comunidad, pero también hemos ayudado, en las laderas de Medellín se han construido barrios gracias a la ayuda de esas estructuras. Hemos propuesto unos laboratorios de paz comunales, donde a medida que haya inversiones, se pueda medir que va bajando la criminalidad. Son temas así, pero hasta el lanzamiento de la agenda no podemos ser más específicos”.
Esa transición de economías ilegales a legales, implica renunciar al poder económico que han acumulado por décadas. ¿Las bandas sí están dispuestas a soltar esas fortunas?
R: “Decir que con las estructuras se ha hablado de ese paso, sería una mentira, porque no hemos llegado ni allá. Primero tenemos que ver cuáles son las oportunidades que va a haber. Cuando hablan de que las estructuras ilegales han amasado una fortuna grandísima y hacen ver a gente como uno como capos, no, hagan la cuenta. Nadie sabe cuándo el dinero ilegal confluye con el legal desde las comunidades, y cuántas personas viven de ese dinero. Es muy fácil decir, ah no, es que esos manes son mafiosos, pero primero hay que entender las estructuras y cómo impactan en las comunidades, para entender ese dinero dónde está”.
Usted decía que las bandas son una especie de reemplazo del Estado, en términos de generar empleo. ¿Qué porcentaje del empleo de la ciudad generan?
M: “No sabría qué porcentaje, pero sí puedo asegurar que las estructuras han hecho parte muy importante de esas comunidades en cuanto a la generación de empleo y en la economía circular de los barrios, en el desarrollo de infraestructura, la construcción de vías, acueducto, comedores comunitarios, de varias cosas que la sociedad, así lo sepa, no lo reconoce, y parte de este proceso es visibilizar todo eso que han hecho las estructuras en esos barrios, que también han solucionado problemas que el Estado no soluciona”.
Luego de un año de diálogos, todavía no existe una ley para el tratamiento jurídico de las bandas. ¿No se sienten navegando sin timón?
Pineda: “El proyecto de ley fue retirado ayer (miércoles) por el senador Antonio Correa, con quien tuvimos la posibilidad de conversar. Muchas voces en el Senado han venido entendiendo esa necesidad. La OEA, la ONU, el Gobierno y voces del Senado entienden que este proceso que debe ser replicado hacia el país, los consideraron un modelo para una mesa nacional de paz. Tenemos que cambiar esos modelos de proyecto de la justicia ordinaria; mientras nos mantengamos en esa mentalidad y no trascendamos a los modelos de justicia restaurativa, va a ser muy difícil que lleguemos a un feliz término, pero lo han venido entendiendo”.
Pero Gustavo Petro, que abrió la puerta para este diálogo, está llegando a la mitad de su mandato, no hay marco jurídico y no han hecho pública la agenda de conversaciones. ¿Se le está agotando el tiempo a la mesa?
P: “Esperemos que el 20 de julio, en el nuevo periodo del Senado, se presenten los proyectos de ley que sean necesarios. Tienen que ser varios, hay que tocar código penal, hay que hacer ejes transversales con todas las entidades del Gobierno para que puedan incorporarse esas economías locales, que en muchos casos no son ilegales”.
Usted manifestó cierto ausentismo de parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. ¿Qué está pasando?
R: “Lo que pasa es que este proyecto de la paz total es grande y el país tiene muchísimos grupos ilegales, entonces entendemos que el cambio del comisionado fue un obstáculo en el avance de este proceso. El doctor Otty Patiño vino aquí con Álvaro Jiménez (asesor) en enero y sentimos que la dinámica que vienen proponiendo iba a ser positiva para el avance, pero entendemos que con todos esos problemas que han tenido con otros grupos... Como esta mesa ha funcionado, me imagino que le darán prioridad a otras mesas, pero ya es necesario que estén viniendo, porque tenemos que pasar a otro nivel”.
¿Eso quiere decir que desde que vino en enero, Otty Patiño no ha vuelto a la mesa?
R: “Exactamente”.
Ustedes han manifestado que están dispuestos a compartir la verdad, pero no a hacer delaciones. ¿No es contradictorio? Porque eso es lo que van a preguntar fiscales, familiares de víctimas y demás.
R: “He estado en tres procesos de paz, y uno ve que las víctimas necesitan es esa verdad. Por eso es tan importante incorporar una justicia restaurativa dentro de los elementos jurídicos, ¿porque para qué ha servido que metan políticos a la cárcel? No ha generado ningún cambio, ¿cierto? Esto es un acto de contrición y ojalá todo mundo haga su aporte a la verdad y a las víctimas. Obviamente cuando estemos con la Fiscalía hay que hablar de ciertos casos; además hay una verdad que está dicha, pero nadie la ha querido escuchar, una verdad que han dicho en otros procesos”.
¿A qué verdad se refiere?
R: “Las verdades que vinculan a ciertas fuerzas políticas en el conflicto, pero eso no trasciende. Cuando llegue el momento de hablar con la Fiscalía y los jueces, tiene que haber cierta verdad judicial, pero es más importante esa verdad en el momento de la reparación, que las víctimas sepan qué pasó con su familia”.
Mencionó que estuvo en otros procesos de paz, como el de las autodefensas. Según las víctimas, ahí faltó mucha verdad, justicia y no repetición, por lo que existen dudas hacia esta mesa. ¿Qué garantía tiene la gente de que en este proceso sí compartirán esa verdad?
R: “Por ejemplo, ¿cómo va a haber verdad en el Valle de Aburrá si ‘don Berna’ está extraditado? Es imposible, porque muchos de nosotros en ese tiempo estábamos en esos grupos (paramilitares), pero él era el que sabía todo. Y frente a la reparación, ¿dónde están todas esas propiedades? No solo en esa desmovilización se entregaron propiedades, esa cantidad de propiedades que nos han quitado a lo largo de estos años, que las tiene la SAE y las oficinas que nombran para administrar estos bienes, ¿en manos de quién están? Por ejemplo, hay un caso de un amigo, que la mamá tenía una casa hace 70 años, y él tiene 50, y le quitaron la casa por ser la mamá de él. ¿Dónde está eso? ¿Eso no debería estar donde las víctimas? Tenemos que hablar de esa verdad, de cómo la política se ha ajustado para que se roben las recompensas, los bienes que le quitan a la mafia y a los grupos ilegales. Estamos dando la cara y vamos a asumir nuestra responsabilidad, pero ellos también la tienen que asumir”.
Hay resistencia de autoridades locales y regionales hacia la mesa. ¿Cómo están abordando esa situación con la alcaldía de Federico Gutiérrez y la gobernación de Andrés Rendón?
P: “Los voceros están abiertos a la visita y a la manera en que se quieran vincular los mandatarios locales. Ningún mandatario debe negarse a ayudar a construir la paz en las regiones que los eligieron, porque eso sería condenarlas a un conflicto permanente. Estamos convencidos de que ellos van a reevaluar esa posición y en algún momento llegarán a sumar”.
Una de las condiciones que ha puesto la Alcaldía es dejar de extorsionar, de reclutar jóvenes y suspender los homicidios. ¿Eso es viable para la mesa?
M: “Esto es un proceso y eso llegará en su momento, no podemos pretender que sea de la noche a la mañana, pero hace parte de la agenda, estamos en constante trabajo para el desescalamiento de la violencia”.
R: “Un proceso de negociación es para que se acabe una conducta, la historia de estas estructuras viene desde antes de Pablo (Escobar) y se fueron organizando a medida que las guerras y las circunstancias las llevaron a este punto. Esta negociación se trata de dejar que esas conductas sigan funcionando, porque esto ya sobrepasó al Estado, ¿cuántas presidencias han pasado y sigue la misma dinámica? Y la preocupación es que se sigue degenerando, ya hay presencia de grupos transnacionales y de conductas delictivas degradantes que no se veían aquí”.
¿Qué organizaciones extranjeras están delinquiendo en el Valle de Aburrá?
M: “Hay de diferentes países, como Venezuela y México, que han querido copar estos territorios. Las estructuras están firmes en defenderlos, también es un punto importante de la agenda, porque el Estado tiene que garantizar la seguridad, no solo de los territorios, sino de los integrantes de las estructuras que se desmovilicen y de sus familias”.
El Tren de Aragua, la banda venezolana que ya tiene células consolidadas en Bogotá y Cúcuta, ¿qué tan fuerte es aquí?
R: “Ellos están en un proceso de infiltración, lo que pasa es que tenemos que ser muy prudentes y responsables al hablar de nuestros hermanos venezolanos, porque son gente buena que viene a trabajar. Si en el Valle de Aburrá estamos alcanzando una cifra de 400.000 venezolanos o más, tenemos que saber cuántos de ellos son delincuentes, pero no podemos estigmatizarlos. Obviamente los políticos no lo dicen abiertamente, porque hoy en día todo tiene que ser políticamente correcto, pero nosotros sí tenemos que hablar de eso, aquí están el Tren de Aragua y Los Gallegos, incluso cuando se tiene información de ese tipo se le pasa a las autoridades”.
¿Los Gallegos?
R: “De Venezuela también, y hay otras, que ya se le ha pasado el informe al Gobierno, porque que no se trata de que las estructuras se pongan a pelear en los territorios con esa gente. Ellos están en un proceso de infiltración, no es que tengan una presencia sólida aquí, como en Bogotá”.
Hace cuatro años se nota un descenso en los homicidios, pero hubo dos picos de muertes en 2023, por conflictos de bandas en Robledo y Manrique. El Gobierno dijo que había una mano negra tratando de tumbar el proceso. ¿Quién tiene el poder para retar a las bandas de la mesa?
M: “Hay enemigos de la paz y de este proceso, que sienten miedo de la agenda que estamos desarrollando con el Gobierno, personas importantes que han necesitado favores de muchos personajes de las estructuras a lo largo de la historia, y tratan de ocasionar estos problemas. Sin embargo hemos tratado de salirle al paso a todo esto, de intervenir estos conflictos, y la ciudad otra vez ha estado tranquila”.
En la mesa de paz de Buenaventura se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el Estado financie con un millón de pesos a los integrantes de “los Shottas” y “los Espartanos”. ¿Ustedes creen que funcionaría en Medellín?
R: “No, eso no funciona. Es que eso ya ha pasado, en el proceso de autodefensas pasado, el bloque Cacique Nutibara fue el que mejor atención del Estado tuvo, porque el Gobierno les daba un sueldo y la Alcaldía otro. Muchos de mis amigos que se desmovilizaron en ese grupo, el 70% no volvieron a delinquir, pero se enseñaron a ser mantenidos. No se trata de eso. ¿Por qué estamos en esto? Porque no hay oportunidades, en las comunas hay gente que a veces no come al día. Entonces si a un muchacho, un Gobierno por hacer política le da un millón de pesos mensuales durante dos años, listo, ¿y después qué le enseñó? Hay que tratar de hacer esa transformación basada en ese diagnóstico, ¿qué oportunidades les vamos a llevar a estas comunidades para que sean sustentables?”.
La delegación del Gobierno ha tratado de traer un representante del empresariado a la mesa, pero no ha podido. ¿A qué se debe?
R: “Esto pasa porque los gremios tienen intereses políticos, y nosotros nos volvimos un tema político, de izquierda, derecha, de polarización. Sé que hay un sector del empresariado del Valle de Aburrá que quiere saber qué estamos haciendo, ya se han hecho reuniones con algunos gremios, donde han estado nuestros facilitadores y los voceros del Gobierno, y ellos tienen muchísimo temor, hablan de la extorsión y de esas dinámicas que afectan al comercio. Ahí es donde nosotros decimos venga, empecemos a hablar, tenemos conocimiento de cómo se pueden evitar esas cosas. Por eso los invitamos acá, debemos dejar a un lado la parte política, la necesidad de votación y de poner alcaldes, tenemos que empezar a pensar una paz, y eso se hace es conversando”.
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ANEXO: EL PAGO DE $1 MILLÓN NO SERVIRÍA EN MEDELLÍN
En la mesa de paz de Buenaventura (Valle) se planteó la posibilidad de que el Estado financie con un millón de pesos a los integrantes de “los Shottas” y “los Espartanos”, pero los voceros entrevistados no creen que eso sirva en Medellín. Según Freyner Ramírez, “eso no funciona. Es que eso ya ha pasado, en el proceso de autodefensas pasado, el bloque Cacique Nutibara fue el que mejor atención del Estado tuvo, el Gobierno les daba un sueldo y la Alcaldía otro. Muchos de mis amigos que se desmovilizaron, el 70% no volvió a delinquir, pero se enseñaron a ser mantenidos. No se trata de eso. ¿Por qué estamos en esto? Porque no hay oportunidades, en las comunas hay gente que a veces no come al día. Entonces si a un muchacho, un Gobierno por hacer política le da un millón de pesos mensuales durante dos años, listo, ¿y después qué le enseñó? ¿Qué oportunidades les vamos a llevar a estas comunidades para que sean sustentables?”.
