El expresidente recordó que en 1977 el entonces presidente López Michelsen logró convocar una pequeña Asamblea Constituyente, pero la Corte lo freno, recordando “que el Congreso no podía delegar su competencia de reformar la Constitución”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió este lunes al mecanismo de ‘fast track’ que anunció la semana pasada el presidente de Gustavo Petro durante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo anterior, según explicó el mandatario, con miras a acelerar la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc.
Sin embargo, el expresidente advirtió que ese ‘fast track’ es inconstitucional y señaló que cuando se empleó durante el gobierno de Juan Manuel Santos como un “procedimiento abreviado y de menor cantidad de debates” resultó constituyéndose como “un abuso violador de la Constitución”.
“Si a alguien le delegan una función y le definen los instrumentos para cumplirla, ese delegatario incurrirá en un abuso si modifica los instrumentos”, manifestó el líder del Centro Democrático, quien recordó que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 delegó en el Congreso la posibilidad de modificar la Constitución, pero siempre y cuando hubiese ocho debates.
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“Sin embargo, el Congreso, por iniciativa del Gobierno, redujo el número de debates para facilitar la reforma constitucional. Esto es, el Congreso, como mandatario para reformar la Constitución, se apartó de las reglas que le definió el mandante, el pueblo, a través de la Asamblea Constitucional. Y los ocho debates tienen la razón de exigir que cualquier reforma constitucional tenga más estudio, controversia, reflexión, que la simple aprobación de la ley”, sostuvo el expresidente.
De acuerdo con Uribe, resulta imposible aceptar la exequibilidad del ‘fast track’ si se tiene en cuenta además que la Constituyente que intentó promover el entonces presidente Alfonso López Michelsen, en 1977, fue declarada inexequible por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“Por iniciativa del presidente López Michelsen el Congreso aprobó convocar una pequeña Asamblea Constituyente para reformar la justicia y el ordenamiento territorial. La Corte dijo que el Congreso no podía delegar su competencia de reformar la Constitución. Eso significó que los instrumentos, o el procedimiento, que la Constitución le señalaba al Congreso para ejercer su competencia de modificación constitucional, no podían ser variados por el Congreso”, agregó el exmandatario.
El expresidente, quien calificó como “dañino” el ‘fast track’ que ahora se busca promover, sostuvo que ese mecanismo se impulsa ahora “con los mismos actores y otros ocultos”.
Según explicó Petro ante la ONU, con el “fast track”, solicitará la modificación de vigencias futuras: “Toda la inversión pública está comprometida en obras, autopistas que están al lado de las ciudades más ricas de Colombia, luego no hay cómo financiar la inclusión y transformación territorial.”
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En segundo lugar, un cambio en el Sistema General de Participaciones para destinar recursos a los municipios más empobrecidos y afectados por el conflicto (PDET). A ello se suma, excarcelar a los productores de hoja de coca y promover nuevas inversiones forzosas a programas colectivos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS.
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Un quinto punto está relacionado con la conversión de los títulos hereditarios en las zonas selváticas. En esa línea, el mandatario recordó que muchos territorios PDET están en zonas de selva. Por otro lado, planteó una reforma agraria para la compra administrativa exprés de la tierra y propuso un sistema único para que todos los sectores tengan un solo tribunal de cierre. “Incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto”, señaló.
Finalmente, el jefe de Estado propuso ampliar el tiempo de implementación del Acuerdo por siete años más.
“La construcción de la paz requiere la participación de todas las personas, sin distinción alguna. Convoco a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un acuerdo nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”, manifestó el jefe de Estado.
