La corrupción parece haberse enraizado en las entrañas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con tantos hallazgos escandalosos que han sacudido los cimientos del organismo. Tras un nuevo y minucioso análisis de la contratación de los últimos cuatro años, la Contraloría General de la República ha descubierto una red de irregularidades que vienen desde hace cuatro años y que involucran sumas astronómicas, ascendiendo a cerca de $5 billones.
Uno de los puntos más preocupantes habla sobre un increíble incremento del 700% en la contratación de suministros de carrotanques durante el año 2024, alcanzando la escalofriante cifra de más de $37.5 mil millones. Aumento que ha levantado sospechas sobre posibles prácticas corruptas y direccionamiento de contratos, lo que llevó al vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, a comunicar las irregularidades encontradas.
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La concentración de la contratación en solo tres empresas ha llamado la atención de las autoridades, además de que la destinación de los recursos se habría hecho siempre en los mismos departamentos, Córdoba, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander y Boyacá.
Las sospechas han llevado a la Contraloría a abrir investigaciones por la presunta pérdida de más de 80 mil millones de pesos tan solo en la contratación de carrotanques y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación por posibles delitos y faltas disciplinarias.
Pero las irregularidades no se detienen ahí. Según el informe emitido por la Contraloría, se han descubierto significativas anomalías en 31 contratos del programa “Hambre Cero”, destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el Fenómeno de La Niña. Estos contratos, valorados en más de $131.812 millones, fueron otorgados a empresas sin personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda relación con las actividades contratadas, lo que sugiere un posible interés indebido en la contratación y un incumplimiento en el régimen contractual.
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Al gato le salen más pelos, pues además, se habría detectado un alarmante aumento del 160% en la contratación de suministro de maquinaria amarilla durante el año 2023, alcanzando gastos de cerca de $227 mil millones. ¿El problema? La adjudicación desproporcionada de estos recursos a una sola empresa y la sospecha de dobles pagos o maquinaria no utilizada han llevado a la Contraloría a declarar estos hechos como de “impacto nacional” y a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación.
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La gravedad de estas revelaciones, que ya había generado indignación en la opinión pública y ha puesto en duda la integridad y la transparencia de la UNGRD, que durante los últimos meses parece ser la Caja de Pandora de la administración.
Llama la atención que las investigaciones emitidas por la Contraloría surgen justamente en el mes de junio, a pocos días de que el Congreso elija a quien será el próximo contralor general. Mañana 5 de junio se prevé que se expida la resolución de convocatoria al Congreso en pleno y posteriormente, el 11 de junio, se realizarán las entrevistas, como procesos separados entre Senado y Cámara. Finalmente, el 12 de junio se anunciaría la elección.
