El polémico empresario, quien está implicado en el caso Centro Poblados, pretendía ser trasladado de la cárcel El Bosque de Barranquilla.
La Procuraduría General de la Nación revocó este viernes dos oficios con los que se buscaba autorizar el traslado del controvertido contratista Emilio Tapia a una guarnición militar. Actualmente, Tapia permanece en la cárcel El Bosque, en Barranquilla.
Según el Ministerio Público, la determinación anula una orden que se había impartido el pasado lunes 10 de julio al comandante del Comando de Personal del Ejército, brigadier general Jaime Eduardo Torres, y al comandante del Batallón de Ingenieros No. 2 General Vergara y Velasco de Malambo (Atlántico), teniente coronel Mauricio Calvo Restrepo.
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Las comunicaciones fueron suscritas por un profesional universitario de la propia Procuraduría, identificado como Óscar Obeso Hernández, quien les solicitaba “cumplir de inmediato” con el traslado de Emilio Tapia a una guarnición militar. Sin embargo, esas directrices se impartieron sin autorización.
Por estos hechos, el organismo anunció que informará a la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación las presuntas irregularidades en el manejo de este caso por parte de Obeso Hernández, para las correspondientes investigaciones que se pudieran presentar.
Adicionalmente, el ente de control manifestó que el expediente se trasladará a la Agencia Especial que en calidad de Agente del Ministerio Público viene atendiendo los asuntos relacionados con Emilio Tapia, dentro de la acción de tutela interpuesta por sus familiares.
El controvertido contratista Emilio Tapia actualmente se encuentra recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla, tras ser acusado por la Fiscalía como uno de los cerebros en el entramado de Centros Poblados, que comprometió recursos por el orden de los $70.000 millones.
En marzo pasado, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Martha Lucia Zamora, informó que tanto Emilio Tapia como Luis Fernando Duque, dos de los implicados en el millonario desfalco a Centros Poblados, aceptaron reparar a las víctimas.
Este proceso será evaluado por la Universidad Libre, quien aceptó cumplir como mediador en todo el caso de justicia restaurativa que se pretende para reparar a la comunidad afectada por la interrupción del contrato y llevar internet a los lugares más apartados del territorio nacional.
Según la directora, Tapias y Duque, quienes están sindicados de presuntamente recibir un anticipo de 70.000 millones de pesos, manifestaron de manera voluntaria acogerse al proceso de mediación, que, por primera vez, la Agencia interviene directamente como representante de las víctimas.
Según la Fiscalía, Tapia le pagó una coima a un agente de seguros para que este le gestionara una garantía bancaria falsa para que la Unión Temporal Centros Poblados pudiera quedarse con el contrato de más de un billón de pesos, contrato que tuvo que ser revocado y que implicó la salida de la entonces ministra TIC, Karen Abudinen. Por estas acusaciones de la Fiscalía, Tapia está recluido en una cárcel desde septiembre del 2021.
Tapia, por su parte, denunció a la exministra Abudinen por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación.
