Al profesor Néstor Javier López Cabrales y al presidente de la Junta de Acción Comunal, Manuel López Díaz, se los llevaron a la fuerza. Los 10 militares que irrumpieron violentamente el lunes al mediodía en la vereda Bocas de Manso, en Tierralta, Córdoba, amedrentaron a estas dos personas y se los llevaron metros más adelante donde la comunidad los siguiera viendo. Allí los hicieron tirar al suelo mientras les ponían la boquilla del fusil en la cabeza.
“Si se paran los quebramos, hijueputas”, recuerdan en la comunidad que les gritaban. Antes de irse, los soldados que se identificaron como integrantes de las disidencias del frente 5 de las Farc e intimidaron con una pistola a una mujer que sostenía en brazos a su hijo de cinco meses, les ordenaron al profesor y al presidente de la JAC quedarse por 30 minutos más en el suelo mientras ellos se marchaban, “porque si se paraban antes, los asesinaban”.
Estos mismos 10 militares, entre los que hay un teniente, un sargento y un cabo, hace más de un mes fueron certificados por el Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento N°11 en el curso de Derechos Humanos.
“Este personal fue reentrenado hace tan solo 48 días, en temas de derechos humanos, protección de niños, niñas y adolescentes, uso legal y debido de la fuerza, derecho operacional terrestre; entre otros”, expresaron del Comando del Ejército Nacional, en cabeza del general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez.
Y estos 10 soldados, que además a diario se les recalca por los diferentes “programas radiales y operacionales (BR11- DIV7- JEMOP) del Comando del Ejército, las normas del derecho operacional, la protección de los derechos humanos, la misión constitucional, las facultades disciplinarias de las autoridades militares”, como informó el Comando general, hoy tienen a un niño de la comunidad Bocas del Manso atemorizado, sin querer salir de su casa, pues los militares amenazaron con matar a su perro si no dejaba de ladrar, como cuentan los campesinos de la misma comunidad.
Fueron aislados del Batallón
Con las denuncias de los campesinos recopiladas por la comisión que investigará los hechos, el general Ospina realizó dos anuncios: el primero, frente a estas 10 personas, “como comandante del Ejército Nacional he tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República”; y el segundo, que la investigación para esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias se realizará en tres frentes.
También fueron suspendidos los mandos del Batallón No. 33 de la Brigada 11 para que no ejerzan ningún tipo de misiones de liderazgo operacional o de inteligencia militar.
“La Justicia Penal Militar comunicó que se dio inicio a la investigación penal N. 298-J101IPM por el delito de abuso de autoridad especial, en averiguación de responsables. En igual sentido y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este Comando entiende que según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación”.
Por esta última razón, la Fiscalía llamó a indagatoria a 33 militares que tendrían alguna relación con lo ocurrido en la zona rural de Tierralta.
“Estamos ya recaudando algunas declaraciones e interrogatorios de militares que estaban en esa zona. Es degradante que miembros de la fuerza pública atenten, como vimos todos en televisión, contra la población civil”, manifestó Barbosa a los distintos medios de comunicación.
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El otro frente que se abre en la investigación es el que realizará la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, quien a su vez expresó su preocupación por la seguridad del personal que realizará las indagaciones tras el ataque sufrido el miércoles al helicóptero en el que se movilizaba la comisión investigadora.
“Quiero decirle al país que continuaremos con las investigaciones y esperamos que las autoridades cumplan con las garantías que está reclamando la Procuraduría General de la Nación” dijo Cabello.
