La tregua entre las bandas criminales de Los Shottas y los Espartanos se reactivó en Buenaventura. El acuerdo ocurrió al margen del diálogo sociojurídico que adelanta el Gobierno y pretende frenar la ola de violencia que azotó al puerto desde febrero pasado.
“Las negociaciones van bien: ellos (Shottas y Espartanos) han llegado, por sí mismos, a un acuerdo de no agresión para que la ciudad esté tranquila y bajar la temperatura”, señaló José Jimmy García Rivas, vocero de Los Shottas, en diálogo con la W Radio.
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Las tensiones entre ambos bandos iniciaron a finales de 2024 y ocurrieron en medio de la incertidumbre que provocó no tener un marco jurídico para continuar en la mesa de paz urbana y ante la falta de garantías como el levantamiento de las órdenes de captura. El repunte de la violencia ocasionó 50 muertes violentas en lo que va del año: marzo cerró con 20 homicidios.
Entre las víctimas se cuenta a Vladimir Bravo Núñez, un joven futbolista de 24 años que –el pasado 30 de marzo– salió a comprar comida rápida en una esquina de la ciudad y fue atacado a tiros por hombres que se desplazaban en motocicletas.
Ambas bandas criminales están dispuestas a volver a la mesa de conversación sociojurídicas, pero piden la presencia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y de la alcaldesa de Buenaventura, Ligia Córdoba, como garantes. También piden la salida del jefe negociador del Gobierno en ese tablero de paz: Fabio Cardozo, lo acusan de no tener “empatía”.
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“Las estructuras van para un lado y el representante del gobierno va para otro”, señaló García y añadió: “Ellos hicieron sus reuniones virtuales, se comprometieron a que Buenaventura estaría tranquila, pero él sale a hacer una serie de acusaciones. No sé cuál es el fin”.
¿Cuál es la salida para Buenaventura?
La gobernadora Toro afirmó que su eventual aterrizaje en esa mesa de paz depende exclusivamente del presidente Gustavo Petro. En todo caso, afirmó que tras su llegada le pediría a Shottas y Espartanos un cese en las actividades de narcotráfico, extorsión y homicidios como muestras reales de la voluntad de paz. La mandataria permanece en Buenaventura desde este 7 de abril para hacerle frente a la crisis de seguridad.
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“Nuestro problema se soluciona con el orden nacional. Temas como sacar recompensas para los cabecillas, aumentar el pie de fuerza, visitar los barrios con oferta institucional y proveer a la Fuerza Pública de las herramientas que se necesitan para poder actuar deberían ser constantes y no solo cuando ocurren las crisis”, señaló el padre Jhon Reina Ramírez, vocero del Movimiento Paro Cívico de Buenaventura.
El líder social subrayó que una de las salidas a la crisis de Buenaventura podría ser el cumplimiento a cabalidad de los acuerdos pactados entre las comunidades y el Gobierno durante el paro cívico de 2017.
En ese entonces el Estado se comprometió a llevar inversión para que la ciudadanía accediera a vivienda digna e infraestructura, salud, productividad y empleo, saneamiento y servicios básicos, cultura, recreación y deporte. Hasta junio del año pasado, el cumplimiento de esos acuerdos, alertó la Defensoría, solo llegaba al 7%.
“Nosotros pedimos siempre que haya presencia real en inversión social, porque no solamente es intervenir con la Policía, con Fuerza Pública o con el CTI, sino que es la inversión pública. Necesitamos mayor inversión en educación, en salud, en agua, saneamiento básico, en acueductos, que podamos tener acueductos en Buenaventura las 24 horas, que podamos tener los centros y puestos de salud bien organizados, que también los centros y espacios deportivos se reactiven”, añadió el padre.
