El senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal –quien resultó salpicado en el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)–, renunció a su participación en la Comisión Interdisciplinaria de Crédito Público, encargada, entre otras, de las operaciones de crédito externo autorizadas al Gobierno y que buscan obtener recursos para la financiación de planes de desarrollo económico y de mejoramiento social, y para contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.
Gallo, al igual que otros ocho congresistas, fue salpicado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, como uno de los participantes de un complejo entramado para otorgar contratos de la entidad por hasta $90.000 millones a parlamentarios a cambio de sus votos en favor de los proyectos del Gobierno.
Según López, recibió instrucciones directas del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para direccionar estos millonarios contratos. De acuerdo con su testimonio, el objetivo era asegurar el apoyo en el Congreso para los proyectos de ley o temas de interés del Ministerio de Hacienda, beneficiando exclusivamente a congresistas y no a ciudadanos.
Bonilla firmó y autorizó el desembolso de hasta $1,4 billones para la UNGRD luego de una billonaria adición presupuestal que tuvo vía libre por parte de los congresistas de las comisiones terceras del Parlamento, justamente la encargada de asuntos presupuestales.
Ante ello, el senador Gallo reclamó que “se ha tejido un manto de sombra” frente a su actuación como miembro de la Comisión Interdisciplinaria de Crédito Público. Por ello, dijo que “ante señalamientos sin fundamento y con plena certeza de mis actuaciones, pero sobre todo de mi papel opositor”, renunció al órgano legislativo.
En septiembre del año pasado –justo un mes antes de las elecciones regionales–, el ministro Ricardo Bonilla firmó la Resolución 2407 por un valor de $700.000 millones para adicionar recursos a Gestión del Riesgo con los que se habrían orquestado los contratos fraudulentos. Posteriormente, en diciembre de 2023, se firmó otra resolución por $700.000 millones.
El ministro de Hacienda y su equipo de trabajo, al parecer, mostraban bastante interés en que se direccionaran tres contratos millonarios. Esto, al parecer, para mover la agenda del ministerio ante el Legislativo.
Solo un día después de que quedó autorizada la adición presupuestal, el 12 de diciembre, Olmedo López le envió un cuadro a Sneyder Pinilla, exdirector de la UNGRD, en la que quedaba fijada la distribución de $92.000 millones para tres contratos.
Los dineros iban destinados para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias. El primero era para Cotorra (Córdoba) por $50.000 millones, otro para El Salado (Bolívar) por $12.356 millones y el último para Saravena (Arauca) por $30.000 millones.
El proceso licitatorio empezó a avanzar, pero se atravesaron las investigaciones periodísticas que destaparon el escándalo de los carrotanques en La Guajira y allí le pusieron freno a la adjudicación de los contratos.
Los congresistas interesados en esos tres procesos, según dijo Sneyder Pinilla, fueron Wadith Manzur (Partido Conservador), Karen Manrique (curules de paz), Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Julián Peinado (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
El 11 de junio, Manzur, Manrique, Peinado y Bitar votaron positivamente el proyecto que lideró el ministro Bonilla para ampliar el cupo de endeudamiento del país en 17.607 millones de dólares. Todos insisten en su inocencia.
